El Ministerio de la Mujer repudió el acto de agresión de un abogado contra la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (Intn) en un hecho ocurrido el martes pasado en Alto Paraná. Recordaron que todo acto de violencia ejercida contra las mujeres se traduce en una violación de los derechos humanos y un crimen.
El hecho fue socializado vía redes sociales, mediante un video en el que se puede ver cómo la trabajadora de la institución, Lourdes Teresita Cuevas, de 46 años, fue agredida verbal y físicamente por el abogado Walter Ramón Acosta, de 49 años, quien le dio una tremenda bofetada a la mujer que solo estaba haciendo su trabajo de verificación de una estación de servicio, ubicada en la ciudad de Tavapy.
“Desde el Ministerio repudiamos el hecho de violencia sufrido por la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, es un crimen que no conoce de fronteras y que está presente en todas las sociedades, culturas y clases sociales”, indicaron en un comunicado socializado por la cartera.
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Resaltaron que es esencial reconocer las diferentes formas de violencia establecidas por la Ley N° 5777/16 que habla de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Además, instan a las autoridades a que actúen con celeridad. “Hemos activado el sistema de protección, y los servicios se encuentran a disposición de la afectada”, apuntaron.
Reiteraron que toda violencia ejercida contra las mujeres se traduce en una violación de derechos humanos. “La concepción cultural desigual es uno de los principales elementos que dan lugar a su impunidad y fomento de actos de esta naturaleza que violentan gravemente la dignidad, la libertad y seguridad de las mujeres y niñas de nuestro país”, puntualizaron.
La fiscal interviniente, Rocío Celeste González Alvarenga, ordenó la detención preventiva de Walter Acosta y confirmó que será imputado por coacción, coacción grave y otros hechos como los de resistencia ante la verificación administrativa, ya que se trataba de una inspección de un órgano estatal. La misma remarcó que el agresor se expone a una pena privativa de libertad de hasta 5 años.
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