El medio digital El Observador publicó un artículo titulado “Avión Iraní: Fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”, en el que detallan que “los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia relacionada al avión Iraní, al no poder acreditarse que el negocio realizado por Tabesa haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo”.

La publicación relata que la causa se inició con las “denuncias de Gustavo Sandoval como por el ministro secretario de la Senac, René Fernández, sobre el arribo a Paraguay de la aeronave matrícula venezolana YV3531 con autorización no regular para el traslado de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) al país de Aruba”.

Agrega que “la aeronave ingresó al país el 13 de mayo de 2022 en horas de la noche, con una tripulación de 18 personas, de las cuales 7 eran de nacionalidad iraní y 11 de nacionalidad venezolana, quienes supuestamente se encontraban vinculadas con grupos terroristas de las fuerzas Quds”.

“El avión es propiedad de la empresa Emtrasur, la división logística y de transporte de carga de la empresa venezolana Conviasa, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, precisa El Observador.

Los antecedentes refieren que “la aeronave realizó una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7086 cajas de cigarrillos vendidas por Tabacalera del Este S.A. a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba”.

Para comprobar, durante las investigaciones, que “la aeronave ingresó al país con una autorización para operación no regular otorgada por la Dinac para el traslado de la mercadería vendida por Tabesa. Conforme a las declaraciones testimoniales tanto de los funcionarios de la Dinac como de la Dirección de Aduanas, llegó sin carga alguna ─ salvo pallets para cargar la mercadería ─ y con 18 tripulantes a bordo, sobre quienes recaía la sospecha de su vinculación con grupos terroristas; sin embargo, conforme las diligencias realizadas estos no poseen órdenes de captura internacional, ni causas abiertas por hechos punibles ligados al crimen internacional o a actos terroristas”.

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La Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) informó que “los tripulantes Alireza Daneshpour; Zeus Andres Rojas Velazquez; Carlos Ramón Anseume Merchan; Absolbaset Mohammadi; Gholamreza Ghasemi; José Miguel Ramirez Martinez; Ricardo Antonio Rendon Oropeza; Vicente Antonio Raga Tenias; José Angel Chacon Quintero; Emilio José Salazar Velazquez, Victoria Vanessa Valdiviezo Marval; Ali Kawalvand; Richard Roiman Garmendia Lugo; Naghi Naei Naranj Bon; Jorge Gabriel Perez López; Nelson Alberto Coello; Faisal Azkarzadeh y Vahid Lorzanganeh, no registran investigaciones, procesos o condenas por actos vinculados al terrorismo”.

El artículo refiere que las mismas personas “fueron investigadas también en la República Argentina por hechos similares, informando dicho país a través del informe de Cooperación Internacional que la justicia argentina archivó la causa contra estas personas, a quienes inicialmente se detuvo y afrontaron un proceso penal”.

Aclara que “si bien es cierto Ezequiel Santoro Da Silva y Dario Eugenio Diaz Ocampos, ligados a la operativa del traslado de los tripulantes y al manejo de la carga, tuvieron causas penales por hechos punibles cometidos en el país, estos no se encuentran relacionados con el financiamiento del terrorismo ni con los hechos ocurridos entre el 12 al 16 de mayo de 2022, ocasión en que el avión carguero ingresó al país, cargó la mercadería para luego tomar destino a Aruba”.

En cuanto a la carga, sostiene que “esta cuenta con despacho de exportación de la Dirección Nacional de Aduanas, cuenta con factura de venta y se encuentra con todos los permisos tanto fitosanitarios como los expedidos por Dinavisa”.

Los fiscales advirtieron “que no existe asociación alguna a la que pertenezcan los tripulantes y las empresas relacionadas con la carga para la comisión de hecho punibles de terrorismo, se comprobó mediante informes y declaraciones testificales, que el avión aterrizó en el país sin carga alguna y posteriormente se realizó la carga de cajas de cigarrillo con destino a Aruba, además de comprobarse que los tripulantes del avión no tienen órdenes de captura pendiente ni tienen procesos abiertos por hechos vinculados al terrorismo, por lo que no se permite afirmar que forman parte de una asociación destinada a la realización o promoción de hechos punibles transnacionales”.

Se precisa que “no se ha acreditado que el negocio realizado por Tabesa para la venta de cigarrillo a Tabacos Free Zone en Aruba y el transporte de estos vía aérea por medio de la empresa Emtrasur, haya tenido como objetivo obtener fondos para la realización de actos de terrorismo, ya que se corroboró mediante declaraciones testimoniales e informes de las distintas instituciones públicas, que la empresa aérea fue contratada para el transporte de carga, que este si bien es cierto, era un vuelo no regular, contaba con la debida autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que este vuelo llegó sin carga y que posteriormente, la carga debidamente documentada salió del país en el mismo vuelo con destino final a Aruba de donde fue adquirida esta carga, sin que haya indicios de que esta operación tuvo la finalidad de aportar fondos, dinero o bienes para la realización de actos de terrorismo”.

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Se aclara que en el presente caso, “no existen elementos que permitan establecer la existencia de hechos punibles ni la participación de los tripulantes del avión o de los representantes de la empresa exportadora ni compradora en hechos punibles de terrorismo ni financiamiento de este”.

Por ello, “solicitaron la desestimación de la denuncia, considerando que los hechos constatados en la presente investigación no reúnen los presupuestos de tipicidad de la conducta de los hechos investigados”, refiere El Observador.

Se agrega que “el alcance de la figura de la desestimación, prevista en nuestro ordenamiento procesal, el cual establece en su Art. 306 que, la resolución que ordena la desestimación no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan, es decir, cualquier denuncia desestimada puede ser reabierta, siempre que existan nuevos elementos que modifiquen los hechos que sirvieron como fundamento para el requerimiento, si de esta variación se puede establecer la posible existencia del hecho punible”.

El expresidente Mario Abdo Benítez había manifestado que el sistema de “inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo, desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones y vemos que gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional y uno incluso se operó para cambiarse la cara en Cuba, esto parece una película”.

Agregó que “todo es cuestión de mirar los papeles nomás, no es un invento mío. Yo creo que él (Cartes) está enojado porque hace poco ese avión iraní que llegó al país traía cigarrillos de Tabesa, y qué culpa tengo yo si ahí estaban esos cigarrillos en un avión donde la tripulación estaba llena de terroristas”.

Abdo realizó estas declaraciones en plena campaña política para alzarse con la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que disputó contra su principal oponente político, el expresidente Horacio Cartes, quien finalmente ganó las internas.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, presentó imputación contra una mujer por el hecho punible de abuso sexual en niño. La misma habría permitido que su hijo de 5 años sufriera agresión sexual.

El padrastro del niño sería el autor, sobre quien pesa orden de detención y está prófugo. El mismo habría abusado sexualmente del niño en reiteradas ocasiones. La última agresión se produjo el 11 de diciembre pasado en una vivienda ubicada en el barrio Santa Inés de Presidente Franco, según señala la investigación fiscal.

El Ministerio Púbico intervino en el caso, luego de una nota recibida el 26 de noviembre último, de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), donde se alertaba sobre el supuesto caso de abuso sexual infantil.

Después de realizarse las primeras diligencias investigativas, el jueves 12 de diciembre, una comitiva del Ministerio Público y agentes del Departamento de Investigación Criminal, contra el Secuestro, Terrorismo y Trata de Personas, de la Policía Nacional, allanaron una casa en Presidente Franco, por orden de la jueza Carina Frutos.

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En esa oportunidad detuvieron a la mujer y rescataron del sitio a la víctima, un niño de cinco años, como también a su hermano, un adolescente de 14 años. También se incautaron evidencias que están siendo analizados por los intervinientes.

Tras la inspección por medicina forense y evaluados por el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, el informe forense señala que no se detectaron lesiones evidentes en los menores, pero la evaluación psicológica determinó que el niño de 5 años sufría abusos sexuales, presuntamente por parte de su padrastro, con anuencia de su propia madre.

El presunto agresor fue identificado e imputado por la fiscal Vivian Coronel. La representación pública requirió la prisión preventiva de la encausada y solicitó seis meses de plazo para el requerimiento conclusivo. Además, ordenó la detención preventiva del supuesto pedófilo, quien se encuentra prófugo.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La niña de siete años que había sido rescatada de su hogar, porque estaba infectada de piques en las manos y los pies, sin que haya tenido un auxilio médico, también sufrió abuso sexual, según el resultado de la inspección médica que se le realizó en el Hospital Distrital de Presidente Franco. Por eso, se investiga también abuso sexual en niño.

Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la directora de la Consejería de la Niñez (Codeni), de la citada ciudad, abogada Balbina Almada. El rescate de la víctima de falta de cuidado se realizó el 18 de noviembre pasado y ella estuvo internada en el hospital, donde unos días después se informó sobre el resultado de la revisión médica.

“Ella tuvo que ser tratada en el hospital por varios días, donde seguía con mucha resistencia a la atención, como lo fue desde el inicio en que contactamos con ella. Por pedido del fiscal, se le realizó también la inspección para descartar abuso sexual que, lastimosamente, se confirmó”, dijo la abogada Almada.

El fiscal que tiene a su cargo el hecho de violación del deber del cuidado es Osvaldo Zaracho. Ante lo evidenciado por el informe médico, se abrió una nueva causa por abuso sexual en niños, que está a cargo la fiscal Thais García. Ella refirió a La Nación/Nación Media que el proceso está en su etapa inicial y no tiene todavía ningún sospechoso.

Hoy tomó declaración indagatoria a la abuela y el abuelastro de la niña, con quienes ella vivía, según indicó. Asimismo, espera el informe sicológico solicitado, pero todavía no se hizo ninguna visita de profesional de sicología del Ministerio Público, a la víctima.

Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por la directora del hogar donde fue trasladada la niña, después de haber sido dada de alta del hospital de Franco. La fiscal indicó que volvió a solicitar el informe para poder avanzar en el proceso. El defensor público de la Niñez y Adolescencia, Emilio González, también interviene en el caso.

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La directora de Codeni manifestó su preocupación por el avance del proceso porque, hasta ahora, no se conoce sobre un sospechoso y se abre la posibilidad que la niña tenga contacto con algún familiar que puede ser sospechoso del abuso.

Esto, recordando que el gran porcentaje de los casos de abusos sexuales en niños tiene como victimarios a personas del entorno familiar, según el informe de Datos Abiertos del Ministerio Público.

Mencionó que por su experiencia, sospechó desde un inicio que la niña vivía en una situación de miedo extremo, agresividad y rechazo a todo acercamiento de las personas que, por el informe médico, parecer ser una consecuencia de la violencia que estaba sufriendo.

La niña se encuentra en el Hogar Las Tías de Ciudad del Este, donde está siendo contenida por sicólogas e incluso tiene consulta prevista con fonoaudióloga, porque le fue detectada dificultad auditiva, según la directora Cristina Brítez.

“Ella está mejor, ya sale al patio, está un poco más abierta, pero todavía no comparte, le cuesta todavía, ella sufrió mucho, tiene un terror a los hombres, siempre pregunta por su abuela y por su mamá”, refirió a La Nación/Nación Media, Cristina Brítez. Remarcó que hay avances, lentamente y confía en que irá mejorando de a poco.

El hogar tiene hoy a 73 niños, rebasando toda su capacidad, debido a la alta demanda desde los juzgados de la Niñez y Adolescencia. Gemelos de dos meses que llegaron con apenas 15 días, están entre los cuidados por “Las Tías”.

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Este miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, quien soporta proceso penal por los delitos de abuso sexual en niños, coacción sexual, proxenetismo, violación y pornografía infantil. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, quien definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.

La representante del Ministerio Público, Alejandra Savorgnan, presentó acusación y pidió que el cantante Pablo Gabriel Benegas Masi enfrente un juicio oral y público.

La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.

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Igualmente refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

El Ministerio Público ofreció a 36 testigos, más tres dictámenes periciales, varias pruebas documentales, un CD con la declaración de las víctimas en cámara Gesell y otros elementos más de prueba.

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