Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Pasaron cinco años del día que conmocionó al Paraguay, cuando las autoridades confirmaron la desaparición de Yuyu o la niña de Emboscada, en el departamento de Cordillera.

Hasta la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público siguen con la investigación, pero sin rastros de lo que ocurrió con la niña, que desafortunadamente sigue con paradero desconocido. La ciudadanía hasta la fecha se pregunta ¿dónde está Yuyu?

El 15 de abril del 2020 se confirmaba la desaparición de la niña de siete años en la localidad Isla Alta de la ciudad de Emboscada. La pequeña logró que la ciudadanía le tome cariño y exija que aparezca rápidamente. Sin embargo, su madre Lilian Zapata y su padrastro Reiner Oberuber tomaron distancia y se llamaron a silencio desde el primer día.

Según datos recabados durante la investigación, la niña de Emboscada fue vista por última vez jugando con los animales en la propiedad donde vivía bajo el resguardo de su madre y padrastro. Desde aquel momento no se supo nada de ella. Pese a las intensas búsquedas realizadas por las autoridades, Yuyu pasó a ser víctima de un hecho punible aún no resuelto.

Una vez que la Policía y Fiscalía tomó intervención en el caso comenzaron a realizar un rastrillaje en la zona y pudieron deducir que la menor no salió de la propiedad. También se utilizaron drones, perros buscadores, pero todo fue sin resultado positivo. Yuyu no aparecía y la posibilidad de dar con ella iba disminuyendo con el paso de las horas.

Las primeras evidencias encontradas fueron pedazos de tela, luego hallaron manchas de sangre. Esta última pista hizo que aumentarán las sospechas de que algo malo le pasó a la niña, sin embargo, hasta el momento no se pudo probar nada.

La persona que la tenía en custodia y que debía protegerla, su madre Lilian, se llamó a silencio y se negó a pruebas de ADN tras encontrarse rastros de sangre en la zona. Los investigadores le solicitaron una muestra y su negativa llamó la atención, no solamente de las autoridades, sino de toda la ciudadanía.

“Las investigaciones por parte de la Policía fueron cubiertas ampliamente, en lo que respecta a las labores periciales, criminológicas y a las búsquedas. Una de las “pruebas madre” que solicitamos en su momento no fue realizada, el análisis genético de las muestras que se levantaron del lugar de la desaparición”, afirmó el subcomisario David Delgado, del departamento de Homicidios, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Resaltó que ese pedido fue a la señora Zapata, quien debía ceder el material biológico, pero que no lo hizo y truncó parte de la investigación. “Si se realizaba el análisis genético la historia iba a ser diferente, pero ya escapa a nuestra funciones esa situación”, expresó.

Pasaron cinco años y las investigaciones siguen, pese a que los años han hecho que este caso sea más difícil de dilucidar. Hasta la fecha continuan las interrogantes y las autoridades aún reciben ciertas informaciones sobre el caso, pero estas no sugieren indicios de lo que pudo haber ocurrido con la niña de Emboscada.

“Fueron tareas investigativas de meses en horarios continuos. Lo último fue la denuncia realizada por la madre sobre un video que fue viralizado, se realizó el análisis del mismo y carece de elementos técnicos para lograr una trazabilidad e identificación científica. Hasta ahora hay informaciones nuevas y si tienen sustentos o coherencias se verifican”, detalló Delgado.

Indicó que desde el departamento de Homicidios se tomó intervención en el caso una semana después de la desaparición y precisó que se hicieron sugerencias investigativas, como reconstrucción del hecho, entrevistas, análisis del lugar, levantamientos de evidencias, pero sin resultado.

• Lilian Zapata cumple su sentencia de seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena por desacato a una orden judicial.
• Contra Reiner Oberuber se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y finalmente quedó absuelto de culpa y pena.
• El abogado Max Narváez confirmó que para julio de este año la madre de Yuyu debería recibir libertad condicional.

Este viernes, cuatro personas denunciaron que el gremio Funcionarios de IPS Asociados (Fipsa) estuvo evadiendo los aportes a la seguridad social y esto compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados solicitan a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio.

Según consta en la denuncia, Fipsa enfrenta una denuncia por evasión de aportes a la seguridad social. Esta ya fue presentada por el director Jurídico ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta el momento, son cuatro las personas afectadas en el caso que requieren de una urgente solución debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como la salud y la jubilación.

En este caso, la acusación es contra el actual presidente de la asociación, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez. El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.

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Los afectados del caso son: Lourdes Beatriz Suárez, que se desempeña como trabajadora administrativa de Fipsa; Fátima Adelaida Ramírez González, que se desempeña en diferentes áreas reportó la falta de pago de aportes; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía, y Víctor Manuel Acosta Causarano, que trabajaba en diferentes áreas. Todos denuncian que la empresa le descontaba el 9 % de su salario para aportes al IPS, pero no lo ingresaba.

En la denuncia sostienen que Fipsa ha incumplido con el pago de aportes a la seguridad social, lo que ha afectado a los trabajadores y sus familiares, quienes no pueden acceder a servicios básicos como la salud y la jubilación. Los afectados solicitan la urgente investigación y el castigo correspondiente a los responsables.

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En el Hospital de Clínicas celebran el alta médica y exitoso tratamiento con larvas de mosca y parche biológico que recibió una paciente con diagnóstico de pie de diabético gangrenado. La mujer, de 69 años, llegó al centro asistencial en estado grave y la única solución que le ofrecían en otros lugares era la amputación del miembro, para luego tratar su diabetes.

Este jueves, la paciente fue dada de alta con el pie totalmente curada gracias al tratamiento aplicado por los especialistas de la unidad de Pie Diabético y la Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica. Si bien la mujer presentaba un cuadro severo, de pie gangrenado e infectado con indicación de amputación, recibió el tratamiento innovador que combina técnicas milenarias y tecnologías de vanguardia y así se pudo evitar la mutilación del miembro.

“Este caso representa una innovación sin precedentes en el país. Las larvas utilizadas fueron recolectadas en los corrales de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde colocamos trampas para capturar los huevos. Posteriormente, fueron esterilizadas en el laboratorio antes de ser aplicadas en la herida”, dijo el doctor Jorge Flores.

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Estas larvas consumen exclusivamente tejido muerto, lo que permite una limpieza precisa y segura de la herida. La paciente, además de diabetes, presentaba insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía bilateral con derrame pleural, insuficiencia renal, hipertensión arterial rebelde y septicemia. Su condición hacía inviable una cirugía convencional debido al alto riesgo de mortalidad.

El tratamiento con larvas de mosca y parche biológico es un protocolo que fue implementada por primera vez en Paraguay e incluyó la terapia con larvas de la mosca lucilia sericata, comúnmente conocida como “mosca verde” o mberu hovyũ y se usó para eliminar el tejido necrosado. Luego se aplicó un parche biológico tridimensional. “A partir de ahora, continuará con un control riguroso a cargo de endocrinólogos, clínicos y podólogos para prevenir recurrencias”, confirmó el médico.

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a investigar a los miembros del Tribunal de Sentencia de Villarrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El magistrado está acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años de edad.

La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repudio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de pruebas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.

Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insaurralde, en donde supuestamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo” “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afectan la integridad de una niña e involucra a un docente, agravado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debería mostrar un especial deber del cuidado”.

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La iniciativa agrega que “las estadísticas informadas por organizaciones especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.

El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la enseñanza en la misma institución de la que fue apartado al iniciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.

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