La policía investiga un hecho de una toma de rehén del que fueron víctimas una mujer y su hija en la ciudad de Yaguarón. Aparentemente, los autores del hecho serían parte del clan Rotela, quienes estarían yendo detrás del esposo de la denunciante.

Según la mujer, fue perseguida por dos hombres fuertemente armados cuando llegaba a su vivienda en el centro de Yaguarón. Los mismos, tras asegurarse de dónde era su casa, regresaron a bordo de un automóvil y, a punta de armas de fuego, redujeron a la mujer y su hija por alrededor de una hora.

Los hombres la habrían golpeado y amenazado de muerte si pedía auxilio a algún vecino, ya que los mismos pretendían esperar a que llegara el esposo de la denunciante, identificado como Santiago Gómez. Los desconocidos aseguraron que el hombre tenía una deuda pendiente con ellos y que ambos serían parte del grupo criminal denominado clan Rotela.

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Al percatarse de que el hombre no iba a llegar, los desconocidos se retiraron de la vivienda y la mujer, aterrorizada, solicitó ayuda a transeúntes y luego acudió hasta la comisaría jurisdiccional. Según la pareja de la misma, quien se dedica a ser estibador en una finca vecina, él no tiene conexiones con ningún grupo criminal y no le debe dinero a nadie.

A pesar de esto, las autoridades comunicaron del hecho al Departamento de Investigaciones y desde el Ministerio Público se ha abierto una causa para investigar el trasfondo de lo ocurrido. La denunciante aseguró que teme por su vida y la de su hija, por lo que no descarta abandonar su hogar, ya que los hombres amenazaron con matar a su pareja o a ella si no cumplía con el pago de la deuda.

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El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, manifestó que evalúan impulsar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala, quienes ordenaron el retorno de cuatro senadores que habían sido expulsados de la nucleación opositora por un periodo de 20 años.

Fleitas calificó como una “aberración jurídica” el fallo emitido por los jueces electorales Myriam Cristaldo, Clotilde Martínez y Santiago González Bibolini. “Apelamos ayer (lunes) contra esta resolución y el caso ya se encuentra en el campo de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Para nuestro equipo jurídico la decisión del tribunal carece totalmente de argumentos jurídicos y legales, esto es aberrante. Analizamos la posibilidad de denunciarlos ante el JEM”, indicó Fleitas a la 1000 AM.

A través de una convención extraordinaria realizada en marzo del 2024, los movimientos internos que responden a Fleitas tomaron la decisión de expulsar de las filas del PLRA a los parlamentarios Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López, quienes se mostraron contrarios a obedecer la línea política implementada por el exgobernador de Cordillera consistente en realizar una férrea oposición a los programas del gobierno del mandatario Santiago Peña.

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“Los ministros de la Corte deberán enmendar este grave error del tribunal. Cuando se le sustituyó al expresidente del PLRA, Efraín Alegre, nosotros marcamos una línea bien clara de cuál es el rol del partido, no hay democracia sin oposición, debemos entender cuál es nuestra función. Muchos estamos decididos a seguir manteniendo esta línea”, comentó, por otra parte, a la 1140 AM.

Asimismo, Fleitas dijo que el rechazo contra la decisión de expulsión tomada por un total de 360 convencionales tiene como finalidad el debilitamiento del PLRA. “Con qué objetivo regresarán, cuál es su idea, ellos son operadores, son agentes del gobierno. Vamos a seguir defiendo en el PLRA esta decisión que es la voluntad del pueblo liberal”, esgrimió.

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Luego de que una publicación hecha por un usuario de la red social TikTok, donde denunciaba el estado de abandono y la inseguridad que existe en el cementerio de la Recoleta, se hiciera viral, un equipo del canal GEN/Nación Media llegó hasta el camposanto para conocer la situación real del lugar.

En la denuncia realizada por el usuario de TikTok de nombre Sebas Guppi, el mismo detallaba que regresaron al panteón familiar tras algunos meses de no poder visitarlo y que se encontraron con la sorpresa de que al lugar se le habían robado todas las letras que indicaban de qué familia pertenecía, crucifijos, adornos varios e inclusive aseguraba que las tumbas habían sido abiertas y robadas.

“Después de meses volvimos a visitar los restos de los familiares de mi abuela y nos encontramos con esta sorpresa… ¡Profanaron la tumba!! Robaron las letras y todo lo que había de valor adentro… También los huesos de los cajones… ¡El cementerio de la Recoleta está en un total estado de abandono!”, escribió el denunciante.

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Ya desde el inicio del recorrido se podía observar varios mausoleos completamente abandonados, otros con vidrios y las cerraduras rotas e inclusive algunos que estaban llenos de basura como botellas de bebidas alcohólicas, agua y limpiadores.

El equipo periodístico también pudo evidenciar que muchos de los mausoleos y tumbas que se encuentran en el camposanto han sufrido hurtos de las letras con los nombres de las familias, los adornos de bronce e inclusive los crucifijos de las tumbas particulares, dejando en evidencia la inseguridad que no solo azota a los vivos, sino que también a los muertos, ya que personas inescrupulosas ingresarían en horarios con poca afluencia de gente y sustraen todo tipo de objetos y material que pueden ser de valor como cobre y otros metales.

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El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el actual juez Osmar Legal por los delitos de quebrantamiento de depósito, denuncia falsa. Inicialmente el magistrado fue denunciado por los hechos punibles de prevaricato, frustración de la persecución y ejecución penal.

De acuerdo al escrito del exparlamentario “las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar David Legal Troche, juez penal especializado contra el Crimen Organizado, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal, ello, con el objeto de evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, así como también, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos, probablemente con motivación política y/o económica”.

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Igualmente, la denuncia señala que en diciembre de 2024, el juez Legal recibió los datos extraídos del celular de “Lalo” Gómez pero omitió informar a las partes y deslacró el soporte magnético sin cumplir con el procedimiento legal. Luego, examinó las conversaciones de WhatsApp para sí y ocultó información clave al presentar una denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2025, acusando a Lalo de tráfico de influencias.

El fiscal Francisco Cabrera mencionó días atrás que se está estudiando la denuncia presentada contra Legal.

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