Dos personas que buscan acceder a su jubilación denunciaron ante el Instituto de Previsión Social (IPS) que fueron víctimas de estafa tras pagar la suma de G. 3.000.000 en concepto de supuestas gestiones que les facilitarían el trámite.
Estas denuncias se suman a otras ya investigadas por la previsional, las cuales presentan las mismas características de ofrecimiento, de agilización de trámites a cambio de dinero en efectivo. Atendiendo esta problemática, las autoridades del IPS instaron a la ciudadanía a extremar las precauciones y evitar caer en los trucos de estafadores que prometen beneficios a cambio de dinero.
“Tenemos funcionarios que estarán atendiendo sus consultas referentes a jubilaciones sin ningún tipo de costo. Solo deben acercarse con su documento de identidad. Ninguna gestión tiene costo”, enfatizó la representante del área de Jubilaciones del IPS, Bicia Jarolin, a través de un comunicado.
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Así también hicieron un llamado a los beneficiarios de la institución, en especial a los que se encuentren gestionando este tipo de trámites, para que se mantengan informados y que no realicen ningún tipo de pago a gestores externos, recordando que, ante cualquier consulta, pueden acudir al edificio Facundo Insfrán del IPS, ubicado en Luis A de Herrera Nº 1144 casi Constitución, donde recibirán la orientación necesaria de manera gratuita y segura.
Respecto a todas las denuncias, desde el IPS aseguraron que hablaron con las víctimas respecto a las circunstancias en que se dieron los pagos, dejando constancia del hecho y derivándolas al Ministerio Público para su correspondiente investigación con el objetivo de dar con los supuestos gestores.
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IPS libera documentos que revelan modestos inicios de Lilian Samaniego
El Instituto de Previsión Social (IPS) revió su postura y terminó entregando documentos del legajo de la senadora Lilian Samaniego, quien se desempeñó durante años como funcionaria de la previsional. Los papeles revelan un modesto inicio de la actual legisladora, quien dio sus primeros pasos cumpliendo funciones en la farmacia de la institución.
- Unidad de Investigación Nación Media
De una modesta funcionaria de la farmacia del IPS a una millonaria senadora. Lilian Samaniego consiguió escalar posiciones económicas desde sus modestos inicios en la previsional. O al menos es en lo que consta en los documentos públicos sobre el historial de la legisladora.
El IPS terminó por rever su posición inicial de negar documentos que componen el legajo de los años en los que Samaniego se desempeñó como funcionaria. Inicialmente, la previsional se opuso a entregar la información solicitada por periodistas de Nación Media, pero varió en su postura tras una reconsideración planteada.
DOCUMENTOS INCOMPLETOS Y SAMANIEGO A LA DEFENSA
Aunque el IPS terminó por entregar la información, solo lo hizo de forma parcial. Es que nuestra compañera había solicitado el legajo completo de Samaniego, incluyendo cualquier concurso de oposición y también investigaciones a las que fue sometida la hoy senadora.
Llamativamente, fue la propia Samaniego quien ya se adelantó a hablar de las auditorías a las que fue sometida en su tiempo como funcionaria del IPS. Ayer, en conferencia de prensa, la legisladora disidente mostró solo la parte resolutiva de las auditorías donde resultó sobreseída.
Sin embargo, Samaniego no habló de los hechos por los cuales fue investigada ni la forma en la que se realizó la investigación. De hecho, dijo ser una perseguida, cuando lo único que se hizo fue solicitar documentos en el marco de la transparencia.
Mientras tanto, desde la previsional avisaron que se encuentran preparando los documentos que hacen al expediente de investigaciones por las que pasó Samaniego, estando en la previsional.
UNA MODESTA QUÍMICA
De acuerdo con los documentos publicados por el IPS, una joven Lilian Samaniego ingresó a la institución en julio de 1992. El Consejo de Administración de la institución la nombró para cumplir funciones en la farmacia del Hospital Central del IPS. En ese entonces, ingresó con un sueldo de G. 558.700
Los documentos –aún incompletos– revelan que en 2001 fue promovida a asesora química de la Presidencia del IPS. Para ese entonces, su sueldo superaba los G. 3.343.200, siempre de acuerdo con lo que se desprende del legajo incompleto.
En junio de 2003, Samaniego solicitó permiso de seis meses tras ser electa como senadora: permiso que le fue renovado en noviembre de 2004, por el término de un año.
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Prieto usa nueva herramienta para dilatar causas por corrupción en el Este
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encontró una nueva herramienta para dilatar las causas que pesan en su contra por el supuesto manejo irregular de fondos públicos. El jefe comunal y su equipo de abogados amenazan con presentar una denuncia ante la fiscalía general y piden auditar las causas abiertas contra el lord municipal. Son 42 las denuncias presentadas contra Prieto hasta el momento.
- Unidad de Investigación Nación Media
Una nueva chicana fue presentada por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. O, en palabras elegantes, el jefe comunal presentó un nuevo recurso procesal con el que buscará paralizar las 42 denuncias presentadas en su contra por el supuesto uso irregular del dinero de los contribuyentes esteños.
Según la defensa, se han detectado irregularidades graves como la alteración de folios y la sustracción de pruebas favorables que podrían haber beneficiado al jefe comunal. El lord mayor es representado por la abogada Gilda Portillo y por Guillermo Ferreiro, excandidato a diputado y coordinador de la Concertación Nacional, quien en el discurso siempre cuestiona los manejos del sistema de Justicia, pero que utiliza las mismas prácticas que tanto critica.
El objetivo de la presentación, según explican, es dejar constancia de lo que el equipo legal de Prieto considera una persecución política a través del uso indebido del Ministerio Público. Un argumento que habitualmente repiten quienes son señalados por el uso irregular del dinero público. Curiosamente, cuando personas ligadas al Partido Colorado realizan estas denuncias, la oposición las suele tratar de chicaneras, pero en el caso de Prieto quieren convertirlo en un perseguido.
Según los abogados defensores, el proceso judicial está plagado de investigaciones sesgadas, negligencias y una clara falta de imparcialidad.
En concreto, Prieto ataca -una vez más- la causa abierta en su contra por las irregularidades cometidas en plena pandemia con la compra de kits que supuestamente debían ser para personas de escasos recursos.
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Canastas de los amigos
El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisición de cestas básicas por G. 1.769 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están procesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la municipalidad. Según la Fiscalía, Florentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.
La firma Tía Chela S.R.L., adjudicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas falsas emitidas por Vanemi S.A., empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficticias totalizaron G. 692 millones, parte de un perjuicio económico estimado en G. 2.130 millones.
La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexistentes, que emitieron facturas para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se manejaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia en Ciudad del Este.
Disco-constructora
SCDE SA, antes conocida como Golden Rouge SA, pasó de ser un club nocturno para convertirse en una constructora favorecida por la Municipalidad de Ciudad del Este con más de G. 14.000 millones (unos USD 1,7 millones) en contratos desde 2022. Inicialmente, Golden Rouge operaba en el rubro de bebidas y entretenimiento, pero en 2021 cambió su denominación y actividades, incluyendo la construcción de carreteras, edificios y otras infraestructuras. Entre sus accionistas figura Lumma Silva Battochi, funcionaria de la municipalidad y esposa de Juan Quiroga Cañete, director de la Secretaría de la Vivienda. Silva Battochi, con un salario mensual de G. 3 millones, aportó G. 320 millones como capital para integrarse a la empresa, una cifra que contrasta notoriamente con sus ingresos como funcionaria.
Desde 2022, SCDE SA firmó siete contratos con la comuna esteña, que representan la mayor parte de sus ingresos, ya que solo cuenta con otros dos contratos menores con entes públicos. Este caso pone en evidencia las prácticas cuestionables en la administración del intendente Miguel Prieto, quien ha beneficiado de manera directa a empresas vinculadas a su entorno cercano, mientras persisten las dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos.
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Otras chicanas
No es la primera vez que Prieto recurre a chicanas para dilatar los procesos en su contra. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 25 de julio del año pasado la permanencia de los magistrados del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, rechazando así la recusación presentada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, en el conocido caso “Tía Chela”.
La recusación buscaba apartar a las juezas Andrea Vera, Bibiana Benítez y al camarista Arnulfo Arias del caso, bajo el argumento de que habrían actuado con una supuesta celeridad excesiva en la resolución de planteamientos judiciales, lo que, según la defensa, comprometía su imparcialidad. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento, ratificando la continuidad de los magistrados en el proceso.
La causa permanece en un punto muerto, a pesar de que se había fijado una audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú, la cual fue suspendida debido a esta recusación. El proceso sigue estancado a la espera de que la Corte Suprema resuelva otro incidente pendiente.
A pesar de las advertencias de la máxima instancia judicial de evitar el uso abusivo de los recursos procesales, los abogados de Prieto continúan presentando medidas que, según señalamientos judiciales, buscan dilatar el avance de las investigaciones y postergar las resoluciones del caso. La defensa sostiene que se trata de un intento por garantizar el derecho a una investigación justa, mientras que desde el ámbito judicial se señala un posible intento de obstrucción del proceso.
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IPS pidió anular desestimación por cobro indebido de médicos
La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) apeló la resolución judicial en la que se desestimó la denuncia penal por cobro indebido de honorarios que había sido presentada contra los médicos y concejales, Gustavo Pereira, de Limpio, y José María Meza, de la ciudad de Luque.
El abogado José González Maldonado, en representación del IPS, fue quien firmó el escrito pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la jueza Cynthia Lovera.
Ahora será un tribunal de Apelación el que estudie los argumentos del IPS y resolver si corresponde que la presente investigación siga su curso o se archive en forma definitiva.
El IPS, en calidad de víctima, se agravia por lo resuelto por el Juzgado Penal de Garantías, el cual decidió desestimar la denuncia presentada por la previsional, basándose únicamente en el informe presentado por la Universidad Católica de Asunción y en informes de la Municipalidad de Limpio y Luque, resumiendo la actuación de los funcionarios en que los mismos cuentan con cargo docente, sin embargo, argumenta que la fiscala del caso no ha agotado la investigación penal.
Igualmente, el escrito de apelación refiere que la Fiscalía no ha requerido informe al Instituto de Previsión Social respecto a los rubros en los que se hallan ejerciendo funciones los denunciados, los cuales son rubros administrativos, y no docentes.
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IPS pidió anular desestimación por cobro indebido de médicos electos concejales en Limpio y Luque
La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) apeló la resolución judicial en la que se desestimó la denuncia penal por cobro indebido de honorarios que había sido presentada contra los médicos y concejales, Gustavo Pereira de Limpio, y José María Meza, de la ciudad de Luque. El abogado, José González Maldonado, en representación del IPS, fue quien firmo el escrito pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la jueza Cynthia Lovera.
Ahora será un tribunal de Apelación el que estudie los argumentos del IPS y resolver si corresponde que la presente investigación siga su curso o se archive en forma definitiva.
El Instituto de Previsión Social, en calidad de víctima, se agravia por lo resuelto por el Juzgado Penal de Garantías, el cual decidió desestimar la denuncia presentada por la previsional, basándose únicamente en el informe presentado por la Universidad Católica de Asunción y en informes de la Municipalidad de Limpio y Luque, respectivamente, resumiendo la actuación de los funcionarios en que los mismos cuentan con cargo docente, sin embargo, argumenta que la fiscala del caso no ha agotado la investigación penal.
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Igualmente, el escrito de apelación refiere que la Fiscalía no ha requerido informe al Instituto de Previsión Social respecto a los rubros en los que se hallan ejerciendo funciones los denunciados, los cuales son rubros administrativos, y no docentes. Tampoco se ha pedido el sumario administrativo contra los citados funcionarios denunciados, que a la fecha se haya culminado. Tampoco se ha investigado qué institución es la que paga el salario de los médicos Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Meza Insfrán.
Desde el ente previsional sostienen que existe cobro de doble remuneración por parte de los denunciados Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Meza Insfrán, lo que configura una potencial vulneración de sus derechos patrimoniales, que no fue investigado suficientemente por el Ministerio Público.
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