Ciudad del Este. Agencia Regional.

En juicio oral desarrollado en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, Amadeo Bordón Bogado fue condenado a tres años de prisión por violencia familiar. La condena no condice con la acusación de la fiscal Liliana Denice Duarte, quien sustentó agresiones violentas reiteradas del hoy condenado, hacia su pareja e incluso llegó a lesionarla con machete.

El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo estuvo integrado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera. El juicio fue ayer 10 de febrero, en el Palacio de Justica de Ciudad del Este. El antecedente indica que el sentenciado, quien tiene una hija con su expareja, comenzó a agredir físicamente a la mujer en varias ocasiones, cuando convivían.

El primer episodio denunciado ocurrió el 22 de diciembre de 2023, lo que motivó a la víctima a abandonar el hogar conyugal, por temor a seguir sufriendo ataques de parte del hombre, a quien describió como una persona con celos enfermizos, según lo expuesto en juicio.

Luego, el 1 de enero de 2024, la mujer regresó a la vivienda que compartía con Bordón Bogado, ubicada en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este, para recoger prendas de vestir de su hija. Fue recibida por su expareja, quien sin mediar palabras la golpeó con el lado plano de un machete, causándole lesiones en ambos brazos y otras partes del cuerpo.

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Ante lo ocurrido, la víctima presentó una nueva denuncia. Días después, el 18 de enero de 2024, alrededor de las 23:00, mientras la víctima se encontraba en la casa de un familiar, su expareja llegó al lugar en estado de ebriedad y le reclamó por haberlo denunciado.

Amadeo propinó golpes y tirones de cabello a la mujer, utilizando un palo para continuar con la golpiza. También profirió amenazas de muerte, expresando su intención de matarla. El último hecho de violencia se registró el 17 de febrero de 2024, alrededor de las 22:00.

La mujer había retomado la relación con el acusado y regresaba a la vivienda conyugal tras visitar a un hermano en el Hospital Distrital de Hernandarias. Visiblemente nervioso, el hombre acusó a su pareja de haber estado en otro sitio y de nuevo la golpeó con machete.

Un transeúnte que presenció la escena intervino, pero también fue atacado con el arma blanca. No obstante, la mujer logró escapar y pedir auxilio a sus hermanas, quienes alertaron a la Policía y se produjo la detención del agresor. Un año después es condenado a tres años de pena carcelaria.

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Una capacitación sobre tobilleras elec­trónicas será brin­dada para los magistrados, hoy lunes 10 de febrero, a las 13:30, en el noveno piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en Alonso y Testanova, en Asunción, a cargo de la empresa Tecno­logía, Seguridad y Vigilancia del Paraguay (TSV).

Durante este taller se inte­riorizará en la Ley n.º 7270/2024 que modifica y amplía varios artículos de la Ley n.º 5.863/2017 “que esta­blece la implementación de los dispositivos electrónicos de control” y deroga la Ley n.º 6345/2019; el protocolo de Implementación del Sis­tema de Monitoreo por Dis­positivos Electrónicos de Control (Simdec) y el Proto­colo Jurisdiccional.

El 30 de diciembre de 2024, el Ministerio del Interior lanzó el Sistema de Moni­toreo de Dispositivos Elec­trónicos de Control (Simdec) para las tobilleras electró­nicas, que estará a cargo del Sistema 911 de la Policía Nacional, con la presenta­ción de los 20 primeros dis­positivos adquiridos.

En tanto, el 22 de enero, la Corte Suprema de Justi­cia aprobó la Acordada n.° 1779, por la cual se establece el “Protocolo de Aplicación de Tobilleras Electrónicas: Implementación Primera Fase”, propuesto por la Ofi­cina Técnica Penal, que regla­menta el uso de esta herra­mienta para el monitoreo en el ámbito penal.

El documento establece los lineamientos técnicos y ope­rativos para la correcta apli­cación de estos dispositivos, asegurando su uso conforme a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y debido proceso. La Oficina Técnica Penal será la encar­gada de coordinar la ejecución de esta primera fase, garan­tizando su operatividad y supervisión conforme a las disposiciones establecidas.

Desde el Poder Judicial recuerdan que sigue abierta la recepción de carpetas para los cargos vacantes en el Palacio de Justicia en el departamento de Caazapá.

La cartera de Justicia refiere que en el marco del cumplimiento del proceso de concursabilidad para el ingreso y promoción de personas en el Poder Judicial, el Departamento de Selección de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, recuerda a los interesados que, hasta este lunes 20 de enero de 2025, estará habilitada la recepción de carpetas para cargos vacantes en la Circunscripción Judicial de Caazapá.

Los cargos disponibles son:

1) Para actuario judicial para Tribunal o Juzgado de Caazapá. El tipo de concurso es público, la modalidad de selección por orden de mérito, cuenta con seguro médico y el salario es de G. 8.508.600. Se aclara que el cargo no es comisionable a otra circunscripción judicial.

2) Para Secretario III del Juzgado de Paz de Fulgencio Yegros. El tipo de concurso es público, la modalidad de selección por orden de mérito, cuenta con seguro médico y el salario es de G. 4.000.000. Se aclara que el cargo no es comisionable a otra circunscripción judicial.

3) Para Fiscalizador III de la sección Tesorería del Departamento Administrativo y Financiero. El tipo de concurso es público, la modalidad de selección por orden de mérito, cuenta con seguro médico y el salario es de G. 3.473.000. Se aclara que el cargo no es comisionable a otra circunscripción judicial.

Las carpetas con las documentaciones requeridas deben ser presentadas en la Oficina de Recursos Humanos, ubicada en el Palacio de Justicia de Caazapá, en el horario de 07:00 a 13:00.

El Poder Judicial recuerda que estos procesos se llevan a cabo dando cumplimiento efectivo al Reglamento General de Concursos de Ingreso y Promoción de Personas a la institución, aprobado por la Corte Suprema de Justicia y en el marco de la transparencia institucional.

El día viernes 10 de enero una persona fue beneficiada con el uso de la tobillera electrónica por primera vez en el país. La abogada Mirna Morínigo, directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, habló de la importancia que tendrá este dispositivo en el corto y largo plazo.

“Si ahora tengo cerca de 80 % de las personas privadas de libertad en forma preventiva, ese porcentaje grande de gente está expuesta a ser captada por el crimen organizado, esas personas pueden salir a la sociedad y hacen todo tipo de hechos punibles, lo que termina siendo más costoso y más perjudicial para la ciudadanía”, expuso la abogada.

La explicación de la directora surgió a raíz de los cuestionamientos de que el Estado asuma el costo de las tobilleras en caso de que la persona demuestre insolvencia. En este sentido mencionó que hacer caso omiso a esto, y dejar que las personas guarden prisión preventiva, también genera un costo para los contribuyentes, además de que se genera un riesgo mayor para la sociedad.

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“Es más difícil manejar una sobrepoblación penitenciaria y es preferible que siga trabajando y siga pagando el beneficio. La regla es el pago, la exoneración es excepción y la prevención siempre va a ser más barata. La prevención en cualquier ámbito, llámese salud y seguridad termina costando más barato al final al contribuyente ”, enfatizó en contacto con la 1020 AM.

Asimismo, precisó que en total hay una disponibilidad de 1.000 tobilleras, sin embargo, en esta primera fase se acordó entre todas las instituciones implementar en 20 casos, esto de modo a que todavía es una herramienta experimental y es probable que surja la necesidad de ajustes en medio de la implementación y esto será más fácil de controlar con un número reducido de usuarios de estos dispositivos.

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