El presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Óscar Cabrera, defendió la postura asumida por varios intendentes que piden la suspensión de los efectos de la ley de unificación vehicular por dos meses. Consideró desproporcional el alcance de la cuestionada normativa que ya está vigente en varios municipios del país.

“Ayer nosotros tuvimos una reunión con los representantes de los intendentes de cada departamento y con los miembros de la junta directiva de Opaci también. Estuvieron presentes la mayoría de los representantes de todos los departamentos y la idea es pedir en primer lugar una suspensión por 60 días de la aplicación de esta ley”, mencionó Cabrera al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que los jefes comunales están obligados a cumplir la legislación sancionada el 7 de enero. Debido al receso en las actividades de las juntas municipales, solo algunos municipios pudieron aplicar la ley convocando a sesión extraordinaria para autorizar los incrementos en las patentes vehiculares.

“No se pudo completar aún, porque había una preocupación de los colegas sobre el tema de los precios y se analizaron estos precios fijados a través de la ley. Nosotros creemos que es una desproporcionalidad en algunos casos”, afirmó.

El intendente de Guarambaré y titular del órgano oficial de las municipalidades del país explicó que se analizaron exhaustivamente los costos que tienen para los contribuyentes la nueva ley de aplicación de impuestos a la patente del rodado.

“Encontramos que existe una desproporcionalidad en ese sentido. Un ciudadano que compra un vehículo europeo que cuesta más de 100.000 dólares y otro que compra un vehículo de procedencia coreana que cuesta 30.000 dólars va a pagar lo mismo. Entonces, hay una desproporcionalidad en eso”, remarcó.

Otro aspecto mencionado por Cabrera es que con la nueva ley se aplica el impuesto en jornales más altos para los vehículos usados. “Entonces, nosotros creemos que por una cuestión de justicia en la aplicación y en el valor del impuesto que tenga que pagar cada ciudadano debe estar adecuado a lo que vale su vehículo”, manifestó.

Un proyecto de modificación de la ley será presentado a la Cámara de Diputados y paralelamente los recurrentes piden la suspensión de la aplicación por 60 días.

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