Desde la Asociación de Fisca­les del Paraguay manifestaron que están convencidos de que el Ministerio Público tiene el interés de poder identificar al autor moral del asesinato del agente Marcelo Pecci; no obs­tante, advirtió que existe bas­tante resguardo respecto a la información debido a la deli­cadeza del caso.

“Marcelo fue un compañero de trabajo nuestro, era una excelente persona, tenía un muy buen relacionamiento con todos, era alguien que siem­pre estaba para sus colegas, la institución tiene la intención y el interés de que se llegue a la verdad de esto y que final­mente sean sancionadas todas las personas que tuvieron par­ticipación”, expresó.

La vicepresidenta de la aso­ciación añadió: “Sabemos el peligro que puede correr el manejo imprudente de infor­maciones”, y ante esta cir­cunstancia es que existe un cierto grado de confidencia­lidad de la información res­pecto al caso, tanto para frus­trar el proceso investigativo como para no exponer a los fiscales intervinientes.

“Lo ideal sería la individuali­zación, pero se sabe que llegar a este tipo de autores, que son los más lejanos al momento de ejecutar el plan, es un trabajo mucho más minucioso, aparte hay que recordar que hay un condimento de que se trata­ría de un delito transfron­tera. Yo sé que las personas que están a cargo son suma­mente preparadas, serias y que están dando lo mejor de ellas para llegar a resultados que puedan dar cierta tran­quilidad a familiares, amigos y a los compañeros de trabajo de Marcelo”, sostuvo.

Desde el Ministerio Público informaron hoy que la agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó acusación contra seis personas que lideraban un esquema masivo de fraude informático desde la Penitenciaría Regional de San Pedro del Ycuamandyyú. Los acusados, quienes operaban desde el interior del penal, están sindicados de acceder ilegalmente a billeteras electrónicas, generando un perjuicio de G. 1.500 millones.

Te puede interesar: Joven perdió una mano y la otra está en riesgo tras defenderse de un intento de feminicidio

Los intervinientes revelaron detalles del esquema que utilizaban los implicados, quienes estaban liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho. Según los datos recabados, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

La investigación realizada por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos incluyó una serie de labores técnicas especializadas que fueron clave para desarticular esta red criminal. Entre estas acciones se destacan:

• El análisis forense de los 107 dispositivos móviles incautados, que permitió recuperar registros telefónicos, mensajes, historiales de navegación y transacciones vinculadas a las billeteras electrónicas afectadas.
• Se realizó un rastreo exhaustivo de los códigos IMEI y la geolocalización de los dispositivos, lo que permitió ubicarlos en celdas específicas de la penitenciaría.
• Se analizaron documentos de identidad digitalizados que habían sido manipulados, logrando identificar las alteraciones en imágenes y datos personales utilizados para validar accesos no autorizados mediante el sistema biométrico de “FaceTec”.
• El equipo técnico auditó en tiempo real, las transacciones en curso, logrando prevenir nuevas afectaciones y fortaleciendo las medidas de seguridad en la plataforma. Los informes proporcionados por la empresa Telecel S.A.E. también fueron determinantes, al permitir trazar las operaciones fraudulentas y confirmar patrones irregulares.

Desde la cartera investigativa, explicaron la relevancia de este caso, puesto que se resalta el impacto de los delitos cibernéticos en el ámbito financiero y subraya la importancia de la labor especializada de la Fiscalía en el análisis técnico y la persecución de los responsables.

Según la fiscal Ruth Karina Benítez, la detección y desarticulación de esta red criminal evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los controles en plataformas digitales y garantizar la seguridad de los usuarios.

Leé también: Vecinos de Luque detienen a un asaltante que apuñaló a un motociclista

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.

Esta semana, una mujer denunció la supuesta desaparición de un par de gemelos recién nacidos, pero desde varios hospitales no tienen registro sobre controles prenatales o que hayan recibido en la sala de parto a la supuesta madre. Desde el Ministerio Público investigan el caso y confirmaron que la familia no tiene idea de qué ocurrió con los bebés, pero buscan esclarecer el hecho.

La mujer fue identificada como Andrea Giménez, de 22 años, que llegó hasta el Hospital de Clínicas el pasado 20 de enero, y aseguraba que estaba embarazada. Allí constataron que no estaba en gestación, pero que sí presentaba un sangrado. La paciente no contaba con una carpeta de controles prenatales y solo presentó el resultado de una ecografía.

“Todos los familiares tienen el mismo lineamiento de que la mujer asistió al Hospital de Itauguá en fecha 16 de diciembre del 2024, así como también del 6 al 14 de enero, donde había quedado supuestamente internada. Volvió a asistir el día 20 de enero y habría sido derivada al Hospital de Acosta Ñu, luego a Clínicas”, detalló el fiscal Gerardo Chamorro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Resaltó que ayer recibió la denuncia del hermano de la víctima y hoy tomó declaración al padre, madre y tía de la mujer. “Según el testimonio de ellos, hubo una confusión de lo que pasó en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) entre el 9 y 10 de enero, en donde ella subió y fue intervenida y estuvo ahí por más de 15 horas. Fue desde ahí que tuvo dolor de vientre”, expresó.

Aseguró que supuestamente en la mañana del lunes 20, la paciente fue hasta el centro asistencial de Itauguá y que a la media mañana fue hasta el Hospital de Acosta Ñu y de ahí fue llevada hasta el Hospital de Clínicas. “En este último le hacen unos estudios y le dicen que no hay ningún bebé en el vientre. Los familiares refieren que ellos no saben si los bebés fueron robados, o sea que, no tienen idea de lo que ocurrió con los bebés”, aclaró.

Leé también: Falleció Juan Pío Paiva, uno de los responsables de la tragedia de Ykua Bolaños

Chamorro apuntó que tras la denuncia, desde el Ministerio Público recorrieron todos los hospitales citados por los declarantes para poder constatar qué fue lo que sucedió y lograron obtener registro de asistencia del Hospital de Caacupé, de HNI y también del Acosta Ñu. “Estos documentos serán analizados para poder esclarecer qué fue lo que realmente pasó”, relató.

Señaló que actualmente el caso está caratulado como innominado ya que la familia no acusó a ningún profesional que haya atendido a la mujer. “No tenemos personas a quien atribuir el supuesto hecho que también está a determinar. Los familiares refieren que ellos no saben qué pasó con los bebés y es lo que estamos abocados a esclarecer”, puntualizó.

Te puede interesar: Hurtan importante lote de celulares y dinero en efectivo de comercio de Encarnación

Con relación al caso de la ecografía que aparentemente fue descargada de internet, el fiscal afirmó que la familia no presentó ninguna documentación que avale que la mujer haya estado embarazada, lo que sí presentaron fueron dos videos cortos de la supuesta panza de la embarazada, pero no tiene rostro.

“Ayer jueves le requerí al denunciante (hermano de la víctima) las documentaciones y para el día de hoy viernes no pudo arrimar. Lo que sí presentaron fueron dos videos cortos del vientre, pero no muestra el rostro de la persona. Referente a la ecografía, ya pude advertir esa circunstancia, pero a mí no me presentaron esa ecografía para poder analizar e investigar”, apuntó.

Hasta el momento, la víctima no pudo declarar ante la Fiscalía porque sigue hospitalizada y ninguna de las personas que declararon pudo confirmar sobre las semanas de gestación. “Los familiares no pudieron puntualizar las semanas de gestación, hablan que estaba en los meses de tener, pero no tienen una certeza cierta. La pareja de la mujer fue llamado a declarar, pero no compareció”, acotó.

Puede interesarle: Fenaes se opone al proyecto de prohibir celulares en instituciones educativas

La fiscal Fátima Girala imputó a tres agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigaciones por presunta coacción grave. Los oficiales investigados son el oficial primero Juan David Ginés Rodas, el suboficial inspector Derlis Joel Torres Cardozo y el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano.

La agente fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, como la prohibición de salir del país, comparecencias periódicas ante el juez y la prohibición de comunicarse con las víctimas.

El incidente tuvo lugar el viernes 10 de enero de 2025, alrededor de las 19:00, en las calles 23 Proyectadas y Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Asunción. Los agentes interceptaron un automóvil en el que viajaba David Jacobo Platón, quien iba acompañado de Adriana Isabel Cáceres y de dos menores de edad. El hombre se encontraba dirigiéndose a su hogar.

Podés leer: Detienen a un hombre acusado de golpear a su abuela de 94 años

Según la denuncia, los policías utilizaron tácticas agresivas, como golpes y amenazas para intentar detener el vehículo. Incluso, uno de los agentes habría desenfundado su arma de fuego luego de que el padre de la víctima saliera de la casa.

Según se observa en las cámaras, fue el agente Benítez Galeano el cual sacó el arma y gracias a declaraciones de testigos se sabe que en medio del acto trató de convencer a sus compañeros de solicitar la suma de 20 millones de guaraníes. La situación se intensificó hasta que los familiares de las víctimas intervinieron y amenazaron con llamar al 911, lo que provocó que los agentes abandonaran el lugar.

Esta imputación está sustentada en base a el acta de denuncia n.º 75/25 de la Comisaría 4.ª de Asunción, declaraciones testimoniales de víctimas y testigos, grabaciones de cámaras de circuito cerrado y documentos remitidos por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección General de Asuntos Internos.

Te puede interesar: Centro de Desarrollo Empresarial invita a talleres para mipymes