Los abogados Carlos Daniel Alarcón, y Karina Almeida Marcelo Riveros, en representación de Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología de Normalización y Metrología (INTN) presentó querella adhesiva por los delitos de resistencia, coacción y coacción grave contra el abogado Walter Ramón Acosta, quien agredió brutalmente a la mujer.

La presentación se hizo ante el juzgado penal de garantía de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, que deberá admitir la querella adhesiva presentada por la víctima del grave hecho. Una vez admitida la querella, la víctima podrá proponer diligencias investigativas en el presente caso.

Acosta está imputado por resistencia, coacción y coacción grave luego de la agresión a la funcionaria de la INTN Lourdes Sosa. El hecho se había registrado hace dos semanas en una estación de servicios, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná. La fiscala Rocío Celeste González había imputado al agresor, quien se mantuvo prófugo de la justicia hasta que un tribunal de apelación, integrado por Efrén Giménez, Raúl Insaurralde, y Marta Acosta, eximió de prisión al abogado Acosta, fallo judicial que fue sumamente criticado por la sociedad y diversos sectores políticos.

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Igualmente, el Senado decidió hoy miércoles presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de los camaristas mencionados por levantar la orden de captura del abogado Acosta.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió al presidente de la Corte César Diesel y a los demás integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial que inicie un sumario contra el abogado Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia.

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Al menos seis personas murieron este viernes por un feroz temporal de lluvia que azotó la ciudad de Bahía Blanca, 600 km al sur de la capital argentina, con decenas de evacuados, hospitales inundados y hundimiento del asfalto, según el balance preliminar de las autoridades.

El número de fallecidos “asciende a seis”, informó en un comunicado la alcaldía, que señaló que al menos cinco murieron en la vía pública. “Hasta el momento no se puede descartar –en virtud de la magnitud del desastre climático-, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales”, añadió el gobierno local.

Según los reportes, la tormenta descargó más de 270 milímetros de lluvia en poco menos de cuatro horas y dejó sin luz a parte de esta ciudad costera que alberga uno de los principales puertos de Argentina y cuenta con 350.000 habitantes.

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El temporal provocó la inundación de las salas de internación del hospital interzonal de Agudos José Penna, uno de los más importantes de la ciudad, lo que obligó a una evacuación de emergencia de pacientes y personal. “Se están derivando los pacientes del hospital Penna con ayuda del Ejército mientras se siguen estimando los daños”, informó el gobierno de Buenos Aires en un comunicado mientras el municipio mantiene el alerta rojo.

El gobierno nacional dispuso fuerzas federales y de prefectura que asistió con botes inflables a los damnificados. El gobierno anunció que el ministro de Defensa, Luis Petri, viajará a la zona afectada. “Hasta tanto dure el pico de precipitaciones solo pueden realizarse movilizaciones con maquinaria pesada”, precisó la alcaldía de Bahía Blanca.

El acumulado de lluvia duplica la media histórica, según informes. Imágenes de televisión y divulgadas por vecinos a través de las redes sociales muestran a enfermeras y personal médico con bebés en brazos durante la evacuación de la sala de neonatología del hospital. Mas tarde fueron asistidos por el Ejército.

La ciudad se encuentra bajo un alerta rojo del servicio meteorológico por nuevas tormentas. “En virtud de la emergencia climática y con la finalidad de tutelar la seguridad de los vecinos, el Municipio de Bahía Blanca dispone el cese absoluto de actividades de todo tipo hasta nuevo aviso”, anunció la alcaldía.

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Las calles de esta ciudad tienen pendiente hacia el mar, lo que acrecienta la corriente de agua que a su paso arrastra vehículos y todo lo que encuentra en su camino, mostraron imágenes. Bahía Blanca tiene un triste historial de catástrofes climáticas, la última en diciembre de 2023 cuando un temporal de viento dejó 13 muertos, casas derrumbadas y grandes daños en toda su infraestructura con pérdidas millonarias.

Fuente: AFP

Un hombre fue detenido por la Policía tras ser denunciado por sus propios padres de 81 y 78 años, respectivamente, por el hecho de violencia doméstica en Capiatá. Las víctimas sindicaron a Derlis Rober Riquelme Gabriaguez, de 50 años, de haberlos empujado e incluso amenazado de muerte durante un altercado ocurrido en la casa familiar ubicada en el barrio La Candelaria de dicha ciudad.

Según los intervinientes, el sujeto adoptó una actitud violenta al llegar de su trabajo y reclamó a sus padres el hecho de que se haya cambiado de lugar un mueble, dentro de su habitación. Aparentemente empujó y arrojó al piso a uno de sus progenitores, por lo que lo denunciaron en la comisaría. El motivo del enojo fue porque “el padre movió una mesita”, se generó una discusión en la que tuvo que intervenir la mujer de 81 años.

“El día de ayer, a las 11:30 horas aproximadamente, llegaron estas dos personas ya de avanzada edad, manifestaron que en horas de la mañana su hijo se puso muy agresivo. Y que inclusive agredió a su padre, empujándolo y éste cayó al piso”, relató el comisario Carlos Maldonado, subjefe de la Comisaría 8.ª de Capiatá a la 780 AM.

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El hijo echó a sus padres de la casa, quienes rápidamente pidieron auxilio a los policías. “En la denuncia señalaron inclusive que si volvían a la casa este hijo iba a atentar contra su vida. Entonces, el personal acudió al lugar y procedió a la aprehensión de esta persona de 50 años”, detalló.

Los denunciantes alegaron que suelen ser víctimas de violencia verbal, pero que en esta ocasión ya se concretó la agresión física. “Manifestaron sus padres que esta persona todo el tiempo estuvo en la casa, pero últimamente ya estuvo muy nervioso por cualquier hecho que acontece en el domicilio y esta vez ya pasó los límites”, dijo.

“Esta persona le dijo a sus padres que se retiren de la casa y que si vuelven a ingresar, que atentaría contra su vida. Amenazó también con quemar la casa. Recibimos la denuncia y ya se procedió a la aprehensión de esta persona”, relató el jefe policial.

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La deserción escolar es una problemática que intenta ser revertida mediante acciones que se desarrollan en seis departamentos del país. La falta de cedulación de los menores sigue siendo un escollo central. Además, la pobreza y la violencia intrafamiliar aparecen entre las barreras a ser derribadas para que los chicos vuelvan a la escuela y puedan tener un futuro mejor.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Tenemos como meta llegar a unos 30.000 niños este año”, cuenta Sidney Vasconcelos, especialista en educación del Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia (Unicef).

Lo hace precisando los obje­tivos de ¡Vamos a la Escuela!, un programa al que define como “una iniciativa pionera contra la exclusión educa­tiva”, que se puso en marcha en febrero de 2023 tratando de revertir el cuadro de deser­ción escolar que se verifica en el país.

“La idea es regresar a las aulas a los niños que están fuera de la escuela y atender especialmente a los que están con riesgo de abandono”, pre­cisa comentando que desde 2021 “se trabaja en la iden­tificación de los perfiles y las barreras de la exclusión” con el apoyo de Unicef y la fun­dación Educación por Sobre Todo (Education Above All), de Catar.

“Queremos hacer llegar el mensaje de que la educación es un derecho, no se puede normalizar que los niños estén fuera de la educación y la gente tiene que saber que la escuela tiene las puertas abiertas para recibir a los niños. En cualquier momento del año se pueden ir y solicitar la matriculación de sus hijos, tengan o no cédula, esto es fundamental”, asevera.

Para ello apunta que es prio­ritario que las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada localidad y el sistema de justicia colaboren en afirmar este derecho.

Si bien se esperan cifras pre­cisas para determinar cuán­tos niños están fuera de la escuela, se entiende, por el volumen, que el problema debe ser prioritario en la agenda estatal.

“No podría dar un estimativo porque estamos esperando los datos del censo de 2022″, dice cauteloso Vasconcelos. “Hacemos uso de un dato del Instituto Nacional de Esta­dística (INE). Tenemos que hay 10,6 % de los hogares del país con necesidades básicas insatisfechas, que nos ayuda a tener un panorama”, des­cribe.

Sin embargo, un informe con datos anteriores publicado por el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) y el Unicef apuntaba en 2023 que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años está fuera de la escuela, lo que constituye un uni­verso de aproximadamente 450.000 niñas, niños y ado­lescentes.

Atribuible a razones múlti­ples, la pobreza aparece como el motivo central de la situa­ción. A renglón seguido está la ausencia de programas de asistencia económica e inte­gral que ayuden a la perma­nencia y una baja valoración de la importancia de la edu­cación en los sectores menos favorecidos de la población.

Para revertir la situación, Vas­concelos apunta que ¡Vamos a la Escuela! vino haciendo “acciones sociocomunita­rias y de fortalecimiento en seis departamentos y 28 dis­tritos del país, con lo que asis­timos a más de 23.000 niños, esperando llegar a mediados de este año a 30.000″.

“Lo hacemos apoyando a las comunidades para que pue­dan priorizar el acceso de los niños mediante un proceso de sensibilización y de llegada de información a familias, comunidad, líderes comu­nitarios buscando derribar barreras”, describe recor­dando que la tarea se da en Alto Paraná, Caaguazú, Cen­tral, Concepción, Itapúa y San Pedro.

Si bien el programa no tiene un apoyo económico directo, se trabaja para derivar las familias vulnerables a “pro­yectos sociales existentes por medio de la vinculación entre escuela y el programa Tekoporã para facilitar que familias que no habían acce­dido puedan tener las trans­ferencias porque la pobreza es la principal barrera que identificamos”.

Describe entonces los altos costos complementarios que se dan con la necesidad de “compra de uniformes, el transporte, la alimentación, que hacen que no puedan priorizar la educación de los hijos, principalmente en la primera infancia y la adoles­cencia a partir de los 15 años”, comenta.

Las distancias son otro punto clave en el interior, así como la violencia intrafamiliar, que según expone “requiere de un apoyo a la prevención de violencia, con otros pro­gramas sociales de actuar interinstitucional para que los niños que estamos iden­tificando puedan ser atendi­dos”, señala.

Los niños, niñas y adoles­centes con discapacidad requieren una atención especial, ya que al menos el 10 % del total de la franja etaria está en esa situación. La falta de acceso a servicios y de diagnóstico profesio­nal, limitados entornos de aprendizaje y pedagogías no centradas en el estudiante son algunas de las barreras que contribuyen a la exclu­sión.

Como parte de las activida­des de apoyo, el programa entregó mil computadoras en 175 escuelas “porque si bien sabemos que cada niño aprende a su manera, a su tiempo, el acceso a los recur­sos digitales de aprendizaje es fundamental en este tiempo histórico”, describe Vascon­celos. Lo hace comentando que la tarea fue complemen­tar las instalaciones que ya había hecho el MEC sumando equipos para que los niños puedan acceder a lo digital.

“Una urgencia que tenemos es que los niños aprendan y para ello tenemos que tener a los niños en la escuela”, razona. Los déficits de la enseñanza son otro tema preocupante. “En tercer grado, la mitad de los chicos no podían leer un simple texto antes de la pandemia del coronavirus, así que tenemos que tra­bajar el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemá­ticas porque caso contra­rio vamos a estar alimen­tando la reproducción de la pobreza”, señala.

En este sentido, a través del proyecto fueron evaluados más de 50.000 estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) e identificaron que más de la mitad requiere de un apoyo pedagógico.

Para ayudar en esta tarea, apunta que llegarán a unas 300 escuelas este año. “Bus­cando que los niños se man­tengan en la escuela tenemos 800 nuevos docentes forma­dos, 125 equipos de gestión y deseamos encarar una cam­paña masiva de matricula­ción escolar para que desde cada distrito se pueda vigilar la permanencia de los chicos en las escuelas”, concluye.

La cedulación de los niños sigue siendo un problema importante. “Desafortunada­mente, el sistema tiene barreras adminis­trativas porque no disponer de una cédula de identidad no puede ser un impedimento para que un niño se matricule”, recuerda Vasconcelos.

Reportes de la agencia internacional de 2016 daban cuenta de que “por lo menos un 12 % de los niños no tenían acceso a la cedulación. Esperamos que la situación haya cambiado, en breve tendremos datos actualizados del censo de 2022, pero sabemos que el problema está allí”, dice. “Lo vimos en zonas rurales y en el casco urbano que hay familias ente­ras sin acceso a la cedulación y una persona sin acceso a documentos tiene las puertas cerradas a los derechos”, apunta.

A pesar de ello, insiste en que “la ley dice que sin documento se puede formalizar la matrícula. Así que estamos entrenando a docentes y al entorno educativo para apoyar a la familia para que se pueda inscribir a los niños. Con buen asesoramiento podremos lograr que muchas familias puedan garan­tizar la matrícula de su hijo”, señala.

Representantes del proyecto ¡Vamos a la Escuela! visitaron más de 6.000 hogares durante la campaña con el obje­tivo de identificar a niños y niñas que no asistían a clases y lograr su vuelta a las aulas.

Además, de acuerdo al currículo nacional, el proyecto evaluó a más de 50.000 estudiantes en las competencias funda­mentales de comunica­ción y matemáticas, capa­citó a 1.200 docentes en prácticas innovadoras e inclusivas de enseñanza y aprendizaje, así como logró que 175 institucio­nes educativas imple­menten estrategias para hacer frente a la exclusión educativa.

Asimismo, más de 500 voluntarios apoyaron el proyecto participando de actividades pedagógicas y comunitarias, dedi­cando su tiempo, conoci­mientos y esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas.

Para junio de 2025, el objetivo del proyecto es que 30.000 niños y niñas sean beneficiados de manera directa, por medio de las acciones de ámbito sociopedagó­gico, en los departamen­tos seleccionados.

A nivel local, el proyecto ¡Vamos a la Escuela! cuenta con el apoyo de la Fundación Alda y Global Infancia, que implemen­tan acciones para apoyar la identificación, matri­culación, permanencia y el aprendizaje de niños y niñas en el Paraguay.