Una comitiva encabezada por el fiscal Juan Daniel Benítez fue atacada a tiros, al intentar ingresar al asentamiento Edison Mercado, del municipio de Yasy Cañy. Los tiros habrían provenido de un grupo de 40 personas, aproximadamente, que habrían quedado en la zona boscosa, después del desalojo del miércoles último.
Esto fue declarado por el comisario Calixto López, de la comisaría de Yasy Cañy, según la divulgación de GEN TV. Juan Alcaraz, corresponsal del medio indicó que la comitiva integrada por varios vehículos llegaba al sitio para llevar alimentos a las familias que habían sido desalojadas y se encontraban con necesidades.
El objetivo era también verificar que no hayan quedado personas en el asentamiento desalojado. Al estar cerca, por la Ruta PY03, se produjeron los disparos, según lo explicado por el comisario. Se solicitó la presencia de mayor contingente de policías para proceder al rescate de la comitiva.
“Fuimos recibidos con varios disparos y para no poner en peligro la integridad del personal policial y la nuestra, estamos viendo que determinación tomar; esto implica la belicosidad con la que se manejan estas personas, ustedes fueron testigos, se comportan de manera violenta cada vez que procuramos restituir el Estado de derecho”, dijo el fiscal Juan Daniel Benítez, en un vídeo.
De acuerdo con ese material, que circuló rápidamente en redes, se lo vio al fiscal Juan Daniel Benítez, tratando de guarecerse en medio de yuyales mientras se escucharon los tiros.
Se trata de vídeo que un comunicador, que también se encontraba en el sitio con la comitiva, realizó al fiscal. La comitiva pudo salir finalmente del lugar, tras la llegada de varios grupos de agentes especiales de operación, según se informó preliminarmente.
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Desalojan a vendedores de juguetes del paseo central en Luque
Vendedores de juguetes que se encontraban apostados sobre el paseo central de la avenida Humaitá, en el microcentro de Luque, fueron desalojados por disposición municipal. Los afectados cuestionaron la medida ya que estaban proyectando tener ingresos adicionales productos de la venta por el Día de los Reyes Magos.
Los comerciantes se vieron obligados a desocupar la zona y se ubicaron en las veredas de los negocios en ambos lados de la doble avenida que cruza por la concurrida zona comercial. Esto genera incomodidad a los peatones y automovilistas que circulan por ese sitio.
“Yo no entiendo esto porque en la Navidad y en el Año Nuevo nos cobraron 30.000 guaraníes. Y por qué no nos cobran nomás otra vez y nos dejan trabajar tranquilos”, dijo una vendedora, este viernes, al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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La trabajadora cuestionó que las autoridades municipales ni siquiera se ocupan de limpiar el paseo central, pero exigieron despejar rápidamente a los vendedores. “Mirá lo sucio que está, pero ellos no se calientan. Y a nosotros los trabajadores nos vienen a molestar”, se quejó. “Nos dijeron que salgamos, que no quieren saber nada de los vendedores. Nosotros estamos muchísimos”.
Por su parte, Prisciliano Ayala, otro trabajador de la zona, exteriorizó sus disgustos ante esta situación ya que ellos pagan un canon a la municipalidad por utilizar ese espacio público. “Trabajamos Navidad y Año Nuevo y por cada puesto nos cobraron G. 30 mil. Ellos nos cobran”, manifestó. A su vez el jefe de seguridad de la comuna luqueña, Vidal Giménez fundamentó la resolución municipal: “Hay una ordenanza municipal que prohíbe estar acá a los vendedores ambulantes. Ya fueron notificados”.
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Denuncian falsificación de documentos para desalojo irregular de 10 hectáreas
Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.
Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.
“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
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Amenazas
El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.
“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.
Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.
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Doble identidad
Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.
“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.
Superposición de fincas
Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.
“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.
Único heredero
Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.
“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.
Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.
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Itapúa: presuntos invasores suspenden desalojo con recusación del fiscal
Un procedimiento de desalojo de un inmueble ubicado en la colonia Naranjito, en el distrito de San Rafael del Paraná (Itapúa) estaba previsto para este martes por la mañana, pero debió suspenderse luego de que se comunicara, esta misma mañana, del ingreso del pedido de recusación del fiscal Luis Albertini, a cargo del operativo de constatación de la superficie ocupada por el asentamiento San Francisco.
En conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, el fiscal Albertini comentó que recibieron la noticia de que el representante legal de los ocupantes del inmueble en litigio presentaron el pedido de recusación ya cuando la comitiva fiscal y policial se encontraba en el lugar ultimando detalles para ingresar al sitio.
“El objetivo era realizar el procedimiento de constatación del inmueble con el ingeniero del Ministerio Público, es a los efectos de tomar los planos georeferenciales para contrastar con los títulos presentados tanto por el titular del inmueble, como con los del registro público y los de catastro. En ese sentido, esa tarea no la vamos a poder realizar porque se presentó la recusación” indicó el interviniente.
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Albertini precisó que, tras esta verificación, se debía de proceder también al desalojo de las 40 familias apostadas en el lugar con un total de 33 casas, precisando que estarían habitando unas 80 personas, entre adultos y niños, pero que ninguno de los ocupantes ha presentado título de propiedad o trámite ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que les habilite permanecer en el sitio.
Para el mencionado procedimiento se convocó a un total de 150 efectivos policiales, entre ellos de las divisiones tácticas antidisturbios, linces y montada, provenientes de los departamentos de Caazapá, Alto Paraná e Itapúa.
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A pedido de Senabico desalojaron inmuebles que eran de investigación por el caso Amia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales de Hernandarias, Nathalia Montanía y Víctor Adolfo Santander, encabezaron procedimientos de desalojo de propiedades, a pedido de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que habían sido enajenadas hace un año.
Se trata de bienes que pertenecían al libanés Hussein Mounir Mouzannar, investigado por el caso Amia en la Argentina, explicó a La Nación/Nación Media el fiscal Santander. Sobre el libanés pesa orden de captura internacional y ya el año pasado la Senabico quedó en posesión de sus bienes en Paraguay.
Las intervenciones fueron en las colonias Acaraymi y Toryvete, del distrito de Hernandarias, y acompañaron funcionarios de Senabico, de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público y del consejo de Defensa de la Niñez (Codeni) de Hernandarias.
En una primera propiedad los nativos que ocupaban el inmueble abandonaron el sitio tras el diálogo con la abogada Lorena Céspedes, de Derechos Étnicos de la Fiscalía General. En el segundo inmueble ya no había nadie. Es lo que reportó el personal de la Subcomisaría 19ª de la colonia Nueva Fortuna que acompañó el operativo.
En este sitio, más al fondo de la propiedad, fue aprehendido Carlos Alberto Da Silva Ramos (39), administrador de la estancia, por el supuesto hecho de desacato, siendo remitido a la Comisaría 5ª de Hernandarias, a disposición del Ministerio Público.
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El operativo continuó en la Agroganadera Santa Felicidad, donde la comitiva fiscal y policial fue recibida por Adriana Sandri Pignata, quien dijo ser esposa del aprehendido en la intervención anterior.
A la misma se le informó que la administración del lugar queda provisoriamente a cargo de la Senabico. Igualmente, se le indicó que tiene cinco días de tiempo para que se retiren del establecimiento, según disposición de la fiscal de la causa. Los procedimientos culminaron alrededor de las 14:00 de ayer 7 de agosto.
Acompañaron los procedimientos la directora de Senabico, Rosa Capelo, al igual que Gonzalo García De Zúñiga, de la asesoría jurídica, y Felicia Velázquez, de la dirección de control y bienestar de la citada institución.
También el director de DD. HH. del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego; de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, Lorena Céspedes; y del Consejo de Defensa de la Niñez (Codeni), de Hernandarias, Siria Machuca.
El comisario principal Miguel Pérez, jefe del departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía de Alto Paraná, estuvo a cargo de la dotación policial.