Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

Lea más: El vuelo de Silvio Pettirossi que abrió los cielos del Paraguay

Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

Lea también: Cadete Benítez: su muerte, una supuesta conspiración y el nacimiento de una creencia popular

Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

Lea también: El naufragio de “Don Luis”, una tragedia que marcó a los cimeforistas

Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

Lea además: A 73 años del levantamiento del estado de guerra contra Alemania, destacan aporte al desarrollo del país

El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.