El gobierno de Paraguay informó que ha tomado cuatro acciones concretas, considerando el comunicado del Gobierno del Brasil emitido ayer lunes en horas de la tarde y que confirma una orden de acción de inteligencia contra el Paraguay entre junio 2022 y marzo del 2023. En ese marco, anunciaron que se están tomando las medidas necesarias para lograr una solución al problema, ya que se trata de una grave violación del derecho internacional, el hecho de inmiscuirse en asuntos internos de un país a otro.

En una conferencia de prensa el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, junto al titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, informó sobre las cuatro acciones tomadas, como ser la convocatoria a consultas inmediatamente al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezcan explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil en el período mencionado.

Las autoridades precisaron que el Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos en la fecha de junio 2022 y marzo del 2023, en vista que no existió ningún reporte del gobierno anterior sobre eventos que den indicios de una infiltración.

Confirmaron que quedan totalmente suspendidas de forma indefinida toda negociación relacionada al Anexo C de la Itaipú, hasta tanto el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva brinde las aclaraciones correspondientes al Gobierno del Paraguay. “Estamos ante un hecho histórico que definirá el futuro de la nación. La negociación del Anexo C debe estar revestido de confianza entre los socios”, remarcó el ministro de Industria y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional.

El canciller mencionó que dependiendo de las respuestas que reciba de parte del Brasil a la solicitud de aclaratoria, estarán evaluando la posibilidad recurrir a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto el canciller nacional como el titular del Mitic confirmaron que desde que asumieron el mando el 15 de agosto del 2023, han detectado constantes ataques al sistema informático y tecnológico del país y desde entonces se han tomado todas las medidas correctivas y es justamente el Mitic el que está desarrollando todas las acciones de defensa de todas las informaciones consideradas confidencial. “Nosotros tenemos las informaciones delicadas de nuestro gobierno totalmente resguardadas”, remarcó Ramírez.

A su turno, el ministro Villate señaló que los hechos que ahora son objetos de investigación por parte de la institución a su cargo se dieron entre las fechas ya citadas que coinciden con el período pasado, tanto del gobierno del Brasil como de Paraguay, siendo de junio del 2022 y marzo del 2023.

“Nosotros no tenemos ningún informe relacionado a algún evento que haya ocurrido en esas fechas, ni comunicado de prensa en esas fechas, aludiendo alguna actividad de vulneración alguna, o algún sistema que pudiera tener relación con este hecho. No obstante, iniciamos una investigación para verificar si existió algún evento que pudiera significar algún relacionamiento a esta situación”, explicó Villate.

Remarcó que desde que asumió el gobierno actual se están llevando a cabo todas las acciones necesarias, no precisamente en relación a este evento, sino relacionadas al tema de seguridad. “Hoy lo que está entredicho es qué ocurrió en ese período de tiempo que pudo haber sido vulnerado o afectado”, remarcó.

A su turno, el titular del MIC explicó que las medidas que ahora toma el Gobierno de Paraguay se circunscriben al comunicado que emitió el Gobierno del Brasil, donde confirman que hubo acciones de inteligencia por parte del vecino país contra el Paraguay. Indicó que desconocen el resultado de esas acciones de investigación.

“Al tiempo se tomar la decisión de suspender por tiempo indefinido toda negociación sobre el Anexo C, porque es necesario restituir aquello que es fundamental para la relación bilateral que es la confianza. Somos socios en la mayor hidroeléctrica del mundo. Paraguay es propietaria en un 50 % y Brasil del otro 50 %, estamos ante un hecho histórico que va a definir en gran parte el futuro de nuestra nación. Por tanto, la renegociación del Anexo C debe estar revestida de lo que mencioné que es la confianza”, remarcó.

Giménez se mostró confiado de que el gobierno de Brasil estará brindando toda la información en el tiempo necesario, para que la mesa de renegociación del Anexo C pueda volver a instalarse en el menor tiempo posible.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió una nota a la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Paraguay, expresando su absoluto desacuerdo a la decisión tomada por el Comité de los Derechos del Niño de dicha organización, que resolvió responsabilizar al Paraguay por la muerte de dos niñas durante una operación militar contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el año 2020.

En el descargo de la Cancillería se señala que las conclusiones de este comité se apoyan en facultades asignadas unilateralmente a través de “metodologías internas de trabajo”, que contravienen abiertamente a disposiciones de superior jerarquía emanadas del Protocolo Facultativo, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

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Asimismo, manifiesta que el informe conclusivo fue resultante de la investigación confidencial desarrollada por el Comité de los Derechos del Niño, y la representación diplomática recuerda que, de acuerdo al Reglamento del propio comité, establece que tanto la investigación como los documentos, y actuaciones relacionadas a ella deben tener carácter confidencial. Además, el Comité no tuvo en cuenta la información contextual y sustantiva proveída en su momento por el Estado paraguayo, “lo cual afecta seriamente la coherencia y rigurosidad” de la investigación.

“El Estado paraguayo considera especialmente grave que el Comité haya ignorado su requerimiento, oportunamente remitido mediante MPG/OI/n.° 107/2024, de que todos los documentos y actuaciones de la investigación se mantengan, como corresponde, con carácter confidencial y no sean publicados, por guardar relación con procesos y diligencias investigativas que aún se encuentran en curso en el ámbito de la jurisdicción interna”, expresa el documento.

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La Cancillería solicita a la Misión Permanente en Paraguay que se requiera al citado comité que la nota sobre la posición nacional sea publicada junto con los demás documentos relativos al proceso de investigación. Por tanto, el descargo del gobierno paraguayo rechaza categóricamente la posición que considera “poco objetiva y carente de imparcialidad”.

“Esta situación afecta seriamente la coherencia y rigurosidad de la investigación, por lo que lamentamos que el enfoque del comunicado de prensa del Comité empleó un lenguaje poco responsable, excesivamente generalizador, desbalanceado y terminológicamente impreciso, lo cual pone en duda la predisposición del Comité para entablar una colaboración realmente constructiva y de buena fe”, expresa finalmente el documento.

El gobierno de Paraguay, encabezado por el presidente Santiago Peña, emitió un pronunciamiento mediante el cual ratifica su total respaldo al presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones generales del año pasado.

Asimismo, Paraguay expresa su absoluta condena al actuar del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que este viernes 10 de enero se autoproclamó como presidente de esta hermana nación, para un tercer periodo de mandato, sin contar con la validación de los votos de los ciudadanos venezolanos.

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“El gobierno de Paraguay expresa su total solidaridad con el pueblo venezolano, que lucha por obtener su libertad y volver a vivir en democracia. Exige las garantías fundamentales para todos los habitantes, incluyendo a los extranjeros que residen en dicho país”, expresa parte del pronunciamiento que fue divulgado desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República del Paraguay, en sus redes sociales.

Finalmente, el comunicado concluye reclamando respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asumió este viernes su tercer mandato consecutivo, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado a sus pies.

En la ceremonia de investidura presidencial en la Asamblea Nacional, el líder chavista realizó la juramentación de posesión del cargo, recibió la banda presidencial y el collar con la Llave del Arca del Libro de las Actas del Congreso de 1811.

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El Gobierno de la República del Paraguay emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales, en la que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por el nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de una referente de la oposición en la República Bolivariana de Venezuela.

El pronunciamiento se da luego de conocerse la manera violenta en la que fue detenida la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, mientras encabezaba una manifestación pública en repudio a las intenciones del dictador Nicolás Maduro de juramentar como presidente del país caribeño, este viernes 10 de enero.

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Desde la presidencia de la República del Paraguay expresan que esta nación “condena y repudia el secuestro de la señora María Corina Machado, representante de la oposición venezolana, al término de un acto pacífico de manifestación ciudadana, llevado a cabo esta tarde en Caracas”, expresaron a través de la cuenta oficial en X.

Igualmente, mencionan que, desde el Gobierno de Paraguay, “hacen responsable al régimen dictatorial de Nicolás Maduro por este nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de una referente de la oposición, quien habría sido víctima de un inaceptable episodio de violencia política en su país”, continúa el comunicado.

Finalmente señalan que la República del Paraguay “hace un llamado al respeto al derecho de manifestación pacífica en la República Bolivariana de Venezuela”.

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