La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.

Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.

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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.

El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.

Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.

Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

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El diputado colorado Hugo Meza impulsa un proyecto que establece el marco jurídico para la exoneración del pago de las tasas de peaje en el país. El documento ya fue remitido a las diversas comisiones asesoras de la Cámara Baja para su correspondiente dictamen y posterior tratamiento en plenaria.

Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM, el parlamentario detalló que la iniciativa fue abordada conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y los pobladores de las zonas donde se encuentran asentados los puestos de peaje.

“Durante el receso parlamentario hubo bastante controversia sobre el aumento del precio de los peajes; en realidad, cuando ocurre esto, siempre hay protestas, y en algunos casos son válidas y justas. Esto servirá al Ministerio de Obras Públicas como herramienta jurídica para que, de una sola vez y para todos, se tenga una excepción y no se busque una ley a la medida de una ciudad o de un departamento”, dijo Meza.

El documento, en su artículo 3, contempla exonerar el pago del 100 % para los ciudadanos habitantes de los distritos donde están ubicados los puestos. Mientras que, en su artículo 4, estipula la exoneración del 50 % del pago a los habitantes de los distritos de los departamentos donde están ubicados los puestos de peaje.

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En ambos casos el beneficio solo podrá ser usado dos veces diarias por cada vehículo, es decir, ida y vuelta, y solo en sus respectivos puestos de peajes. “Como ejemplo tenemos el mismo procedimiento que se hace en la localidad de Ypacaraí que mediante un decreto reglamentario se le exonera del pago a quienes tengan la capacidad de demostrar que son ciudadanos y contribuyentes de dicho municipio, presentando su certificado de vida y residencia, patente de rodados, habilitación entre otros documentos”, comentó.

El proyecto de ley también detalla que, en el caso de ambulancias y unidades de emergencia médica, sean públicas o privadas, de fuerzas públicas y de cuerpos de bomberos voluntarios, la exoneración del pago de peaje sería en todos los puestos habilitados en rutas nacionales.

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El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, habló del trabajo del equipo auditor que investiga las circunstancias del fallecimiento de un bebé con requerimiento de terapia intensiva que fue derivado desde el Hospital de Villarrica hasta Asunción. Las acciones se tomarán a resultas de las pericias que incluirán la revisión del historial clínico de la madre así como la atención brindada por los médicos y los medios técnicos disponibles para asistir al recién nacido.

“Esta auditoría va a consistir en un proceso donde se van a revisar todos los aspectos, desde el momento de la recepción de la paciente en el Hospital de Villarrica hasta el hecho lamentable acontecido que es la muerte de la criatura”, señaló el doctor Melgarejo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Dijo que los auditores revisarán todos los detalles referentes al estado en que llegó la embarazada, la atención del personal. “Se va a revisar hasta el último detalle porque este hecho que impactó a la ciudadanía merece un esclarecimiento y merece que la verdad salga a luz”, afirmó.

Melgarejo aclaró que la Superintendencia no puede aplicar sanciones y las auditorías son conclusivas y emiten recomendaciones, por lo que son los organismos pertinentes los que deben tomar las acciones.

“El campo de acción del Ministerio Público sea esto civil, penal, etc., queda en campo de la Fiscalía. No sé si la familia va a accionar o no, pero es un tema ya público. Independientemente a eso la Ley que nos brinda facultades, funciones y competencias nos obliga a tomar decisiones como ésta que es la de auditar y esclarecer la situación”, manifestó Melgarejo.

El exviceministro de Salud adelantó que en el marco de las averiguaciones se solicitará toda la documentación relacionada a la embarazada y el bebé, a fin de verificar si se cumplieron los protocolos de atención.

“Acá hay unos hechos que a mí me llama la atención y que el equipo auditor ya está sobre eso también. Por ejemplo escuché que la madre hace un año perdió un bebé, entonces ese tipo de pacientes el Ministerio de Salud tiene un protocolo para el tratamiento de la prevención de embarazos riesgosos”, subrayó.

Por otro lado, Melgarejo puntualizó que se buscará dar respuesta a la denuncia de la familia por la no utilización de la unidad de terapia intensiva neonatal en el hospital de Villarrica. “El proceso de traslado, lo que dijo la familia, lo que hoy la ciudadanía y es la consulta de todos: por qué no se pudo usar la terapia. Si hay detalles técnicos de porqué no se utilizó, veamos, revisemos esos detalles técnicos, quién autorizó, quién desautorizó. Una serie de cuestiones, buscar dar luz y la verdad en este asunto”, remarcó.

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La Superintendencia de Salud, encabezada por el doctor Roberto Melgarejo Palacios instruyó la realización de una auditoría integral de oficio en torno al caso de un recién nacido que no pudo ser atendido en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional de Villarrica.

Mediante un comunicado, se informa que el procedimiento será efectuado “en atención a la publicación en los diferentes medios de comunicación periodística, así como en redes sociales donde fueron denunciados hechos relacionados a la presunta falta de atención o atención inadecuada al recién nacido, hijo de Rosi Maribel Vázquez y que derivó en la muerte del mismo; a fin de determinar si se cumplieron consecuentemente los protocolos en razón a la calidad de atención en los servicios de salud”.

Detalla a la vez que la Ley 1032/96 que Crea el Sistema Nacional de Salud en su artículo 33 dispone que la Superintendencia de Salud tiene a su cargo la acreditación y el control de la calidad de los servicios, ofrecidos por el sistema de salud pública y privada del Paraguay.

El equipo de auditores estará conformado por un total de 12 funcionarios de la Superintendencia de Salud, quienes deberán organizar y coordinar las estrategias de control y levantamiento de informes requeridos. El grupo está integrado por los doctores José Luis Molinas Noveri, Rebeca Rocío Salerno Chavez, Karina Troche Orué, María Cristina Barrios Battilana y Alberto Benítez Brugada.

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También integran la nomina los licenciados Óscar Galeano de la Huerta, Julio César Riveros Arce y los abogados Eduardo Bartolozzi Gómez, Gustavo Gadea Delvalle, Enrique Daniel Román Rivas, Miguel Arestivo Duarte y Alberto José Villamayor.

El documento indica que la jefatura del equipo de auditores recae sobre el doctor Molinas Noveri, quienes deberán presentar dentro de un plazo de 30 días un informe final. A la vez se recomienda a la Dirección de Administración y Finanzas de la Superintendencia proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la resolución 101/2025 que ordena la auditoría integral de oficio.

El padre del niño, identificado como Abelardo Mallorquín, denunció que no fueron alertados que la unidad neonatal recientemente inaugurada no estaba aún en funcionamiento. “Si me decían, yo iba a buscar”, dijo acongojado, tras recibir la trágica noticia.

El recién nacido tuvo que ser trasladado hasta el hospital materno infantil Santísima Trinidad de Asunción, donde este sábado se constató su deceso, tras ser sometido a un estudio de ecocardio y confirmarse que padecía una hipertensión pulmonar severa.

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