Gracias a las gestiones de la Procuraduría General de la República, se logró reducir considerablemente la multa prevista para pagar al conglomerado industrial Mota Engil por la anulación del contrato del Metrobús, que sumado con sus respectivos intereses daba una suma de USD 19 millones, quedando solamente la suma de USD 2,6 millones. De esa manera, el Estado paraguayo obtuvo un ahorro de más de USD 16 millones.

El procurador Marco Aurelio González informó al presidente Santiago Peña el resultado obtenido del juicio de nulidad parcial del laudo arbitral, en el expediente promovido por el Estado paraguayo contra dicho laudo por sentenciar a pagar indemnización a la firma industrial por la anulación del mencionado contrato.

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El procurador González y la vocera del Gobierno, Paulo Carro informaron al respecto, y remarcaron que esta multa, aun habiéndose reducido el monto, es consecuencia de la decisión que tomó el gobierno anterior de rescindir los contratos de manera injustificada.

En ese sentido, el procurador González informó que en la fecha tomaron conocimiento de la sentencia del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital, que ha anulado parcialmente el laudo arbitral que se impuso al Paraguay.

“A partir de esta resolución se anula parcialmente el laudo y solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones, que tiene que pagar Mota Engil al MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y de la misma manera quedan los USD 2.600.000 aproximadamente, que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de montos retenidos”, indicó González.

El procurador remarcó que ya en su momento había sostenido que iban a dar batalla jurídica a una decisión que consideraban políticamente incorrecto, y económicamente injustificado. Más ahora, con el laudo y este fallo del tribunal de apelación, dan la razones que jurídicamente estuvo desacertada la decisión de rescindir el contrato que tomó el gobierno de Mario Abdo Benítez a los pocos meses de haber asumido la presidencia de la República.

“Las razones por la cuales el Tribunal ha anulado parcialmente el laudo arbitral, es que el laudo se resolvió en violación a expresas disposiciones del derecho paraguayo, como la imposición de tasas usurarias y como la determinación de daños sin probarse, sin justificarse y sin cuantificarse”, acotó.

No obstante, indicó que todavía podrían recurrir a un recurso de aclaratoria o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son los dos últimos recursos que caben contra esta última resolución del Tribunal de Apelación. En cuanto al pago de los USD 2,6 millones a Mota Engil, indicó que se estaría concretando, una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia.

Finalmente, la vocera de Gobierno, Paula Carro señaló que si bien el fallo aún no está firme, se están arbitrando todos los medios necesarios para proteger el patrimonio de los paraguayos. “Como Estado no seamos condenados a pagar una millonaria suma durante este Gobierno, que tiene como origen una decisión política que fue tomada durante el gobierno anterior, que fue en su momento rescindir el contrato de las obras de gobierno del Metrobús”, concluyó.

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Luego de la denuncia por una supuesta millonaria apropiación por parte Anadelia Acosta, ahora exfuncionaria de la Cámara de Diputados, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) señalaron que existe actualmente una deficiencia en el sistema de pago de indemnizaciones que se realiza a través de entidades bancarias.

“Nosotros estamos conmocionados y simplemente esto nos lleva a la siguiente reflexión, estamos en situación de vulnerabilidad de instrumentos públicos en primer lugar, y en segundo lugar de una vulnerabilidad atribuible al banco que debe efectivizar los cheques”, expresó Nelson Medina, asesor jurídico de la Ande.

En este sentido, señaló que la institución no realiza estos pagos abonando en efectivo a ninguna persona, tampoco se emiten cheques al portador, lo que permitiría reducir el margen de que terceros se apropien de dinero que no les corresponde, tal y como sucedió aparentemente con Acosta, quien se habría quedado con parte de los G. 800 millones que pagó la Ande a una familia vulnerable.

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“En todos los casos nosotros hemos emitido un cheque nominal, en el que se consigna de forma clara y contundente la identidad del beneficiario y lleva una leyenda con mayúscula y negritas con el término no transferible. Si el beneficiario no quiere percibirlo en ventanilla, se deposita a una cuenta que tenga a su nombre”, explicó.

No obstante, Medina indicó que el principal problema radica en que los beneficiarios confían en terceras personas y le entregan un poder mediante el cual realizan gestiones, motivo por el que es difícil para la Ande determinar de primera mano si el dinero llegó realmente a las personas que tenía como destino.

“Nosotros no podemos anticipar el desenlace en ese tipo de situaciones, sin embargo, ayer el presidente de la Ande sacó una resolución que dispone que tratándose de pagos administrativos, solamente se va a entregar en propias manos en nuestra sede central y si no puede trasladarse esa persona, porque siempre son personas del interior, vamos a trasladarnos con todo nuestro equipo para que ese cheque llegue a manos del beneficiario”, indicó a la 1080 AM.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, emitió una resolución por la cual se intima a Anadelia Acosta, funcionaria de la institución involucrada en un caso de estafa a presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos. Cabe recordar que sobre la funcionaria pesa una denuncia de apropiación de alrededor de G. 725 millones.

“Intimar a la funcionaria Anadelia Acosta a presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, caso contrario, será considerado como abandono del cargo de conformidad a lo dispuesto por el artículo N.° 68 inciso B de la ley N.° 1.626 de la Función Pública”, reza el documento difundido este 10 octubre.

Asimismo, en esta resolución se responde al pedido de vacaciones de 15 días, el cual fue solicitado por Acosta en medio del escándalo. “Podrá usufructuar vacaciones a partir del 1 de enero del 2025 de conformidad a lo dispuesto por artículo 222 del Código Laboral y en atención a lo dispuesto por el artículo 184 de la Constitución”, estableció la Cámara Baja.

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Este hecho tomó notoriedad a partir de la denuncia por estafa hacia familias de escasos recursos. La funcionaria se habría apropiado de parte de un total de G. 800 millones en concepto de la indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), dinero que tenía como destino a familias de dos personas que habían fallecido por electrocución en la comunidad de Jagua Kaí, en Caaguazú.

Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado, por diferentes medios, evitar presentarse a la Cámara de Diputados. En principio había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y posteriormente presentó médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.

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Luego de que se diera a conocer que dos familias habrían resultado estafadas por sus gestores legales para el cobro de una indemnización brindada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) debido al fallecimiento por electrocución de sus familiares, el titular de la institución, ingeniero Felix Sosa lamentó el hecho, pero aclaró que por parte de la empresa todo se dio según lo estipulado.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad” emitido por GEN y Universo 970 AM / Nación Media, el presidente de Ande explicó que tras hechos donde se dan fallecidos por electrocución, siempre se acercan a las familias primeramente para informarles y luego para darles las indicaciones respecto a cómo son los procesos legales.

Especificó que en ambos casos se informó a la familia sobre que existía la posibilidad de una conciliación administrativa para el cobro de la indemnización, pero que también podían decidir acudir a un proceso legal, el cual es mucho más tardado en cuanto a los resultados, y que finalmente optaron por la conciliación.

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Sosa aseguró que cuando se dieron los decesos, se procedió inmediatamente a realizar los análisis técnicos por parte de los peritos donde se determinó la responsabilidad de la institución, ya que ambos funcionarios fallecieron a raíz de la descarga de un cable de media tensión que se encontraba suelto, por lo que se procedió a emitir la suma de G. 400 millones para cada familia.

“En este contexto quiero aclarar que la Ande siempre actúa en forma ante este tipo de casos; en este en particular se acercaron dos personas en representación de los familiares con un poder legal para poder regularizar los trámites correspondientes para la indemnización”, indicó Sosa.

En la misma tesitura, especificó que en los casos de indemnización la entidad tiene dos opciones para el pago, por un lado el de cheques, los cuales por motivos de seguridad son intransferibles y emitidos al portador y por otro lado el sistema de depósito en caso de que el beneficiario cuente con alguna cuenta correspondiente.

Por otro lado, respecto a la fotografía donde se lo ve en compañía de los representantes legales, el mismo puntualizó que la misma era de una reunión previa que tuvieron por petición de los mismos para conversar sobre los casos que en ese momento asesoraban.

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