Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una comitiva encabezada por agentes fiscales de Asunción y por policías de Cibercimen, realizó hoy el allanamiento de un local en el barrio cerrado Paraná Country Club, de Hernandarias. Incautaron documentos y equipos, siendo desmantelado el lugar que opera bajo el nombre de Croconet S.R.L.

Intervinieron los fiscales Myrian Rodríguez y Miguel Quintana, de la Unidad Especializada contra Delitos de la Propiedad Intelectual y Contrabando, de Asunción, y agentes de Departamento de Delitos Informáticos (Cibercrimen) de la Policía de Alto Paraná, a cargo del comisario principal Diosnel Alarcón.

Fue en el marco del Operativo 451 contra la piratería, en la causa número 503/2024 de investigación fiscal sobre supuestos hechos punibles de violación de derechos de autor y derechos conexos. El allanamiento fue ordenado por el juez Rodrigo Estigarribia.

Existe una denuncia de los representes legales que tienen el derecho de la distribución de canales de televisión y de otros contenidos audiovisuales. El operativo comenzó a las 07:45 en un local ubicado sobre las calles Cerro Corá, esquina Quebracho Norte.

Es lo que informaron los intervinientes esta tarde, en conferencia de prensa realizada en Delitos Económicos y Financieros de Ciudad del Este. La investigación estuvo a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen.

“El operativo pudo desmantelar un esquema de captación, distribución y comercialización ilegal de contenidos audio visuales, supuestamente pirateados de empresas multinacionales, a través de tecnología OTT/IPTV, que permite transmitir a través de aplicaciones en dispositivos terminales móviles o Smart TV Android”, explicó el comisario Alarcón.

Agregó que en noviembre de 2023 ya se realizó una intervención similar en el mismo local. “Esto es parte de la lucha contra la piratería de señales que se viene realizando”, sostuvo el jefe policial.

“El trabajo consistió en poder verificar si, desde ese mismo lugar había equipos o herramientas que permitían hacer la distribución de esos contenidos y, creemos que, dentro de la intervención realizada hemos encontrado indicios suficientes que los peritos tendrán que verificar”, refirió el comisario Alarcón.

“Fue encontrada una infraestructura bastante grande, muy bien montada, cuasi legal, costosa, que permite seguramente a esta empresa hacer la distribución de señales“, remarcó el agente de Cibercrimen.

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La fiscal Myrian Rodríguez dijo que todavía no identificaron a las personas responsables, pero se trataría de una sociedad de responsabilidad limitada y con los documentos incautados determinarán a los propietarios de la firma. La comitiva fue recibida por Gastón Quevedo y la verificación se hizo con presencia de abogados.

En cuanto a si serían los mismos dueños determinados durante la intervención del año 2023 del mismo local, mencionó que, aún no pueden confirmar, pero podrían ser las mismas personas. Agregó que el nombre sigue igual.

Confirmó la incautación de varios equipos con los cuales quedó desactivado el servicio que puede brindar la empresa, según la agente fiscal Rodríguez. En el acto se procedió a “bajar” los servidores a fin de que las señales (sin la autorización de los permisionarios) dejen de retransmitirse.

Fueron incautados 38 descodificadores de señales, 6 servidores, 3 equipos de computación y un celular. También incautaron 192 dispositivos que convierten las señales audiovisuales en datos para transmitir a través de Internet llamados Encoder, un dispositivo de red privada VPN y documentos varios.

La estimación de la pérdida es la siguiente: en infraestructura 500 mil dólares, mientras que la pérdida de rentabilidad anual aproximada, según las empresas multinacionales sería de 4 millones de dólares.

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En el marco de una investigación en prosecución a la búsqueda y localización de una adolescente de 15 años, en la noche de ayer sábado efectivos policiales en compañía de representantes del Ministerio Público allanaron una vivienda en el barrio Buena Vista de la ciudad de Encarnación.

Durante el procedimiento fue aprehendido Floricel Verón Sanguina, de 52 años de edad, y se logró la identificación de la adolescente de 15 años que estaba siendo buscada por las autoridades y sus familiares. También se procedió a la incautación de un arma de fuego, un arma de aire comprimido, gramos de supuesta cocaína, aparatos celulares, una tablet, dinero en efectivo y una placa policial, entre otros indicios.

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Tanto la persona aprehendida como las evidencias incautadas fueron puestas a disposición del fiscal encargado para continuar con la investigación y poder determinar el orden en que se habrían dado los hechos y cómo la joven terminó en la vivienda intervenida.

En cuanto a la adolescente, debido a su edad y dentro del procedimiento de respuesta policial, fue sometida primeramente a una inspección médica para constatar que se encontrara en buenas condiciones de salud y físicas y fue puesta bajo custodia segura, para posteriormente continuar con las indagatorias pertinentes.

Hay que destacar que en el lugar no se encontraban otras personas al momento del ingreso de los efectivos policiales, y por motivos de seguridad se resguardaron los detalles que atañen a adolescente involucrada en este operativo en particular llevado adelante por el personal de la División de Inteligencia y Contrainteligencia Policial de la Regional Itapúa.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió este viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las dispari­dad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investiga­ción Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas prac­ticadas a Gomes.

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De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de Derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

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Tras varias denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) una comitiva fiscal en compañía de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional allanó una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque, en la que funcionaba un depósito de mercaderías de contrabando.

Al llegar al sitio, los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Entre las mercaderías con mayor volumen estaban cajas de aceites, comida enlatada, budines, fardos de harina y de arroz, además de bebidas alcohólicas y yerba mate.

Durante la inspección la fiscal Myrian Rodríguez encontró que en el lugar también había una importante cantidad de bolsas tanto de papel como plásticas, que presuntamente se utilizarían para el reempaquetado de los productos para su posterior redistribución ya bajo otro nombre.

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“Los propietarios manifestaron que algunas de las mercaderías cuentan con factura y otras no, y eso lo que estamos corroborando en estos momentos. Los responsables principales se exponen al hecho punible de contrabando, el cual se tipifica y castiga con una pena privativa de hasta 5 años”, indicó la agente del Ministerio Público en conversación con el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La fiscal mencionó que durante el allanamiento solo se encontraba en el lugar una persona que aseguró que el lugar sería un depósito, donde se reúnen todos los productos para su posterior distribución a otros comercios pequeños de la zona central.

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