La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitu­cionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubi­lación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgá­nica del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde la previsio­nal aclararon que esto no sig­nifica que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argu­mentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad.

Estamos estu­diando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Eco­nómicas del IPS.

El diputado Billy Vaesken explicó en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, el proyecto de ley que pretende crear un fondo especial para el tratamiento contra el cáncer, mediante un aporte obligatorio de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y de seguros médicos privados.

“La idea es hacer posible que enfermedades catastróficas, como el cáncer, tengan una solución inmediata. Las estadísticas nos dicen que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Paraguay; de cada 10 personas que fallecen por cáncer, cuatro pudieron haberse salvado”, señaló el parlamentario.

Vaesken explicó así que el proyecto de ley busca que los aportes a ser recogidos de los asegurados y de seguros médicos vayan al programa de atención integral para pacientes con cáncer y se pueda financiar la compra de medicamentos oncológicos.

“Esto no va a aumentar el aporte al IPS o al seguro médico privado, estamos hablando de G. 40 mil o G. 70 mil por asegurado. La idea es también terminar con los amparos judiciales; tanto el sector privado, como el Ministerio de Salud y el IPS tienen amparos multimillonarios, que les cuestan más caro”, expresó.

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El diputado remarcó que el sistema de aportes a ser instalado con el proyecto de ley, introducirá una situación amistosa entre el sector público y el privado, brindando además mayor solución a la falta de medicamentos que sufre diariamente la ciudadanía.

“Esto irá al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el que lo administrará será el Ministerio de Salud, y los beneficiarios serán todos”, señaló, en referencia a aquellos que no cuentan con un seguro médico y aquellos que poseen incluso un seguro privado muy alto, atendiendo que no existe una cobertura total para enfermos de cáncer.

“Esto hará también que se termine con la actitud mendigante dentro de salud pública. Aproximadamente se recaudaría un promedio de USD 80 millones por año, para compra de medicamentos”, remarcó el parlamentario, quien agregó que la iniciativa ha sido debatida con médicos especialistas y asociaciones de pacientes con cáncer.

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El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el objetivo de cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia planteada contra el extitular del IPS, Vicente Bataglia.

“Transmitimos al fiscal general nuestra preocupación porque su informe contable llega a una conclusión falsa, puesto que la Gerencia Financiera (del IPS) ha dicho una cosa y se concluye otra. Le demostramos con elementos de prueba que consideramos importantes”, indicó González para La Nación/Nación Media.

El asesor jurídico de la previsional manifestó que se ha solicitado la rectificación en la solicitud de desestimación de la denuncia contra Bataglia. Esto, debido a la existencia de una gran diversidad de diligencias con trámite de investigación, por lo cual se debe aguardar el resultado de las mismas.

“No hay un análisis técnico, no hay un análisis contable; pedimos una pericia, la cual no se llevó a cabo, así como tampoco se remitió el informe a la Contraloría como habíamos solicitado. Tampoco se pidió la auditoría del Poder Ejecutivo y así son más de 10 diligencias que debió realizar el Ministerio Público y no lo hizo, lo cual señalamos”, subrayó.

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El asesor jurídico de la previsional indicó que también se ha solicitado acumular las causas en conjunto, teniendo en cuenta que la investigación puede resultar dificultosa al tener en cuenta la apertura de muchas causas independientes. Esto, cuando todas guardan relación una con otras.

“Ahí se pierde la investigación y se trata de elementos de prueba que demuestran que sí hubo perjuicio patrimonial para la institución”, sentenció. La afectación llegaría inicialmente en G. 1.630.414.082.023, pero González puntualizó que falta la conclusión de la auditoría del IPS y varios informes técnicos para determinar el perjuicio total.

El asesor de la institución expresó que, atendiendo estos aspectos, se ha solicitado la auditoría del Poder Ejecutivo. Agregó que se aguardará al trámite de oposición del juez penal de Garantías, al pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia, para la rectificación del Ministerio Público.

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La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

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La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

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En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.