El 6° Foro Nacional de Agua y Saneamiento Adecuado se realizó el pasado 19 de noviembre con el lema Inversiones en agua potable y saneamiento: Soluciones sostenibles frente al cambio climático. El evento reunió a más de 660 participantes en formato híbrido, que incluyó una audiencia presencial y virtual.

Profesionales de diversas áreas, instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y líderes comunitarios participaron en tres paneles temáticos donde se discutieron los principales desafíos y soluciones ante el cambio climático, así como la importancia de fortalecer la inversión en infraestructura sostenible.

Se realizaron paneles para abordar distintos temas, entre ellos el desafíos de los efectos del cambio climático en el sector de agua y saneamiento, que fue moderado por Ana Margarita Ramos de Unicef. Allí se analizaron los impactos del cambio climático en los sistemas de agua y saneamiento.

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Los expertos destacaron las variaciones en los recursos hídricos, la necesidad de una gestión integrada y la inequidad en el acceso al agua, resaltando las diferencias significativas en el uso de agua entre las regiones oriental y occidental del país.

El segundo tema fue las “experiencias regionales en resiliencia climática y agua y saneamiento”, moderado por Paula Burt, coordinadora programática de la Fundación Avina. Allí se presentó los casos exitosos y buenas prácticas en adaptación climática.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de expandir estas soluciones a escala, más allá del área metropolitana de Asunción, asegurando el acceso al agua potable para todas las personas. Se resaltó la importancia del diseño participativo de soluciones de agua y saneamiento considerando las condiciones sociales, culturales y ambientales del lugar.

En tanto, en el panel “Planes, programas e inversiones públicas en adaptación climática para el sector agua, saneamiento e higiene (ASH)”, moderado por Raquel Bertrán, gerente de recursos de Hábitat para la Humanidad Paraguay, se abordó el financiamiento público y las estrategias necesarias para fortalecer el sector con infraestructura resiliente.

Los expertos discutieron la importancia de adaptar los proyectos a los contextos locales y de involucrar a todos los actores en la implementación de soluciones sostenibles.

El foro concluyó con un llamado a la acción, instando a aumentar las inversiones, priorizar soluciones concretas y fortalecer la cooperación para garantizar el acceso al agua de calidad y saneamiento adecuado para todas las personas. El evento estuvo organizado por Hábitat para la Humanidad Paraguay, en colaboración con el Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento (OCASH) y el auspicio de Unicef.

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“Si no se quiere trabajar entonces vamos a constituir la Comisión de Entidades Binacionales que es una unicameral”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez ante la puja desatada entre parlamentarios de ambas cámaras por la titularidad de la Comisión Nacional de Itaipú, que analizará y dará acompañamiento a las negociaciones encaradas por Paraguay ante Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

El impasse en el Poder Legislativo persiste, pese a los diálogos iniciados entre Núñez y el presidente de Diputados, Raúl Latorre. “La ciudadanía quiere que se conforme la comisión nacional para que en el Congreso controlemos lo que el Gobierno negociará. Desde luego que vamos a tratar de conciliar los intereses de ambas cámaras”, indicó a los medios de comunicación.

No obstante, Núñez dejó entrever que el Senado demostró mayor interés por integrar el citado bloque, ya que designó a sus integrantes hace 4 o 5 meses. Sin embargo, la Cámara Baja tomó la iniciativa recién el pasado 15 de octubre.

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Asimismo, el legislador detalló que no se encuentra especificado en la normativa que crea la citada comisión si la presidencia será ejercida de manera alternada. “La ley no dice que un periodo tenga que encabezar un diputado y en el otro periodo un senador. Si es por esto el Parlatino ya se encuentra presidido por los diputados hace dos periodos”, refirió.

Núñez afirmó también que ante la problemática, aún no estableció una nueva fecha para instalar la comisión. “Yo creo que tenemos la capacidad de hablar para no pasar malos momentos, en el sentido de no tener quorum, tenemos muchas actividades por hacer, proyectos de leyes por tratar”, dijo.

La disputa por la presidencia de la Comisión Nacional de Itaipú se da principalmente entre el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Hugo Meza. “Los diputados estamos en condiciones de presidir, es más, en nuestra cámara, hay gente con más votos que en el Senado, donde existen personas que entraron con 6.000 votos e incluso hay suplentes. Tengo la confianza de la mayoría de mis compañeros, pero esto no se trata solo de una persona, se trata de la institución como Cámara de Diputados”, comentó Meza.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PRODesarrollo llevaron a cabo este martes el Foro de Formalización de la Economía, Empleo y Empresas en Paraguay, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector pujante que enfrenta grandes barreras que lo someten a la informalidad. Los altos costos es una de ellas.

Fue uno de los aspectos conclusivos de la actividad realizada en las instalaciones del BID, en Paraguay, con exponentes internacionales y nacionales renombrados, que compartieron los mecanismos para acompañar el proceso de formalización.

Previo a los paneles, el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri, mencionó que la formalización no es tarea de un solo sector, pues requiere del compromiso de todos, por lo que la idea del foro es justamente identificar proyectos transformadores y soluciones integrales.

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Desde PRODesarrollo, Jorge Garicoche y Carla Linares, compartieron datos de la economía subterránea en Paraguay, que al 2023 es de unos USD 23.595 millones, 47 % del PIB local. También que 6 de cada 10 paraguayos están en la informalidad, y que la mitad de los asalariados informales ganan menos de un salario mínimo, con la principal conclusión de que “resulta muy caro ser formal”, según el relevamiento que derivó estos números.

Ante este panorama es que el especialista líder de mercados laborales del BID, Manuel Urquidi, compartió las principales políticas de promoción de formalización recopiladas por el organismo, las cuales tienen que ser paso a paso, mediante programas de emprendimiento.

“No es lo mismo ayudar a nacer que ayudar a crecer, y los programas tienen que ser específicos, enfocados a los emprendedores correctos o identificando a los de mayor potencial. Los programas tienen que estar ajustados a problemas que se quieran resolver”, expuso.

Urquidi resumió que los emprendimientos son formas de inclusión laboral, ofrecen soluciones a problemáticas no atendidas tradicionalmente, y pueden aumentar la productividad, por ende generar empleos de calidad.

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A su vez, el presidente de Cambridge Business Association, Guillermo Ramírez, desarrolló el tema Cómo impulsar negocios y empleo seguro en Paraguay con estrategias probadas por la Universidad de Cambridge, quien arrancó con la pregunta de por qué la informalidad representa el 64 % de la fuerza laboral.

Explicó que la formalidad tiene el estigma de que reduce los márgenes, además de ser costosa, por lo que requiere de capacitación continua para enseñar las ventajas de la formalización, y que el mejor retorno a la inversión es la educación.

Básicamente, en Paraguay existe mucha informalidad por los altos costos en los impuestos y gastos administrativos, que es en lo que se tiene que trabajar para reducirlos, además de aprender a adaptarse a los cambios.

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Seguidamente, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, compartió las buenas prácticas de promoción de emprendimientos en Paraguay, los datos estadísticos del ecosistema y las acciones previstas para aportar a la formalización. De 366.000 mipymes, solo 41.000 son las inscriptas en el Ministerio del Trabajo y el IPS.

Mencionó la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, para que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar. Así también la modificación de la Ley Mipymes, que ven como favorable su aprobación prevista para la próxima semana, para ser más ágiles, afianzar la institucionalidad y reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización.

En el Congreso Nacional se desató una disputa en torno a la presidencia de la Comisión Nacional de Itaipú, que analizará y dará acompañamiento a las negociaciones encaradas por Paraguay ante Brasil en el marco de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú. La titularidad del órgano es reclamada por los parlamentarios de ambas cámaras.

De acuerdo a fuentes del Poder Legislativo, los aspirantes al cargo son Arnaldo Samaniego y el diputado Hugo Meza. Este lunes, debió concretarse la instalación de la comisión, sin embargo, por falta de quórum el proceso quedó postergado.

“Esta es la realidad. Deben estar presentes para debatir y llegar a un acuerdo. Se realizará una nueva convocatoria de acuerdo a nuestra agenda”, sostuvo el titular del Legislativo Basilio “Bachi” Núñez a los medios de comunicación.

Del total de los 16 congresistas que conforman el bloque, solo se presentaron las senadoras Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional.

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Fueron designados en la Cámara de Diputados como miembros titulares Rocío Abed, Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Hugo Meza, Mau­ricio Espínola, Jorge Áva­los Mariño, Carlos Pereira y Raúl Benítez. Mientras que en el Senado fueron elegidos Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Hernán David Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla. Mientras que como representantes titulares del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), fueron electas las senadoras Yolanda Paredes y Noelia Cabrera.

El tratado de la Itaipú fue el instrumento jurídico-diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

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