Familiares de la pequeña Siara, de 8 años, se manifestaron este jueves frente al Ministerio Público para pedir justicia y que se realicen las investigaciones correspondientes en el caso. Hace un año la niña habría ingresado a Urgencias del Hospital Regional de Encarnación a causa de una fractura y falleció.
Sus padres claman justicia en memoria de su pequeña y piden que el médico que la trató no vuelva a atender a otros pacientes. En octubre del año pasado la paciente ingresó a raíz de una fractura en el brazo y acabó en terapia intensiva, donde estuvo hasta el día de su muerte el pasado 19 de junio.
“Estamos pidiendo justicia y que se haga la junta médica para que se sepa la verdad. Queremos saber qué pasó y por qué falleció mi hija. Las autoridades del hospital nunca nos dijeron nada, recién hoy empezaron con la junta”, detalló Romina Ramírez, madre de la víctima, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.
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Afirmó que no quieren que ningún niño o niña vuelva a pasar por esta terrible situación y el pedido es que retiren su registro médico al doctor que la atendió hace un año. “Nos reunimos hoy para pedir que este médico no vuelva a atender a otro niño, que le saquen su licencia. No quiero que a nadie más le pase lo que ocurrió con ella”, apuntó.
Relató que Siara estaba jugando con su patineta y que se cayó el 1 de octubre del 2023. Estando en el hospital le dijeron que sufrió una fractura en el brazo y de inmediato la ingresaron para cirugía. “Salió del quirófano y no estaba tan bien que digamos. Le hablé y en ese momento tuvo un paro, estuvo en terapia 8 meses y luego falleció”, expresó la mujer.
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Salud garantiza la provisión de medicamentos e insumos para niña con AME
Este jueves, desde el Ministerio de Salud respondieron al pedido de la madre de una niña con Atrofia Muscular Espinal (AME) y confirmaron que, tanto el medicamento como los insumos, serán provistos para su tratamiento. Familiares de la paciente se estaban manifestando frente a la institución y amenazaron con llevarse a la pequeña.
Esta mañana, Ana Duarte, junto con otros familiares, llegó hasta el ministerio para solicitar una vez más que puedan ofrecer el tratamiento que requiere su pequeña, para que pueda tener una mejor calidad de vida. La niña fue diagnosticada con AME a los tres meses y ahora tiene 3 años; hasta el momento, no han tenido respuesta para su medicación.
“Mi hija tiene tres años y está conectada a un respirador. Hace un año y ocho meses que salimos del hospital, está con el respirador en casa. Recurrimos a un amparo judicial y fue favorable para mi hija en el mes de junio y hasta ahora no tenemos respuesta”, detalló la mujer, en “Arriba Hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
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Unos minutos después de la transmisión del programa, la mujer recibió la llamada del Ministerio de Salud y también del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Le confirmaron que un equipo está realizando las gestiones para que su hija acceda a la medicación y a los insumos que requiera para su tratamiento. La pareja gasta al menos G. 6 millones mensuales para su niña.
“Me llegó el insumo el mes pasado en el Hospital de Acosta Ñu y este mes ya no llegó. No se hizo el proceso o si no debía retirarlo cada mes. Siempre me dicen que está encaminado y no hay solución. Los gastos en insumos son todos los meses, no como ellos piensan, un mes sí y otro no”, confirmó.
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Reforzarán seguridad en el circuito comercial encarnaceno
Teniendo en cuenta el auge de turistas en la zona de Encarnación y el aumento de las ventas conforme se acerquen las fechas festivas del mes de diciembre, desde la Dirección de Policía de Itapúa lanzaron la campaña “Itapúa te quiero segura”; fue este jueves en la Cámara de Comercio de Encarnación.
El objetivo principal es prevenir casos de estafas a los turistas, hecho que aumenta exponencialmente en esta temporada y a raíz del cual siempre se da un caudal importante de denuncias y quejas por parte de extranjeros. Con este tipo de acciones, tanto la policía como los comerciantes buscan que el circuito encarnaceno sea una zona segura para todos quienes quieran realizar compras.
“En coordinación con la Dirección Policía, teniendo en cuenta que se acercan las festividades de fin de año, seguramente vamos a tener más refuerzos también en la zona, pero trabajaremos en coordinación con los compañeros de la guardia turística, el equipo de Linces y todas las comisarías que forman parte del circuito comercial”, indicó el comisario Julio Vera, jefe de Delitos Económicos.
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Durante la conferencia de prensa, también adelantó que será habilitado un QR a través del cual tanto los compradores o turistas que tengan algún tipo de denuncias respecto al área comercial podrán comunicarse de manera rápida y eficaz con la policía a través del servicio de mensajería de WhatsApp, que estará disponible todos los días las 24 horas para que puedan ser asistidos por agentes en el momento del hecho.
Destacó que con el uso de esta tecnología también se podrá conseguir una mayor trazabilidad de las denuncias y se trabajará en la respuesta rápida de las autoridades; sin contar que servirá para detectar los diferentes casos de ilícitos que se puedan estar cometiendo en la zona.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Comisión Antilavado recurrirá a la Justicia para que ONGs informen sobre uso de fondos
Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.
“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.
Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.
Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).
“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.
El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.
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