Debido a la falta de energía eléctrica persistente desde hace varios días, a raíz de la explosión de un transformador, los alumnos y los docentes del Centro Regional de Educación Juan E’ Oleary, de Concepción, se vieron obligados a suspender nuevamente las actividades escolares.

Según las autoridades de la institución, esta es la segunda ocasión en el año en que se quedan sin energía eléctrica por varios días, debido a la falla de un transformador bien puesto en el lugar. Recordaron que, este equipo fue colocado de manera provisoria por los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tras la explosión del anterior transformador.

Además, la capacidad del mencionado equipo de suministro eléctrico no está adecuada a la verdadera necesidad de la institución, y por este motivo venían utilizando de manera limitada e intermitente los ventiladores y acondicionadores de aire, además de la luz. Esto debido a que, si todos los cursos los utilizan a la vez, se produce una sobrecarga.

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En la mañana de este martes, padres, docentes y alumnos se reunieron en la institución para buscar una solución definitiva a este problema, llegando a la conclusión de que la única forma de continuar dando clases, especialmente en verano, es comprando un nuevo transformador. Sin embargo, este equipo tendría un costo aproximado de 100.000.000 de guaraníes.

“Es una pena que en la institución cabecera del norte tengamos que pasar esto, que nuestros hijos deban pasar por esto. Hasta el momento ninguna autoridad regional se ha acercado y lamentamos que los padres otra vez deban buscar las soluciones, ya que aquí acuden muchas familias humildes”, indicó Raquel González, representante de los padres, en conversación con el corresponsal de La Nación, Ángel Flecha.

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El Ministerio de Minas y Energía del Brasil, a través de su titular Alexandre Silveira de Oliveira, dio a conocer el proyecto de Ordenanza Normativa que establece los lineamientos para la importación de energía eléctrica del Paraguay, en un nivel de tensión de 500kV.

“La energía eléctrica importada será objeto de un Contrato de Comercialización de Energía en el Ámbito de Libre Contratación (CCEAL), firmado por agentes comercializadores autorizados por Brasil, de acuerdo con las normas y procedimientos de comercialización vigentes”, establece uno de los artículos.

Además, se determinó que la totalidad de la energía eléctrica importada no podrá exceder el límite de 100 MW promedio mensualmente, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE). Esto aparte de modular las cantidades de energía importadas.

Dicho aspecto se realizaría a los efectos de la planificación y programación del funcionamiento por parte del Operador Nacional del Sistema Eléctrico del Brasil (ONS) con el objetivo de adaptarse al perfil de carga del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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La ordenanza también determina que la energía eléctrica importada será suministrada de manera continua e ininterrumpida durante todo el período contractual y limitada a las restricciones de energía eléctrica existentes y al perfil de carga en el SIN.

“En caso de restricción eléctrica para la transmisión de generación desde Itaipú y/o la importación de este reglamento normativo, el ONS priorizará la transmisión de energía desde la Central Hidroeléctrica Binacional de Itaipú”, se remarcó, agregando que el comercializador no tendrá ninguna compensación restringida por las interrupciones totales o parciales.

Para los efectos de la comercialización de energía eléctrica, las pérdidas en la Red Eléctrica hasta el Punto de Entrega deberán ser deducidas del monto contratado, observando las normas de comercialización de energía eléctrica vigentes. Se estableció también que los agentes comerciales deben cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas vigentes en Brasil.

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Comunidades indígenas del Chaco, integradas por 130 familias, fueron beneficiadas con viviendas, que cuentan con todas las comodidades hasta servicio de energía eléctrica. Estas edificaciones se realizaron dentro del programa Fonavis del Ministerio de Urbanismo, Viviendas y Hábitat (MUHV).

Se trata de familias que están asentadas en los distritos de Benjamín Aceval, Villa Hayes y Tte. Manuel Irala Fernández del departamento de Presidente Hayes, que desde la fecha tienen una casa digna construida de materiales y con acceso a energía eléctrica que fue instalada por la Administración Nacional de Energía (Ande).

El proyecto desarrolló la ejecución de diversas obras para mejorar la infraestructura que incluyeron la instalación de 40 medidores, mantenimiento preventivo de la línea existente, con reemplazo de postes de palma por columnas de hormigón armado, corte de ramas cercanas a las redes eléctricas y colocación de nuevos equipos de iluminación pública en la zona.

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“Valoro muchísimo ese gesto, de estar siempre dispuesto a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, explicó el presidente Santiago Peña, durante la presentación en la comunidad Toba Qom “QoQmi Nayajnaqta” en Benjamín Aceval.

También fueron beneficiadas las comunidades indígenas “Nueva Promesa” y “La Herencia” (pertenecientes a la etnia Lengua), que desde hoy viernes, cuentan con todos los servicios básicos necesarios para que puedan tener una vida digna, según informaron. Todas estas obras fueron financiadas con recursos propios de la Ande.

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Alba Delvalle (alba.delvalle@nacionmedia.com)

El acceso a la vivienda es una problemática que afecta a cientos de paraguayos, más allá de la serie de alternativas existentes tanto en programas estatales, desarrollos privados y financiamientos, por más flexibles que sean.

Según el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Raúl Constantino, las principales causas por las que no todas las personas acceden a un crédito para la vivienda es la falta de formalidad de la economía y la capacidad de pago debido al alto nivel de endeudamiento.

“Una de las problemáticas más enfrentadas por las desarrolladoras es la informalidad de la economía de las familias. Si bien muchos de los programas para la vivienda se diseñan con importantes beneficios como la facilidad para el acceso a financiamiento y tasa de interés, el problema es que los interesados no cumplen con las exigencias financieras”, expresó a La Nación/Nación Media.

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Consultado si los requisitos financieros son muy extensos o burocráticos, lo cual también es un hecho, Constantino destacó que con la creación del programa Che Róga Porã se sortea eso y habilita incluso a personas o familias con ingresos de un salario mínimo. Pero, los postulantes no están cumpliendo porque en su mayoría no tienen capacidad de pago.

Explicó que esto se da porque las personas están sobreendeudadas o, en su mayoría, forman parte del sector informal, como jornaleros, comerciantes esporádicos o realizadores de oficios. “Uno de los motivos por lo que las personas no están accediendo a los créditos es el ingreso, o por que los productos actuales con los plazos vigentes no calzan para muchos”, agregó.

A lo que sumó que las personas tampoco quieren vivir muy lejos de Asunción, por un problema de transporte y prefieren estar cerca del trabajo, ya que en caso contrario pierden unas 5 horas del día en el tránsito. La otra realidad puesta sobre la mesa es el alto nivel de endeudamiento de los ciudadanos, por lo que no cumplen los parámetros de requisitos de liquidez, explicado además por el costo de vida elevado y una sobreoferta del consumo.

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Para el titular de la Capadei, el programa Che Róga Porã es una alternativa válida, una política de acción social muy grande, que incluso apunta aumentar el techo a G. 500 millones de financiación. Aunque es fundamental que se trabaje en la formalización de la economía para hacer posible que las personas cumplan con los requisitos de acceso al crédito, sostuvo. Unas 6 firmas del gremio están con proyectos activos en el programa.

“Creemos que Che Róga Porã es un proyecto habitacional clave del Gobierno, porque tiene un componente social muy importante. Es una política muy buena, sabemos que hay algunos inconvenientes respecto a algunos ciudadanos que no cumplen con los requisitos, pero esto no solo se da en este sector, sino también para las viviendas más caras porque tenemos problemas de formalización de la economía”, subrayó.

Constantino explicó que si bien gran parte de la ciudadanía trabaja de alguna forma, muchos no tienen cómo demostrarlo, con lo que el programa Che Róga Porã, al ser más que accesible, demostró que la formalización de la economía paraguaya es fundamental. En este punto, remarcó que debe haber mayor conciencia ciudadana, para lo cual también es preciso la educación financiera.

En cuanto al déficit habitacional, Constantino indicó que siempre se habla de un valor histórico de un millón de viviendas, aunque hizo hincapié que en Paraguay existe un gran déficit cualitativo más que cuantitativo. Respecto al primero, se refiere a las familias que tienen sanitarios fuera de la casa, cocina en el mismo lugar que la sala o el dormitorio, o quienes duermen todos juntos en una habitación. La estimación es de unas 700.000 a 800.000 viviendas carentes de calidad.

En tanto que el déficit de cantidad se calcula unas 200.000 viviendas a nivel país, que multiplicado por un promedio de 4 personas por hogar (estarían viviendo en alquiler), se traduce a 800.000 personas. Este segmento es el que encontró en los últimos años solución habitacional en un alquiler, que es lo que permitió equilibrar la oferta y la demanda.

Ante todo este escenario de complejidades para acceder a la vivienda, el referente del sector de desarrolladores inmobiliarios planteó que se debe apuntar a una política pública nacional de fomento real, sobre lo cual ya conversaron con las autoridades de la necesidad que se promulguen créditos hipotecarios sobre el 100 %, con alguna figura como Fondo de Garantía de la Vivienda. Esto se viene planteando hace años, pero no avanza.

A la consulta si es posible esbozar la figura de un crédito hipotecario del 100 %, el titular del gremio aseguró que es factible, tal y como es implementado en otros países, además de la existencia de los seguros y las garantías. Al tiempo de ratificar que el producto u oferta existe, pero el quid de la cuestión es el crédito, que no está pudiendo congeniar con las posibilidades de las personas.

Para un crédito hipotecario, la persona debe demostrar entre un 30 a 40 % de su ingreso para el pago de sus deudas, y un 60 % para los demás gastos comunes. “Acá se ve que el nivel de endeudamiento de nuestra gente es muy alto, con un costo de vida caro y un bombardeo del consumo, con lo que su capacidad de ahorro llega a cero”, subrayó.

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Otro aspecto fundamental por mejorar para lograr mayor desarrollo es la infraestructura urbana necesaria, en la que el país está atrasado en lo vial, en transporte, en saneamiento, dando cuenta de que las zonas o terrenos despoblados para comenzar construcciones que gocen de estos servicios básicos son muy escasos finalmente. Esto implica que muchas de las desarrolladoras deben hacerlo con grandes inversiones.

En este sentido, el titular de la Capadei destacó las mejoras que se realizaron en la calidad de las viviendas sociales encaradas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ya que se evidencian muy buenos productos, aunque la mayor problemática detectada por el gremio es la imposibilidad de los interesados en cumplir los requisitos para acceder a los financiamientos, reiteró.

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• Las principales causas por las que no todas las personas acceden a un crédito para la vivienda es la falta de formalidad de la economía y la capacidad de pago debido al alto nivel de endeudamiento.
• En Paraguay existe un gran déficit cualitativo más que cuantitativo en cuanto a viviendas. En los últimos años, se encontró una solución habitacional en un alquiler, que permitió equilibrar la oferta y la demanda.
• Otro aspecto fundamental por mejorar para lograr mayor desarrollo es la infraestructura urbana necesaria, en la que el país está atrasado en lo vial, en transporte, en saneamiento.