A través de un comunicado, el Instituto Nacional del Indígena (Indi) confirmó que de manera oficial, inicia su proceso de descentralización de sus oficinas, llevándolas a distintos puntos del país, entre ellos al departamento de Caaguazú y en el departamento Central.

“En las próximas semanas inauguraremos la primera sede regional en el distrito de Yhu, departamento de Caaguazú y parte de las oficinas administrativas que funcionarán en la ciudad de Ñemby”, expresa el comunicado de la institución, el cual fue dado a conocer este jueves 24.

Además de esto, también mencionan lo siguiente: “Conforme a nuestro marco normativo, iniciamos un proceso de descentralización tanto de las oficinas misionales de atención como también nuestras oficinas administrativas. Este proceso inicia una nueva etapa acercando al Indi a las comunidades”.

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En cuanto a la oficina ubicada en Ñemby, esta corresponde a una propiedad que fue cedida provisoriamente por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Cabe destacar que la habilitación de esta sede motivó el análisis de la Junta Municipal local, puesto que hay una reticencia ciudadana a que opere en esta zona la oficina del Indi.

Por su parte, desde la Senabico indicaron que el mantenimiento y el cuidado estará a cargo del Indi. “Nuestro trabajo es entregar bajo la figura de acuerdo de uso provisional. Eso se firma entre ambas autoridades y la institución beneficiaria es la que se encarga del mantenimiento y el cuidado, respectivos. Las gestiones municipales en caso que requieran no corren por cuenta de Senabico”, explicó Gonzalo García, asesor jurídico de la institución.

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Tras darse a conocer la propuesta de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de trasladar las oficinas administrativas de la institución hasta un local ubicado en el barrio Rincón de la ciudad de Ñemby, el malestar de los posibles vecinos no se hizo esperar.

Si bien la idea del traslado surgió como una posible solución para lograr que los grupos de pueblos originarios desalojen calles aledañas al Indi y ya no generen caos en el tránsito cuando realizan las protestas exigiendo sus reivindicaciones, ahora los vecinos del nuevo local del instituto se encuentran en pie de guerra, ya que se niegan a tener que pasar por las mismas circunstancias calamitosas que generó el traslado.

“No nos gusta la idea de que se muden acá; estamos reunidos más de 20 comisiones vecinales con las cuales nos mantenemos en contacto y planteamos, inclusive, una manifestación para el próximo sábado. Nuestro temor es que, como hay baldíos aquí enfrente, se instalen los indígenas aquí y ya no se vayan”, comentó Victor Godoy, vecino de la zona, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El mismo precisó que conocen el historial de problemas de estas personas, y que si bien se habla de que se buscan mejorar las condiciones de los mismos, nadie puede darle a los vecinos la garantía de que no se repita el escenario y, por sobre todo, de que si se da la instalación de estas personas, las mismas puedan ser desalojadas por la policía.

Por su parte, Eva Fleitas, otra pobladora de la zona, manifestó que si bien comprenden la necesidad de cambiar la sede del Indi, destacó que esta no puede estar en un barrio como ese, el cual es considerado residencial y cuenta con una población muy alta de niños y adolecentes que pueden estar expuestos a las conductas atipicas de los indígenas.

“Muchos nos mencionaron que esta sería una medida provisoria hasta que se realice una sede más amplia y en condiciones, pero la verdad es que no creemos en que sea una decisión provisoria o si lo es pasará mucho tiempo antes de que cambien a la sede definitiva y nosotros no vamos a tolerar esto”, remacó Eva Fletas en conversación con GEN.

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El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, mantuvo un encuentro con los representantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco con la finalidad de escuchar sus inquietudes y abordar soluciones efectivas.

El titular de la institución detalló que entre los principales requerimientos de la organización, que aglutina a 65 comunidades indígenas del departamento de Presidente Hayes, figuran la provisión de agua potable, caminos de todo tiempo, la instalación de más escuelas, viviendas y servicio eléctrico.

“Ellos irán presentando sus necesidades prioritarias para el próximo 5 de noviembre. Estamos llegando a las comunidades para diagnosticar sus necesidades”, indicó en una entrevista con el programa “Dos en la ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Benegas mencionó que se resolvió la instalación de una mesa de trabajo con otras instituciones estatales en la búsqueda de zanjar la problemática indígena. “Nosotros cumpliremos la función de articuladores. A partir de que nos remitan sus inquietudes nosotros vamos a elaborar un cronograma de actividades y reuniones con las diferentes instituciones del Estado”, expresó.

Agregó que se encuentran trabajando para concretar el traslado de la sede del Indi localizada en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Asunción a otro punto del país, con el fin de buscar garantizar la seguridad a los pobladores de la zona, teniendo en cuenta que varios de los nativos caen en la delincuencia. “También con el firme propósito de crear oficinas regionales tanto en la región Oriental como Occidental”, afirmó.

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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico) expuso ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisa­das de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. La ins­titución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reunio­nes que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a cono­cimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, ase­sor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estan­cias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposi­ción del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas pro­piedades que prohibían la posibilidad de innovar, con­tratar o cualquier otra modi­ficación registral.

“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno cono­cimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publica­ciones del remate, él tenía a la vista el informe de condicio­nes de dominio de la Direc­ción General de los Registros Públicos en el que taxativa­mente hablaba que esta pro­piedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser apli­cado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustra­ción”, manifestó.