Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un conductor por plataforma fue denunciado porque habría intentado abusar de su pasajera, una adolescente de 16 años, a la habría llevado a su casa en contra de su voluntad, luego la manoseó y le sacó su celular, para luego soltarla. Es la denuncia que presentaron la víctima y su padre, residentes en el barrio Obrero de Ciudad del Este, ante la Comisaría 6.ª de Presidente Franco.

El supuesto autor del hecho es Jorge Alexis Villalba Da Silva (26). El hecho ocurrió presuntamente a las 0:30 de ayer 11 de octubre en una casa ubicada en el barrio San Antonio, de la citada ciudad. El caso fue comunicado el fiscal de Presidente Franco, Édgar Benítez.

La adolescente y su padre, se presentaron a la comisaría ayer a las 6:20 y relataron que la adolescente solicitó el servicio de la plataforma digital para dirigirse a su domicilio y minutos después acudió un automóvil marca Toyota Corolla, color azul oscuro, conducido por un hombre. El conductor cambió el destino y llevó a la joven a su casa ubicada en el barrio San Antonio, donde la mantuvo encerrada durante unas 4 horas, según contó la adolescente al personal policial, lapso en que habría intentado abusar de ella. Finalmente la liberó y volvió a su casa.

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Inmediatamente a la denuncia, a las 7:00, ante la citada comisaría se presentó Teófilo Villalba Silguero (57), con su hijo Jorge Villalba Da Silva, a hacer entrega del teléfono celular denunciado como robado por la adolescente. El subcomisario Fernando Valenzuela, subjefe de la Comisaría 6.ª, refirió a La Nación/Nación Media que, el denunciado negó haber intentado abusar de la adolescente, pero confirmó que le despojó de su aparato celular porque no quería pagarle por el servicio de transporte.

Explicó que la joven supuestamente se encontraba en la casa de su amiga en el barrio Tres Fronteras de Franco y desde allí solicitó el taxi para volver a su casa, del barrio Obrero de Ciudad del Este. En ese trayecto habría ocurrido el hecho denunciado. El fiscal Édgar Benítez dispuso que el denunciado sea aprehendido a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

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Una madre acudió hasta la redacción de La Nación para denunciar irregularidades en un caso de abuso sexual infantil. El hecho fue denunciado en el 2021 por el Hospital Acosta Ñu y continúa sin resolverse debido a una serie de negligencias que afectan directamente el proceso judicial, de acuerdo a la denuncia.

El abuso, presuntamente cometido por el tío paterno de la víctima y con la supuesta complicidad del padre de la víctima, está estancado por el manejo irregular del caso y por la falta de acción de las autoridades de Ciudad del Este, donde ocurrió el lamentable hecho.

Entre las irregularidades, la madre cita que la víctima y su hermana (testigo presencial del abuso) participaron de sesiones en el Centro de Atención a Víctimas, pero los informes de estas sesiones nunca fueron entregados a las partes implicadas.

A esto se suma el rol de la psicóloga forense Fátima Flores, funcionaria de la Defensoría, quien fue contratada por la defensa del acusado a pesar de ser funcionaria pública. Esto, a decir de la denunciante, representa un claro conflicto de interés y una razón para solicitar su impugnación.

Según las denuncias, Flores realizó trabajos privados durante su horario laboral, utilizando su posición para favorecer al presunto agresor. Hasta el momento, el pedido de impugnación no fue resuelto.

“Es inaceptable que una funcionaria pública esté involucrada en este tipo de acciones corruptas. Fátima Flores, en lugar de cumplir con su deber de imparcialidad y protección de los derechos de las víctimas, ha trabajado en beneficio del acusado, lo que ha afectado profundamente el desarrollo del caso”, expresó la madre de la víctima.

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Por si fuera poco, la denunciante refiere que la entonces fiscal del caso Vivian Coronel, antes de ser apartada de la investigación, ordenó un estudio del entorno en el que vivía la niña, pero no investigó el ambiente del presunto abusador.

La representante del Ministerio Público solo inspeccionó la residencia de la víctima y la dejó en una situación de vulnerabilidad al no aplicar ningún tipo de medidas preventivas contra el supuesto agresor.

La madre de la víctima sostiene que la inacción de Coronel (cajoneó el expediente por un año) y la negligencia en este proceso, que demanda la máxima sensibilidad y profesionalismo, generaron indignación en la ciudadanía de Ciudad del Este.

El trauma de la niña, que ya ha requerido intervenciones psiquiátricas por la gravedad de su situación emocional, parece haber sido minimizado por quienes debían velar por sus derechos.

A decir de la denunciante, este caso pone en evidencia los graves fallos en la protección de las víctimas de abuso en Paraguay, particularmente cuando las autoridades responsables no cumplen con su rol de defensa. La negligencia no solo agrava el dolor de la familia, sino que perpetúa una cultura de impunidad que beneficia a los agresores.

La menor no solo fue víctima de un crimen atroz, sino también de un sistema que hasta el momento le dio la espalda. La lucha de la familia y de quienes apoyan a la menor continúa, con la esperanza de que las instituciones respondan y la Justicia se haga presente, clama la madre.

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Luego de que se diera a conocer que dos familias habrían resultado estafadas por sus gestores legales para el cobro de una indemnización brindada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) debido al fallecimiento por electrocución de sus familiares, el titular de la institución, ingeniero Felix Sosa lamentó el hecho, pero aclaró que por parte de la empresa todo se dio según lo estipulado.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad” emitido por GEN y Universo 970 AM / Nación Media, el presidente de Ande explicó que tras hechos donde se dan fallecidos por electrocución, siempre se acercan a las familias primeramente para informarles y luego para darles las indicaciones respecto a cómo son los procesos legales.

Especificó que en ambos casos se informó a la familia sobre que existía la posibilidad de una conciliación administrativa para el cobro de la indemnización, pero que también podían decidir acudir a un proceso legal, el cual es mucho más tardado en cuanto a los resultados, y que finalmente optaron por la conciliación.

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Sosa aseguró que cuando se dieron los decesos, se procedió inmediatamente a realizar los análisis técnicos por parte de los peritos donde se determinó la responsabilidad de la institución, ya que ambos funcionarios fallecieron a raíz de la descarga de un cable de media tensión que se encontraba suelto, por lo que se procedió a emitir la suma de G. 400 millones para cada familia.

“En este contexto quiero aclarar que la Ande siempre actúa en forma ante este tipo de casos; en este en particular se acercaron dos personas en representación de los familiares con un poder legal para poder regularizar los trámites correspondientes para la indemnización”, indicó Sosa.

En la misma tesitura, especificó que en los casos de indemnización la entidad tiene dos opciones para el pago, por un lado el de cheques, los cuales por motivos de seguridad son intransferibles y emitidos al portador y por otro lado el sistema de depósito en caso de que el beneficiario cuente con alguna cuenta correspondiente.

Por otro lado, respecto a la fotografía donde se lo ve en compañía de los representantes legales, el mismo puntualizó que la misma era de una reunión previa que tuvieron por petición de los mismos para conversar sobre los casos que en ese momento asesoraban.

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Catorce estados estadounidenses presentaron ayer martes demandas judiciales contra la plataforma TikTok, a la que acusan de atrapar a los usuarios jóvenes con funciones adictivas, y luego dañar sus mentes y violar su privacidad. La ola de demandas en tribunales locales, que exigen medidas correctivas y sanciones económicas, se produce en momentos en que la popular aplicación de videos cortos corre riesgo de ser suspendida en Estados Unidos si no cambia de propietario, actualmente la empresa china ByteDance.

“Nuestra investigación reveló que TikTok cultiva la adicción a las redes sociales para aumentar las ganancias”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado de prensa. “TikTok apunta intencionalmente a los niños porque sabe que los niños aún no tienen las defensas o la capacidad para imponer límites saludables a los contenidos adictivos”, añadió.

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Funciones como los filtros de belleza, el deslizamiento infinito de un video al siguiente, los videos de reproducción automática y los “me gusta”, explotan la curiosidad juvenil y la falta de fuerza de voluntad para parar, sostiene Bonta. TikTok luego bombardea a los usuarios jóvenes con anuncios para ganar dinero, alegan las demandas. TikTok calificó las afirmaciones de inexactas y engañosas.

“Nos hemos empeñado en trabajar con los fiscales generales durante más de dos años, y es increíblemente decepcionante que hayan dado este paso en lugar de trabajar con nosotros en soluciones constructivas a los desafíos de toda la industria”, dijo el portavoz de TikTok, Michael Hughes, consultado por la AFP.

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Hughes citó “salvaguardas” de TikTok que incluyen medidas como expulsar a los usuarios sospechosos de ser menores de 13 años, límites al tiempo de pantalla y configuraciones de privacidad para menores. “Los jóvenes enfrentan problemas de salud mental debido a plataformas de redes sociales adictivas como TikTok”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “TikTok afirma que su plataforma es segura para los jóvenes, pero eso está lejos de ser cierto”, agregó.

TikTok intenta frenar en la justicia la amenaza de prohibición de Estados Unidos, donde tiene 170 millones de usuarios. Una ley que entrará en vigencia a principios del próximo año obliga a sus propietarios chinos a vender la aplicación para evitar la suspensión. Washington sostiene que ByteDance puede acceder -y de hecho accede- a las peticiones del gobierno chino para obtener datos sobre usuarios estadounidenses, y que el grupo cede a las presiones para censurar o promover determinados contenidos en la plataforma.

Fuente: AFP.