Ciudad del Este. Agencia Regional.

En el pabellón incendiado de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este se realiza un intenso trabajo reparación de la planta baja del edificio para poner de nuevo en condiciones a fin de albergar a las personas privadas de libertad (PPL).

En el caso de la parte alta, el área más afectada por el fuego registrado el domingo pasado, lo que se está haciendo es la limpieza. Es lo que explicó el jefe de seguridad, abogado Gilberto Fariña, según el reporte del personal policial de la Comisaría 1a.

Reinstalación eléctrica, servicio de agua potable, colocación de rejas metálicas en puertas y ventanas, son algunas de las reparaciones que están siendo realizadas por el mismo personal penitenciario y un equipo técnico del Ministerio de Justicia.

Las 34 personas que estaban en el sitio denominado casino, ya fueron reinstalados en ese lugar, pero faltan más de cien, de las 153 que fueron sacadas del pabellón (Alta y Baja), en la noche del incendio.

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Terminado el trabajo en la parte baja, volverían unos 50 internos y faltaría todavía reubicar a otra cantidad igual. Por ahora están distribuidos entre el galpón de visitas y los pasillos de otros pabellones, según datos recabados del Penal de Ciudad del Este.

Por su parte, el director Benjamín Ozuna explicó que todo lo que se está haciendo es posterior a la revisión técnica realizada por la dirección de Obras del Ministerio de Justicia y de bomberos voluntarios.

Consultado por La Nación/Nación Media si hubo visitas para verificación del estado de los internos que habían sido evacuados del pabellón, confirmó que estuvieron de visita jueces de la circunscripción de Alto Paraná y representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Explicó igualmente que sigue el refuerzo de la seguridad a nivel interno, al igual que en la parte exterior, con policías y militares, tanto de la Marina como de la División de Infantería en la frontera.

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Cinco reclusas del Buen Pastor fueron trasladadas este viernes a otros centros penitenciarios del país, confirmó el viceministro de Política Criminal, Víctor Manuel Benítez. La decisión se tomó luego de amenazas proferidas contra las autoridades tras un cateo realizado en la celda de Carmen Villalba.

“Es con relación a la última requisa que se había realizado en el pabellón donde se encuentra justamente Carmen Villalba y otras personas donde habíamos tenido resistencia por parte de algunas que también habían amenazado de muerte inclusive a autoridades del Ministerio de Justicia”, señaló a la 1080 AM.

El subsecretario de Estado dijo que se demoró la ejecución de la disposición solo por una “cuestión de logística y el día de hoy se está realizando esos traslados”. Las afectadas son personas muy cercanas a Villalba y que se habían resistido a las requisas, recientemente.

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La resistencia y la amenaza a las autoridades del Ministerio de Justicia fueron elementos considerados para disponer el aislamiento en otras penitenciarías. “Está en pleno desarrollo el traslado y van a ser trasladadas a distintos centros penitenciarios del país”, remarcó.

Los destinos serán las cárceles de Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo y Villarrica que cuentan con una población penal constituida por mujeres. “Es como para dispersar un poco a estas personas”, expresó Benítez.

Con respecto a la situación de la reclusa Carmen Villalba, el viceministro explicó que se optó por mantenerla dentro del Buen Pastor, por una cuestión de seguridad. “El Buen Pastor es una de las penitenciarías que cuenta con mayor control en el sentido de infraestructura y no se cuenta hoy en día con un centro penitenciario de máxima seguridad para mujeres. Entonces, a Carmen no la movimos de ahí”, puntualizó.

El viceministro Benítez manifestó que en el penal de mujeres había un sector subordinado a la exintegrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en tanto otras “por conveniencia o por temor están con ella”.

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Los pobladores del barrio Chacarita de Asunción que se vieron afectados por un incendio se niegan a ser reubicados en un sitio ofrecido por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Municipalidad de Asunción. Condicionan la mudanza a la firma de un acuerdo con los ministros y el intendente de Asunción, y ni siquiera con la prensa quieren hablar.

“Nosotros estamos acompañando desde el día que pasó, desde las 17:00 horas del día domingo estuvimos viendo y gestionando como para tener acción rápida. Cosa que fue lograda con los distintos ministerios y la SEN”, señaló Gustavo Fleitas, de la Dirección del Área Social de la Municipalidad de Asunción, este viernes en diálogo con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El funcionario afirmó que se sigue acompañando a las familias. “Se hizo un preacuerdo con la gente de los distintos ministerios. Obviamente tiene que ser refrendado por los ministros y el intendente de Asunción. Eso se logró el día de ayer (jueves) un común acuerdo de los pedidos que ellos estaban haciendo”, dijo. La idea es que estas personas vayan tanto a los refugios habilitados así como a las casas que se están instalando para reubicarlas. “Estamos haciendo un cruce de datos con lo que tiene la SEN, que tiene 30 casas. Y tenemos que relevar otros datos de los que van a bajar en casas de parientes”, refirió.

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Sin embargo, hay un grupo que está reacio a los traslados. “Ellos no se van a mover, pero solamente hasta que se firme el acuerdo. O sea, el acuerdo se tiene que firmar. Ayer se hizo el preacuerdo con todos los puntos que ellos metieron. Ellos aceptaron el preacuerdo y cuando tenga la firma de los distintos ministros y del intendente se va a venir a firmar con ellos. Y a partir de eso ya corre el resto”, manifestó.

En cuanto a los pedidos de los damnificados, Fleitas detalló que quieren “bañaderas con baños para las familias, lecheradas y la provisión de colchones y camas de dos pisos”. “La gente de la Pastoral Social también está viniendo acá y también se está gestionando el tema de la comida para que estas personas puedan pasar un poco mejor de lo que están pasando ahora mismo”, concluyó.

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En el marco del Plan Sumar, la Vocería de Gobierno presentó parte de las políticas públicas orientadas a la rehabilitación de personas con adicciones. En ese sentido, la vocera Paula Carro mantuvo una charla con referentes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Justicia.

Estuvieron la directora de Salud Mental, Mirta Rodríguez Rossi y el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Victor Benítez quienes brindaron anuncios importantes respecto a las políticas de Salud Mental y el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley, con problemas de adicciones.

Anunciaron que lanzarán la nueva Política de Salud Mental y Adicciones el 19 de agosto próximo y será ejecutada en el periodo 2024-2030. Mirta Rodríguez Rossi mencionó que contempla 4 ejes estratégicos importantes.

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El primero es de gobernanza, el segundo es una red de salud mental y adicciones, que se integrará a la red Integral e Integrada del Servicio de Salud. El tercer punto es la promoción y prevención; y por último, el monitoreo, así como el uso de tecnología en salud mental. Todos los ejes están integrados y complementados al Plan Sumar.

Por primera vez el MSPBS aprueba y presenta un manual de Salud Mental y Adicciones, que se integra a la red de la cartera sanitaria. “Para nosotros esto es muy importante porque se visualiza la necesidad de poder prestar atención y tratamiento de las personas que padecen de estas enfermedades. Así como la promoción y prevención, que son igualmente ejes que se integran al Plan Sumar, que se estarán ejecutando a través de las distintas regiones sanitarias”, explicó.

El Plan Sumar es una respuesta que busca dar el Estado paraguayo bajo el gobierno de Santiago Peña a una serie de cuestiones que están relacionadas con la problemática de las drogas, las adicciones. Tiene un enfoque paliativo y preventivo, sobre todo, trasmite el esfuerzo del trabajo en equipo y colaborativo con el involucramiento de más de 20 instituciones públicas.

Uno de sus componentes es dar respuestas a las personas y familias que están pasando por un problema de adicciones. “El Plan Sumar contra el abuso de las drogas, apunta a la prevención, y la coordinación principal está a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias, pero donde todos los demás actores del Ejecutivo también colabora para la prevención contra el abuso de droga”, acotó.

Busca brindar el tratamiento, rehabilitación y reinserción de las personas adictas, está coordinada con las demás instituciones por el Ministerio de Salud Pública. Otro aspecto es el combate frontal al tráfico, que está coordinado por el Ministerio del Interior, mientras que todo el monitoreo de estos tres ejes está a cargo de la Senad, que se encargará de la evaluación en coordinación con el Gabinete Civil.

Paula Carro señaló que uno de los pasos concretos, próximo a poner en ejecución, tiene que ver con la instalación de una nueva infraestructura que brindará tratamiento a jóvenes infractores, menores de edad, que quedan bajo la custodia del Estado. Esta población se ha marcado como objetivo del Plan Sumar para su tratamiento, rehabilitación y reinserción social. La infraestructura estará instalada en Centro Educativo de Itauguá.

Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, indicó que se estableció ejecutar este plan dentro del Sistema de Adolescentes Infractores. Mencionó que el Centro Educativo de Itauguá cuenta con una infraestructura, que sumado al trabajo realizado con otras instituciones, y teniendo en cuenta el manual de operaciones, los estándares internacionales, se pudo coincidir sobre las necesidades de los adolescentes con sus adicciones, uniendo lo que hace el conflicto con la Ley.

“Unimos ese tratamiento médico mental, con el condicionamiento de seguridad y con esto queremos dar el puntapié a una política pública de Estado real que se está encargando de una vez por todas de lo que es el problema de las adicciones, que sufren los adolescentes, dentro del sistema penitenciario”, indicó.

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Precisó que una vez habilitado este centro de rehabilitación en el Centro Educativo de Itauguá, contará con una capacidad de albergar a 35 adolescentes. Esto permitirá otorgar a los adolescentes las medidas socio educativas, para que no puedan estar con prisión preventiva, sino ingresar a un internado que les permita realizar un tratamiento de esa adicción, lo que lo llevó a cometer el hecho punible”, acotó.

La habilitación de este centro de tratamiento se está logrando gracias a la colaboración de la Secretaría Nacional de Administración Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que dispone que aquellos bienes que eran utilizados por el crimen organizado, pasen ahora al servicio del tratamiento y rehabilitación de los jóvenes adictas.