El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, manifestó que las criminales Carmen Villalba, su hermana Laura y Francisca Andino serán sometidas al régimen cerrado especial en la Penitenciaría de Minga Guazú, localizada en el departamento de Alto Paraná. Detalló que el traslado de las mujeres en el nuevo lugar de reclusión se concretó sin ningún incidente.

“Una de las características de este centro penitenciario y del régimen cerrado especial es que ninguna de las celdas tiene acceso a energía eléctrica. También contamos con los equipos informáticos, electrónicos y de seguridad que detectan la presencia de algún elemento prohibido como ser los aparatos de comunicación”, indicó en una entrevista a la 1020 AM.

Asimismo, el funcionario de Estado acotó: “Durante el traslado de las reclusas, no se reportó ningún incidente en el momento de realizar la extracción y la puesta en el nuevo lugar de reclusión, se realizó con mucha seguridad y profesionalismo. Las quejas son una cuestión del día a día con estas personas, pero en esta ocasión, el operativo inició a muy tempranas horas y no les dio tiempo para que reaccionen”.

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Bajo este régimen de máxima seguridad, las integrantes del autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) estarán encerradas en celdas individuales de dimensiones de 1,5 por 2 metros y tendrán que cumplir con una rutina estricta: permanecerán encerradas durante 22 horas al día, con solo una hora matutina y otra vespertina para actividades de recreación.

Las nuevas medidas obedecen para evitar que las mismas tengan contacto con el exterior y participen de nuevos posibles crímenes. “Este régimen tiene un mayor tiempo en el estadío en las celdas, con pocas horas para el receso, cero contacto entre ellas”, sostuvo.

Indicó que el traslado de las reclusas a la cárcel de Minga Guazú obedece a una decisión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), encabezado por el mandatario Santiago Peña. “Esto se concretó a través de informaciones de las instituciones de seguridad”, comentó.

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La cooperación de los funcionarios penitenciarios con los reclusos, sobre todo con los de alta peligrosidad, es una problemática que todavía es una realidad en nuestro país. No obstante, desde el Ministerio de Justicia afirmaron que se están tomando medidas más serias de modo a erradicar esta práctica corrupta.

“Anteriormente solo se les apartaba del cargo a la gente, pero hoy en día se están remitiendo los antecedentes al Ministerio Público a los efectos de que puedan tener un castigo y ya no vuelvan más al sistema penitenciario”, aseveró Víctor Manuel Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

El pasado sábado 31 de agosto, se realizó una requisa en el Buen Pastor y en la Penitenciaría Regional de Misiones, mediante este procedimiento, se pudo incautar un total de cuatro celulares que estaban en poder de Carmen y Laura Villalba, miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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“Los antecedentes son remitidos al Ministerio Público porque estamos hablando de personas de alto perfil y si estas personas están utilizando los aparatos celulares para delinquir nuevamente, mínimamente estas personas (los guardiacárceles) están cometiendo el hecho de asociación criminal”, detalló Benítez.

De momento todos los funcionarios penitenciarios son sospechosos, afirmó el viceministro, puesto que todavía no se ha determinado específicamente qué grupo participó en la vulneración del control para que las Villalba puedan acceder a los dispositivos. El Ministerio de Justicia habló nuevamente del compromiso que tienen con poner fin a la cooperación entre guardiacárceles y reclusos.

“Lastimosamente esto pasa por la corrupción. Necesariamente tuvo que participar mínimamente un agente penitenciario para hacerle llegar el aparato celular a estas señoras, también los mecanismos de control y requisas, si es que lo estuvieron haciendo, no se hizo de manera correcta. Tenemos que apostar a la formación, a la capacitación, a reiterar e insistir a dejar esos malos hábitos”, expresó.

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El viceministro de Polí­tica Criminal, Víc­tor Benítez, aseguró que va a ser implacable con los responsables de actos de corrupción en las penitencia­rías del país. Incluso advirtió que si involucra a una auto­ridad, podría ser destituida del cargo.

“Nosotros vamos a actuar siempre con lo que corres­ponda. No vamos a apañar ningún tipo de hechos y si hay necesidad de sacarle del cargo a una persona, lo haremos, no vamos a apañar a nadie. Y esa es la línea que mantenemos desde el Ministerio de Justi­cia”, señaló a la 1020 AM.

Se están combatiendo tenaz­mente los vicios y prácticas que provienen de décadas atrás. “Vienen de mucho tiempo, pero la línea de esta adminis­tración es justamente desar­ticular todos estos vicios, no permitir más. Y seguiremos así, una lucha frontal contra la corrupción y contra todos estos hechos que lo único que hacen es desalentar justamente a la sociedad, nos ponen en peligro a todos”, dijo.

Con respecto a los permisos de salidas de algunos reclu­sos, el viceministro habló de la necesidad de reglamentar de modo tal que los directores de cárceles no dispongan sino más bien se autorice a través del juzgado de la causa.

“Es una preocupación que yo ya puse en tela de juicio. Pedí dictamen de Asesoría Jurí­dica con relación a los per­misos particulares que las autoridades de los centros penitenciarios pueden dar a las personas que se encuen­tran condenadas”, expresó.

A su criterio las licencias deben ser dadas “exclusiva­mente por el juez de Ejecu­ción”. “Salvo casos que ya mencionan el Código de Eje­cución que habla específica­mente de tres puntos, pero en un momento menciona nue­vamente: o casos importan­tes. Entonces, lo que para mí puede ser importante, para usted no necesariamente sea importante. Deja muy abierta esa situación y quiero regla­mentar desde el Ministerio de Justicia, a los efectos de que ya no sea atribución de los directores”, manifestó.

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) aprobó el informe de revisión técnica de la Pasarela de la Cultura, mejor conocida como la Pasarela de Ñanduti. En un comunicado, señalan que se trata de la Resolución N° 283 por la cual se aprueba el informe de fecha 29 de diciembre del 2021. El año pasado se generó un escándalo que involucró al ministro Arnoldo Wiens con la pasarela de “oro”, obra direccionada a favor de contratista favorita y con escandaloso sobreprecio, según dictamen de la Contraloría General de la República.

Se trata del contrato suscrito con la empresa Engineering SA, en el marco del “Llamado MOPC N° 153/2019 Licitación Pública Nacional para la construcción de pasarela peatonal entre el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo”. Tras la firma del documento por Wiens, se da continuidad al proceso administrativo, conforme a los resultados del informe que recomienda –entre otras cosas– proceder al descuento de G. 2.199.678.687 tras la verificación técnica realizada.