Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Manuel Rojas Rodríguez presentó acusación contra siete presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a introducir drogas y bebidas alcohólicas, a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Lo hizo ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 1, a cargo de Teresita Cazal.
Entre los acusados se encuentran el exdirector de la cárcel, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, y el entonces coordinador general, Francisco Javier Ramírez Torres, quienes supuestamente permitían el ingreso de grandes cantidades de los productos citados.
También fueron acusados Leonardo Araújo Viera y Jorge Darío Mendoza Penayo, quienes se encargaban de transportar las sustancias prohibidas hasta la prisión, según el escrito fiscal. Enfrentan cargos por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión.
La causa es por tenencia, suministro y comercialización, sin autorización, de estupefacientes en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal para cometer delitos contra la Ley de Drogas.
La nómina incluye igualmente a los reclusos libaneses Ali Issa Chamas y Ali Fouani, así como al brasileño Diego Pedro Barcik, quienes se encargaban supuestamente, de adquirir las drogas y bebidas para su introducción al establecimiento penitenciario.
Tanto Lombardo Cristaldo y Ramírez Torres, como responsables del penal en aquel tiempo, son acusados por complicidad de funcionario público en el suministro sin autorización, de estupefacientes, en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal.
Libaneses habrían liderado el grupo criminal
De acuerdo a la acusación del fiscal Manuel Rojas, Ali Chamas, Ali Fouani y Diego Barcik se habrían organizado con el fin de adquirir, ingresar, distribuir y comercializar estupefacientes y otros productos prohibidos dentro de la cárcel regional.
En ese marco, se presume que Ali Chamas era quien lideraba el grupo, mientras que Ali Fouani coordinaba las actividades como “socio comercial” del primero. Por su parte, Diego Pedro Barcik se encargaba de la adquisición de las sustancias y de la logística para su ingreso al penal.
El grupo contaba con otros miembros que operaban fuera de la penitenciaría, como Araújo Viera y Mendoza Penayo, quienes preparaban y ocultaban los productos prohibidos entre paquetes de otras mercancías (bebidas y comestibles) para llevarlos al reclusorio en una furgoneta.
La entrada de este vehículo era autorizada y controlada por el director Lombardo y el coordinador Ramírez Torres, según la acusación.
Hecho descubierto en diciembre de 2023
El caso se descubrió el 11 de diciembre de 2023, alrededor de las 17:00, cuando la furgoneta de marca DFSK, color blanco, matrícula AABM 192, conducida por Jorge Mendoza y con el acompañamiento de Leonardo Araújo, ingresó por el portón de entrada a la prisión.
Agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional recibieron información confidencial sobre el hecho y comunicaron al fiscal penal de turno, Alcides Giménez. Ni los policías, ni el fiscal pudieron ingresar, debido a la negativa de la Dirección del penal.
El caso fue informado al fiscal Manuel Rojas, quien allanó la prisión junto con la juez de Atención Permanente, Paola Nagele, en la madrugada del 12 de diciembre de 2023. Durante la intervención, se incautaron 4 kilos y 940 gramos de marihuana y se efectuó la detención de los involucrados.
Tras concluir el plazo de investigación, el fiscal Rojas Rodríguez acusó a todos los involucrados y solicitó que sean llevados a juicio oral. Pidió el sobreseimiento definitivo del guardia penitenciario Héctor Mendoza Báez, al comprobarse que no tuvo participación en los hechos.
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