La Cámara Federal porteña dispuso la detención con fines de indagatoria por graves violaciones a los derechos humanos del actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo. Los citados habrían sido responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.
La resolución se dictó contra más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre los que están integrantes de las Fuerza Armadas, de la guardia Nacional Bolivariana y agentes de Inteligencias al servicio del gobierno de Maduro.
Los magistrados que dictaron la orden de detención son Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, acompañando el reclamo de una serie de víctimas.
De acuerdo a los medios argentinos, los jueces hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron, según su resolución que existe en Venezuela, de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
Los magistrados actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.