El senador Dionisio Amarilla, quien preside la Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, arrancó la primera reunión que se enfoca en evaluar a las Organizaciones No Gubernativas (ONG) y el financiamiento político. Explicó que el objetivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candidatura en las últimas elecciones, así como conocer el origen de dichos fondos.

La reunión fue convocada de forma reservada y la primera institución llamada es la del Ministerio Público, que está siendo representada por la fiscal adjunta Matilde Moreno. En la jornada también está prevista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.

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Al respecto, el parlamentario comentó -previo inicio de la sesión- que los miembros de esta mesa de trabajo no cuentan con indicios para acusar a alguna ONG en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.

“Iniciamos con las ONG y financiamiento político para ver si permearon sus fondos hacia ciertas candidaturas, de dónde provinieron esos fondos, si la Justicia Electoral pudo detectar a través de su radar de la Dirección de Financiamiento Político la aplicación de esos fondos”, explicó.

Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focalizado la investigación hacia alguna ONG en particular. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.

“Estamos recabando información, hay datos relevantes que más adelante pueden generar cierta preocupación, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus documentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundaciones”, acotó.

Asimismo, el senador Amarilla, señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando directamente y esa no es la función de esta mesa de trabajo.

“Se está recabando información, se están desmenuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los respectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comisión”, explicó.

Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.

El legislador indicó que en este ámbito se estarán analizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como Conmebol, el caso del presunto narco Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, el caso de los bancos Zeta, Atlas.

“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para analizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo conforme al tiempo que dispongamos”, indicó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

En controles de rutina de la aduana brasileña en la cabecera del Puente de la Amistad fue incautado un total de 390 kilos de marihuana y aprehendieron a cinco personas en flagrancia, según reportó la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Federales), delegación en Foz de Iguazú (Brasil), respecto a dos fiscalizaciones que arrojaron este resultado.

De los cinco detenidos, uno es brasileño y cuatro son paraguayos (un hombre y tres mujeres). Las mismas hacían de acompañantes o pasajeras, un mecanismo utilizado frecuentemente en el paso fronterizo para evitar controles, mostrando que van en pareja o en familia, ya sea con ciudadanas brasileñas o paraguayas.

Uno de los controles fue el 30 de agosto pasado, ocasión en que fueron incautados 322 kilos de marihuana, durante un abordaje de rutina de funcionarios aduaneros, con apoyo de la Policía Federal de Brasil y la Policía Nacional de Paraguay. El vehículo era conducido por un hombre, acompañado de dos mujeres de nacionalidad paraguaya.

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Durante la inspección, fueron encontradas 413 tabletas de drogas en el portaequipaje del rodado, totalizando 322 kilos. El conductor y las acompañantes quedaron presas en flagrancia y derivados a la Delegación de la Policía Federal de Brasil, en Foz de Iguazú, al igual que la droga y el vehículo. Los detenidos están procesados por el crimen de tráfico internacional de drogas, según la Receita Federal.

En otro procedimiento, realizado el domingo 1 de setiembre, en la aduana brasileña del Puente de la Amistad, también en abordaje de rutina, fue incautado del fondo falso de un vehículo, 68 kilos de drogas, distribuidas en 94 tabletas. El automóvil era conducido por un ciudadano brasileño, quien estaba acompañado por una mujer paraguaya. Ambos fueron presos en flagrancia y derivados a la Delegación de la Policía Federal, al igual que el vehículo y la droga.

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El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.

González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.

Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.

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De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.

Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.

Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.

Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.

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Tras un trabajo de investigación agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con el acompañamiento de funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), intervinieron un depósito en la madrugada de este martes. En el lugar se encontró aproximadamente 40 toneladas de tomates presuntamente de contrabando.

El depósito intervenido se encuentra en inmediaciones del Mercado de Abasto y según los intervinientes serviría como punto de acopio de la carga, en donde no solo se almacenaba, sino que se hacía el cambio de empaque, pasando a cajas con inscripción de procedencia paraguaya.

Fueron incautadas unas 40 toneladas de tomates, la carga provendría de Brasil, teniendo en cuenta sus empaques originales. El producto habría ingresado por la frontera y fue trasladado hasta el depósito en ubicado en la capital, desde donde se presume se abastecería a otros comerciantes con este producto de manera ilegal.

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“Desde la frontera hasta acá se hizo el seguimiento para poder dar con el propietario final realmente de estos productos que están ingresado de forma ilegal y así dimos con una muy buena cantidad. En lo que va del año es el más grande golpe al contrabando de tomates”, indicó el jefe de intervención por parte de la (DNIT) Julio Martínez en conversación con canal Trece.

Por su parte el fiscal interviniente Miguel Quintana remarcó que es bastante común cuando se habla de contrabando de mercaderías en especial frutihortícola que se haga el cambio de cajas o empaques para así mimetizarlas dentro del mercado nacional y poder venderlas de manera más rápida y sin levantar sospechas de las autoridades. No obstante, confirmó que estos productos carecen de los documentos que avalan su procedencia.

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