El Ministerio de la Mujer desarrolló el seminario internacional “Por una vida libre de violencia para las mujeres indígenas”, en el que se presentaron los resultados del proceso de diálogo entre mujeres de diferentes pueblos y entidades del Estado desde el 2022 al 2024, con el objetivo de atender y prevenir la violencia en las instituciones.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de la Mujer, el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible en Paraguay, implementado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) con apoyo de la Unión Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El encuentro inició con las palabras del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Juan Ramón Benegas, quien expresó que la violencia contra las mujeres indígenas va más allá de lo físico y comprende una realidad muchas veces invisibilizada, como la exclusión y la discriminación.

“Esto afecta profundamente a las mujeres y pone en riesgo la cohesión social, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Enfrentar este desafío exige un esfuerzo conjunto y coordinado, en el que el respeto por los derechos humanos y la cultura indígena sean los pilares de nuestra acción, para así devolverles una vida digna y libre de miedo”, mencionó.

En el seminario explicaron que los trabajos realizados en los últimos dos años consistieron en reuniones con mujeres indígenas de diferentes etnias y edades con el objetivo de conocer sus vivencias en relación a la violencia, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellas, así como las estrategias implementadas; identificar las barreras existentes y buenas prácticas por parte de las instituciones del Estado como la policía, centros de salud y juzgados de paz, entre otras; y construir participativamente una propuesta de abordaje integral, respetuosa y no discriminativa.

“Agradezco a las mujeres que nos permitieron trabajar con ellas y al equipo del Ministerio de la Mujer por su labor silenciosa y comprometida, enfocada en resolver un problema histórico. Este es solo el primer paso, hemos establecido mesas con instituciones y producido el manual de funciones, pero reconocemos que aún queda mucho por aprender, mejorar y fortalecer en la atención a mujeres, especialmente indígenas, que sufren violencia. Confío en que pronto podremos reunirnos nuevamente con avances concretos en los compromisos y acciones acordados”, añadió Cynthia Figueredo, ministra de la mujer.

Javier García Viedma, embajador de la Unión Europea en Paraguay, destacó el trabajo realizado por las instituciones y las mujeres indígenas y anunció la continuación del apoyo de la organización. Añadió además que “las mujeres indígenas tienen una doble condición de vulnerabilidad, a lo que en ocasiones se añade la vulnerabilidad económica y exclusión social. Tanto la comunidad internacional como la sociedad paraguaya tenemos que trabajar juntos para promover un enfoque que respete su identidad, sus tradiciones y sus derechos”.

Daniela Benítez, representante de la Articulación de Mujeres Indígenas, explicó que en el proceso que se llevó a cabo el objetivo fue conocer a las autoridades y sus protocolos, entender cómo funcionan las instituciones públicas y cuál es el contenido de esos protocolos.

“Hemos identificado que la violencia no solo es física, sino que también se manifiesta en la forma en que se percibe y se trata a las mujeres indígenas cuando acuden a las instituciones. Por ello, hemos realizado una evaluación del accionar de las instituciones públicas y, a partir de ahí, decidimos dar el siguiente paso que fue dialogar directamente con los encargados y directores para conocer sus opiniones, experiencias y los obstáculos que enfrentan cuando una mujer víctima de violencia acude a ellos en busca de ayuda”, reseñó.

Por su parte, Verónica Heilborn, oficial de género, adolescencia y juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, comentó que el proceso se hizo con el acompañamiento de organizaciones indígenas, pero sobre todo con el liderazgo y el empuje del Ministerio de la Mujer, lo que fue sumamente enriquecedor para todas las partes.

“A las mujeres indígenas les resultaba muy valioso tener representantes del Ministerio de la Mujer y del INDI que acompañen, que escuchen genuinamente, y a las instituciones públicas les resultó sumamente rico escuchar de primera mano, comprender mejor cuales son las demandas, las brechas, los espacios que no se estaban cubriendo. Todo esto nos llevó al último paso, sentarnos a conversar en mesas de trabajo”, precisó.

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El proceso de trabajo arrojó que los principales factores institucionales que influyen en la violencia incluyen las actitudes y procedimientos frente a las denuncias, el conocimiento limitado que tienen las entidades públicas sobre las comunidades indígenas en los territorios y la escasa presencia del Estado en las zonas donde se encuentran estas comunidades.

Por otra parte, los logros alcanzados abarcan la construcción de una propuesta de abordaje integral con una perspectiva de derechos e intercultural, la elaboración de un manual de capacitación para el funcionariado público sobre cómo abordar la violencia hacia las mujeres indígenas, y la consolidación de compromisos y acciones concretas para combatir la violencia en estas comunidades.

“Nuestro país enfrenta retos, números e indicadores que son muy elocuentes en todos los tipos de violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, pero esos indicadores se reflejan de manera mucho más cruda cuando se trata de niñas, adolescentes y mujeres indígenas”, manifestó Rocío Galiano Marés, representante nacional del UNFPA.

“Ahora, el reto principal es que esos compromisos se puedan volcar en instrumentos de política pública que puedan hacer que esos acuerdos sean implementados en todos los territorios de nuestro país, para eso nos queda un poco más de esfuerzo. Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas ratificamos nuestro compromiso de seguir acompañando al Ministerio de la Mujer, al INDI y a las lideresas indígenas que están llevando adelante este proceso para que esas herramientas se den en el tiempo y en el momento más breve”, agregó.

Por su parte, Pilar del Barrio, coordinadora del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible en Paraguay, señaló que el trabajo realizado busca ir más allá de simples acuerdos formales, convirtiéndolos en acciones concretas. “Este pacto tiene elementos de una política pública transformadora por su voluntad de trascender los acuerdos formales en propuestas concretas. Las lideresas indígenas de todo el país han dado su tiempo, han nombrado lo que les daña, que son el racismo y la discriminación sistémica detrás de cada acto de violencia que se ejerce contra ellas”.

El seminario también contó con la participación destacada de Mariana Yumbay, parlamentaria Kichwa de la Asamblea Nacional del Ecuador, doctora y abogada, magíster en derecho penal y reconocida defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas, quien habló de la situación de exclusión que han vivido los pueblos indígenas a lo largo de la historia y el papel de las mujeres en la lucha por el reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas.

“Solo después de lograr esa concreción, ese reconocimiento a los derechos como pueblos indígenas se han concentrado en la lucha por los derechos específicos como mujeres, esa es la realidad”, subrayó y enfatizó en la necesidad de que el Estado trabaje en políticas públicas que tengan un enfoque de interculturalidad, que puedan ayudar a que los pueblos indígenas puedan acceder a una educación y servicios de salud de calidad y ayuden a disminuir la pobreza.

Asimismo, Óscar Ayala, abogado y defensor de derechos humanos, hizo una introducción a las obligaciones del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos y, más detalladamente, de los pueblos indígenas.

“Cuando hablamos de derechos humanos, solemos enfocarnos en los derechos inherentes a la dignidad de toda persona, sin embargo, los derechos humanos van más allá, implican también un conjunto de obligaciones que guían la organización del Estado y la actuación de sus autoridades. Estas obligaciones incluyen la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas”, concluyó.

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