Las obras del Gran Hospital del Sur se encuentran en un 97 % de ejecución y se espera que para mediados del 2025 pueda estar completamente operativo, informó el doctor Juan María Martínez, director de Sétima Región Sanitaria, al describir los avances de la construcción en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo970 AM/Nación Media.

“Estamos realmente muy entusiasmados. Hay trabajos ya de terminación, como pintura, arreglo de detalles y, de acuerdo a los voceros de las empresas encargadas, faltan algunas semanas para que terminen estás etapas que tienen que ver con la obra edilicia y queda pendiente aún el acceso, el contrato incluye el acceso de doble vía con pavimento asfáltico desde este lugar hasta la Ruta Sexta, que ahora se está iniciando”, indicó el doctor Martínez.

El médico explicó que el equipamiento y la provisión de recursos humanos están a cargo del Ministerio de Salud, y que desde la institución ya están previendo para que el hospital cuente con todo lo necesario en materia de implementos médicos así como más personal, ya que se estiman que necesitarán al menos 3.000 trabajadores de blanco, puesto que también los servicios con los que se cuenta en la sanidad pública serán ampliados.

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“Esto va a marcar un avance importante en todo lo que tiene que ver en salud pública no solamente en Itapúa, sino que en toda la zona sur del país va a tener una influencia muy significativa para más de 1.000.000 de personas, hablamos inclusive de misiones, Caazapá el sur de Alto Paraná, Ñeembucú también”, remarcó el doctor Juan María Martínez a través de las pantallas de Nación Media.

El Gran Hospital del Sur contará con áreas de urgencias, área quirúrgica, ginecología, obstetricia e internados, además de unidades de terapias intensivas, laboratorio, imágenes, anatomía patológica, morgue, hospital día, diálisis, farmacia, espacio de desarrollo infantil temprano entre otras.

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• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Lamentablemente seguimos teniendo a nivel país cientos de centros educativos en malas condiciones. No es nada nuevo, pues desde hace décadas la desidia y el abandono se apoderaron de las mismas, habiéndose incluso lamentado en varias ocasiones accidentes.

La eterna excusa ha sido que los recursos presupuestarios son insuficientes para poder atender las ingentes necesidades que siempre son ilimitadas.

Si bien el MEC cuenta dentro de su estructura organizacional con un departamento que se ocupa del seguimiento/monitoreo de la infraestructura de los mismos, los resultados obtenidos hasta ahora han sido limitadísimos, por lo que esperemos que a través de una alianza estratégica con el MOPC sea este el que se ocupe y se preocupe a través de su equipo de ingenieros y arquitectos, permitiendo tener una “radiografía” en tiempo oportuno de todas las escuelas y colegios que precisen mejoras sustanciales en su estructura edilicia, incluido los mobiliarios básicos, que permitan a los alumnos sentirse cómodos para que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje recibido de los maestros nuestros chicos puedan entender y comprender las materias desarrolladas.

El programa Hambre Cero que está llevando adelante el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, gobernaciones y municipios del interior del país es destacable, pero por más que satisfagan las porciones nutricionales no se puede dejar de lado la necesidad que nuestros chicos cuenten en sus escuelas y colegios con una infraestructura que les permitan la confortabilidad necesaria para un aprendizaje efectivo, eficiente y eficaz.

La reciente presentación al Parlamento del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 incluye entre las prioridades del Gobierno, al sector educativo, que esperemos no solo se circunscriba al mejoramiento de la infraestructura, sino que también se les exijan a los maestros a que se capaciten permanentemente para que lo que se los puedan transmitir en las aulas a niños y jóvenes, les puedan ser útiles a futuro en sus vidas personales y profesionales.

Nuestro PGN históricamente ha observado un desequilibrio en su estructuración, ya que uno de los sectores más carenciados a nivel país ha sido la calidad educativa, cuando que en contrapartida otras instituciones estatales suelen recibir cada año millonarios recursos para el pago de sueldos y otros beneficios a una superpoblación de funcionarios, muchísimos de ellos percibiendo ingresos mucho más allá de lo que se merecen por capacidad e idoneidad con un perfil académico limitadísimo, muchos de ellos apenitas con el ciclo medio concluido.

El MEC hasta ahora no ha podido cumplir a cabalidad con sus fines misionales. Nuestra realidad es que históricamente no hemos llegado a invertir tan siquiera el 3,5 por ciento del PIB en educación, cuando que lo mínimo para que puedan verse resultados no debería ser menor al 7 por ciento.

Esperemos que la Ley del Servicio Civil permita una verdadera depuración y racionalización en instituciones de los 3 poderes del Estado, de la multitud poblacional de capital humano, más allá de nuestras reales necesidades, en plena era de la tecnología, donde el trabajo del hombre no será eliminado, sino racionalmente sustituido por los procesos digitales.

Con una buena coordinación directriz, todos los proyectos pueden llevarse adelante en tiempo y forma, siempre y cuando se dé la voluntad política necesaria.

Nuestra calidad educativa es clave para que podamos tener un país que progrese, crezca y se diversifique en diversas áreas de nuestra sociedad, más aún ahora en que por fin hemos alcanzado el anhelado grado de inversión que hará que los inversionistas extranjeros se aboquen a la búsqueda de capital humano de calidad.

Una buena calidad educativa, junto a una salud pública que satisfaga las necesidades de nuestra gente, se constituye en 2 pilares primarios para la consecución de objetivos y metas cuali/cuantitativas, puesto que de poco o nada serviría tener buena infraestructura vial si en contrapartida no podemos hacer uso efectivo de las mismas al carecer de salud y educación a los niveles deseados.

La fiscal Marlene González reveló el modus operandi descubierto durante las investigaciones del caso “detergentes de oro” iniciado hace cuatro años que derivó en la imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas, que en su mayoría ya no son funcionarios de la comuna.

Para la agente del Ministerio Público, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia del covid-19 que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.

“Es una de las causas muy complejas que se tienen en Delitos Económicos. Aquí no solamente está gente de la Municipalidad, sino mucha gente que están como proveedores particulares del municipio, personas que ya habían estado proveyendo en otro momento otros productos al municipio, específicamente en esta Dirección de Gestión de Riesgos”, señaló González a la 1080 AM.

Dijo que el intendente era el presidente “o cabeza de esa dirección”. “El no puede alegar desconocimiento de lo que se estaba manejando dentro de esa Dirección de Gestión de Riesgos, porque era la cabeza nuevamente de esa dirección. No se lo pudo abstraer de esa responsabilidad”, acotó.

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La fiscal afirmó que cada una de las 22 personas imputadas tienen un rol específico y “está demasiado bien descrita en la imputación”. Aseguró que se obtuvieron sospechas “muy fundadas” que derivaron en la imputación, aunque aclaró que todos tienen el derecho al descargo.

La funcionaria de la Fiscalía detalló la forma como operaban los imputados. “Se ha constatado que también han sido proveedores en algún momento de la Municipalidad. Por ejemplo está la familia Cano que tiene sus afines ya dentro de la Municipalidad”, remarcó.

“Nosotros específicamente hicimos esta imputación en base a unos productos franceses. Hay un solo proveedor en nuestro país y Aduanas registró que otras empresas han ingresado en el país esos productos”, manifestó.

González puntualizó que la Fiscalía tiene sospechas fundadas que serán demostradas en el proceso de que “el señor intendente es la cabeza de esto”. “Nosotros tenemos que demostrar y construir con estas sospechas que tenemos, de demostrar la lesión de confianza y la asociación criminal. Son situaciones que se van a ir dirimiendo a lo largo de esta etapa”, puntualizó.

La decisión del Ministerio Público se dio a conocer el lunes por la noche y formularon imputación los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González.

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El Presupuesto Gene­ral de la Nación (PGN) 2025 prevé una inver­sión de G. 7,2 billones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El ministro de Economía y Finan­zas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, aclaró en GEN/Nación Media que las obras de infraestructura no solo dependen del Estado (MOPC) sino de las inversiones que rea­lice el sector privado.

Precisó que el anterior gobierno gastaba el 3 % del PIB en obras, mientras que el sector privado cerca del 18 %, una diferencia impor­tante que evidencia que el rol estatal es tener reglas claras del juego y que en el campo sea el privado el mayor pro­tagonista. “¿Dónde está la importancia del Estado ver­daderamente? El efecto dina­mizador de obras en el país, el que mueve la aguja, el es sec­tor privado por la cantidad de inversiones que realiza. El Estado va a poner en con­diciones el campo de juego, pero ellos juegan el partido”, expresó respecto a críticas por la partida presupuesta­ria que asignó el gobierno a Obras Públicas.

DIVERSIFICACIÓN

Fernández Valdovinos ase­guró que se debe “salir de la visión miope” de que solo el MOPC invierte en obras, ya que el PGN 2025 contempla mayor rubro para la Adminis­tración Nacional de Electrici­dad (Ande) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi­tat (MUVH). El primero, para continuar con el plan maes­tro, y Urbanismo para seguir invirtiendo en programas habitacionales.

Otro punto que destacó fue el negocio que se llevó a cabo con Brasil por la tarifa de Itaipú, que dará a Paraguay ingresos por USD 650 millones anual­mente, de los cuales, cerca de USD 350 millones se destina­rán a obras y sectores socia­les, como la construcción de varios hospitales, la dupli­cación de la ruta que va al Aeropuerto Silvio Pettirossi, al igual que la ruta Tape Tuja en Luque. “Tenemos rigide­ces en el PGN, pero no pode­mos gastar por encima de lo que se debe. Hoy existen nue­vas formas de construir, por ejemplo, vía asociación públi­co-privada (APP). Ellos van a estar mejor así (sector pri­vado), porque lo que hagan se les va a pagar, no como en el anterior gobierno, que hacían todo, no se les pagaba y termi­naban ganando los bancos”, aseveró.

Respecto a la deuda, explicó que es reflejo del déficit fiscal. La única forma de cortar el endeudamiento es bajando el déficit, algo que está pensado por el gobierno con el plan de convergencia fiscal, que esti­man llegarían al tope de la Ley de Responsabilidad Fis­cal (LRF) en 2026 con el 1,5 %. Este año cerraría con 2,6 % y el 2025 con 1,9 %. “Natu­ralmente, a medida que vaya cayendo el déficit, también va a disminuir la deuda”, reiteró.

Se estipula una reasignación para Hambre Cero con un presupuesto previsto de USD 300 millones.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado ante el Congreso para lo que será el periodo 2025 es de unos G. 132,9 billones, o lo que serían USD 17.557 millo­nes, que viene con un incre­mento del 14 % respecto a lo aprobado para este 2024, un aumento de más de USD 2.000 millones.

Al respecto, el vice­ministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, mencionó que el PGN se divide en dos gran­des segmentos, por un lado, la Administración Central que incluye al Poder Ejecu­tivo, el Judicial, el Legisla­tivo y los órganos de control. Y, por otro lado, las entidades descentralizadas que tienen gran prioridad.

La suba total es poco más de USD 2.000 millones, concentrado prefe­rentemente en un 52 % en las entidades descentralizadas, específicamente en 3 institu­ciones, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Admi­nistración Nacional de Elec­tricidad (Ande) y el Instituto de Previsión Social (IPS). Esto, además de los ejes principales como educación, salud, segu­ridad y sectores vulnerables.

BNF tiene un plan de negocios conforme al incremento para el mayor alcance en el otor­gamiento de nuevos créditos, con más de USD 400 millones para toda la cartera de clien­tes, con un impacto impor­tante de Che Róga Porã. Para el caso de la Ande, el aumento es para un plan de inversión en el sector eléctrico, principal­mente al sistema de transmi­sión y para dar continuidad es que se estableció el incremento de más de USD 300 millones, para la cobertura de estos pro­yectos.

Y en el caso del IPS, el mayor presupuesto es para cumplir con sus obligaciones de la caja de pensiones, por un desfasaje de casi USD 200 millones entre lo que se aprobó para este año y lo que se va a terminar pagando. En tanto, a lo que amerita a la Administra­ción Central, el incremento en el PGN 2025 es de 10,6 %, para abarcar los sectores prioriza­dos por el Gobierno, como edu­cación, salud, seguridad y aten­ción a sectores vulnerables.