Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, imputó a un ciudadano brasileño que habría propinado una brutal golpiza a su pareja, tras una discusión que mantuvieron en el interior del apartamento donde residían.

El imputado está identificado como Guilherme Ramirys Prato do Carmo (20), quien enfrenta el proceso por el supuesto hecho punible de violencia familiar y se encuentra privado de libertad en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2024, a las 02:00 aproximadamente, en el edificio Palladio Eco Tower, ubicado en la calle Capitán Bado, de Ciudad del Este. La víctima sufrió diversas lesiones. De acuerdo al relato evidenciado de los hechos, la mujer llegó al lugar donde residía con Guilherme Ramirys, iniciándose una discusión.

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Luego, el joven habría propinado varios golpes a la mujer, quien quedó con lesiones en los antebrazos, tórax, cuello y rostro, según el diagnóstico del médico forense del Ministerio Público. Además, el presunto agresor habría arrojado al piso el teléfono celular de la víctima.

Tras la denuncia radicada por la afectada, los agentes policiales procedieron a la aprehensión del supuesto agresor, quien quedó a cargo de la Unidad Especializada. La fiscal abrió el proceso contra el extranjero y solicitó al Juzgado de Garantías que decrete su prisión preventiva.

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Horticultores de las comunidades de El Triunfo y San Francisco, de la ciudad de Minga Guazu, denunciaron ante la fiscalía de Ciudad del Este, la pérdida de unas 50 mil plantas de tomate, locote, pepino y otros, a raíz del uso inadecuado de herbicidas, por incumplimiento de leyes ambientales.

Indicaron que, en la propiedad de un productor de origen japonés, “sus empleados fumigaron con herbicidas, sin respetar las normas vigentes de mitigación ambiental, ocasionando pérdidas millonarias con la destrucción total de cultivos de hortalizas en procesos de producción”.

La fumigación se habría hecho el 2 de setiembre en la parte colindante con los cultivos de los horticultores y al no contar con la cortina vegetal, tal como exige la norma ambiental, termina afectando a las plantaciones cercanas.

“No hay la malla vegetal de protección, lo hicieron sin tener cuenta el viento ni los cultivos cercanos. Nosotros también usamos herbicidas, pero si se va a aplicar, hay que cuidar que no haya plantaciones cerca y que se cumplan las leyes ambientales”, sostuvo uno de los afectados, Virgilio Riveros, a La Nación/Nación Media.

El horticultor dejó claro que es un viejo problema, pero que esta vez el daño ya es demasiado grande. Mencionó que intentaron llegar a un acuerdo pacíficamente con los responsables, pero los empleados los maltrataron y amenazaron.

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Riveros informó que son unas doce familias hasta hoy y unas 50 mil plantas perdidas. En la denuncia se menciona a ocho horticultores y la estimación de pérdida total de 126 millones de guaraníes, en costo de producción para las citadas ocho familias.

“Muchos hicieron préstamos para cultivar y ahora con eso se quedan con la deuda y tendrán que plantar de nuevo, pero de qué manera, si se perdió la producción”, agregó el horticultor.

Los abogados que representan a los denunciantes son Delio Giménez y Albino Ramírez. La nota fue firmada por la gran mayoría de los productores hortigranjeros, con el apoyo de la Central de Productores Feriantes.

Los horticultores informaron que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) ya estuvieron verificando los cultivos destruidos e hicieron constar en acta el perjuicio. Los afectados esperan el informe llegue al fiscal Orlando Quintana, quien tendrá a su cargo la investigación.

El ingeniero Derlis Cardozo, jefe del Senave en Alto Paraná, les explicó que están para acompañar la denuncia que realicen al Ministerio Público y recurrir a todos los mecanismos legales para que recuperen sus pérdidas. Esto, según relató Virgilio Riveros.

Datos claves:

* Denuncia ante el Ministerio Público por daño al medio ambiente.

* Destrucción de cultivos de hortalizas. Intervención del Senave.

* Fumigación sin cumplir con leyes ambientales.

* 12 productores horticultores afectados hasta ahora. 50 mil plantas destruidas.

* Pérdida estimada de G. 126 millones de ocho horticultores.

* Comunidades El Triunfo y San Francisco de Minga Guazú.

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Personal de la Comisaría 8ª de Minga Guazú volvió a reportar otro supuesto sobrevuelo de un dron por encima de Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, ubicado en el km 20 Acaray, a unos 6 mil metros del casco urbano de la ciudad.

Ocurrió a las 18:30 de hoy martes 3 de setiembre, según lo informado por el encargado de turno del centro penitenciario, César David Otazú de Lima, al personal policial interviniente. El funcionario manifestó que pudo observar el sobrevuelo del dron a través de la cámara de seguridad de la penitenciaría.

La patrulla policial a cargo del suboficial inspector Guillermo Gómez realizó un recorrido por los alrededores del predio, pero no se encontró nada sospechoso por el sitio, según informó la Comisaría 8ª. Sigue la revisión hasta esta hora, ya a cargo de los militares.

Una dotación militar a cargo del teniente primero Efigenio Moreno, de la Tercera División de Infantería, con asiendo en Ciudad del Este, realiza la cobertura de seguridad durante las 24 horas en la zona exterior a la estructura edilicia. Se encargan del área adyacente y no de la seguridad interna.

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Ya el lunes pasado se lanzó la primera señal de alarma, cuando los militares que hacen el control informaron sobre el avistamiento de un dron sobre el penal. En la revisión posterior ya no se encontró nada, al igual que hoy.

Con relación a ese primer aviso, ayer a las 12:00, personal de Inteligencia a cargo del oficial primero Santiago Ferreira, fue hasta el Centro Penitenciario para realizar una demostración física sobre la imposibilidad de sobrevuelo en el sitio.

Indicaron que, en ciertas partes de la zona superior a la penitenciaría. no puede realizarse sobrevuelo de dron, porque es área restringida controlada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Sin embargo, hoy fue informado un nuevo sobrevuelo captado desde el interior del penal.

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La agente fiscal Liliana Denice Duarte imputó a un hombre de 35 años, por violencia familiar, a raíz de presuntos maltratos físicos y verbales contra su madre, a quien además habría amenazado de muerte con un machete.

El procesado fue aprehendido en espera de la decisión del juzgado sobre su prisión o no. Uno de los episodios de violencia que desembocó en la denuncia, ocurrió el 23 de agosto de 2024, a las 18:00, aproximadamente, en la vivienda familiar ubicada en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este.

El hombre, quien aparentemente estaba bajo el efecto de sustancias estupefacientes, comenzó a comportarse de manera violenta y, en total estado de descontrol, tomó un machete y comenzó a amenazar a su madre, así como a las personas que pasaban frente a la casa, según la denuncia y elementos recabados por la fiscala Liliana Duarte.

A pesar de los intentos de su mamá por calmarlo, el supuesto agresor se mantuvo violento y terminó golpeándola en su cara, hecho que la dejó tirada en el sofá. Después de la agresión, salió de la casa, pero regresó poco después para seguir causando desorden en el lugar.

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La madre del descontrolado hombre, ya desesperada por la situación, pidió a su hija que realizara la denuncia ante la subcomisaría cuarta de la jurisdicción, por lo que el agresor huyó del lugar. Los agentes policiales iniciaron una persecución y minutos después, con disparos intimidatorios pudieron detener al sospechoso, quien quedó a cargo de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar.

La fiscal Liliana Duarte resolvió imputar al supuesto autor de la golpiza y solicitó su prisión preventiva, considerando la gravedad de los actos, supuestamente cometidos por el hijo y el peligro de fuga existente.

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