Este viernes, la representante del Ministerio Público, fiscal Rosa Noguera, informó sobre la imputación de tres menores y un adulto identificado como Jesús Roa, alias “Kapeluki”, por homicidio doloso en el caso del joven jugador del Club Nacional de San Bernardino fallecido durante una gresca en un encuentro deportivo.

En conferencia de prensa, la fiscal Noguera confirmó que solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, incluyendo a los tres menores, aclarando que no puede librar orden de detención en contra de los mismos, quedando esta decisión en manos del juez que se hará cargo de la causa.

En cuanto a las penas privativas de libertad a las que se exponen los implicados en el caso, destacó que por su condición de menor, tres podrían obtener 8 años de prisión, mientras que Jesús Roa, alias “Kapeluki”, se enfrentaría a una pena de hasta 30 años de cárcel.

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“Según los testigos, el que dio el primer golpe habría sido alias “Kapeluki” con el antebrazo en la nuca, y es el golpe certero y seco del que habló el médico forense; todos fueron imputados por homicidio doloso, también le dieron patadas y otros golpes en la espalda”, señaló Noguera.

En la misma tesitura, comentó que según las informaciones obtenidas hasta el momento, el joven mayor de edad, Jesús Roa, había saltado la valla perimetral para poder alcanzar al menor fallecido, aparentemente y según el testimonio de los testigos, estaba molesto porque se le tomaron fotos y videos donde se lo veía incidentando en la cancha antes del partido.

Tanto esta información como las demás brindadas por los testigos llamados a declarar serán cotejadas junto con los videos recabados por los investigadores con el fin de contar con todas las piezas que permitan dilucidar lo ocurrido.

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El próximo 3 de setiembre se dará inicio al juicio oral y público contra el doctor Daniel Domaniczky por el homicidio doloso de Paola Karina Gaete, quien falleció tras someterse a una ciru­gía plástica el 26 de enero de 2022. La Fiscalía solicitará la pena máxima y que el médico no vuelva a someter a inter­vención quirúrgica a ningún paciente.

Según la abogada Hilda Bení­tez, que forma parte de que­rella adhesiva por parte del hijo de la fallecida, la fami­lia aguarda que el resultado del juicio sea que Domanic­zky reciba la pena máxima del caso. Durante el juicio se espera que se presenten todas las pruebas y las testificales hasta el 20 de setiembre en la ciudad de Luque.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al galeno está integrado por los jueces Hugo Segovia, Carmen Ramos y Rodney Rejala, quie­nes deberán estudiar todos los elementos de prueba para poder dictar una sentencia. “Queremos que se demuestre la negligencia”, dijo Benítez en entrevista con La Nación/Nación Media.

Resaltó que el doctor Doma­niczky no tenía una especia­lidad como cirujano plástico registrada ante el Ministerio de Salud. “Desde el 2019 se creó un reglamento que en el 2021 se convirtió en ley que exige que los médicos deben registrar su especialización para poder ejercer y el médico Domaniczky no tenía regis­trado la especialidad de ciru­jano plástico”, puntualizó.

Afirmó que al no tener este registro el doctor no podía promocionarse para reali­zar este tipo de intervencio­nes. “El (acusado) no hizo la residencia para ser especia­lista en cirugía plástica, que dura por lo menos dos años. Básicamente en eso se cen­tra la negligencia médica y es parte del tipo penal de homi­cidio culposo, donde no hay la intención de matar, sino que el desconocimiento y la falta de experiencia”, relató.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una mujer fue encontrada muerta en su cama y se sospecha feminicidio. Medicina forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación.

Fue víctima Vilma Adela Benítez Prieto (46) y el presunto autor es Agustín Taboada Roa (44), quien huyó de la casa. Ocurrió en una vivienda del asentamiento Unión, del km 30 Monday, a unos 4 mil metros de la Ruta PY02, distrito de Minga Guazú.

Es lo que reportó el personal policial de la subcomisaría 52ª. de la Fracción Piro´y. En un principio fue reportado el caso como muerte súbita, pero con la intervención policial se sospecha feminicidio.

El personal acudió a la casa ante la llamada de uno de los hijos de la víctima, Pedro Alcides Taboada Benítez (20), y encontró a la mujer en su cama, sin signos de vida, con moretones en el cuello. En la casa se encontraba también otro de los hijos de la fallecida, Adalberto Cañete Benítez.

El joven manifestó a los agentes que su madre fue diagnosticada con “anemia avanzada” y seguía tratamiento en el Hospital Regional de Ciudad del Este, por lo que creía que su madre falleció a causa de dicha enfermedad.

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Relató que la noche anterior, sus padres discutieron luego que su madre fue a buscarlo a una bodega donde estaba bebiendo; en la mañana ya no encontró a su progenitor y fue a la habitación de su mamá, encontrándola sin signos de vida. Ya horas después dieron aviso a la Policía Nacional.

En cuanto al supuesto autor, según los intervinientes, fue encontrado en el patio una valija, desconociéndose la causa del abandono de la misma, por lo que se asegura que el hombre ya huyó. El mismo tiene una orden de captura por otro hecho de homicidio doloso.

Intervinieron en el caso agentes de Criminalística de la Policía de Alto Paraná, la fiscal Olga Melgarejo y la médica forense Raquel Cáceres. Tras la inspección, fue determinada como causa probable de muerte asfixia mecánica por sofocación.

El cuerpo fue entregado a una de las hijas de la fallecida, Griselda Maribel Taboada Benítez. La agente fiscal dispuso la comparecencia ante su unidad de Pedro Taboada Benítez y de Adalberto Cañete Benítez, ambos hijos de la víctima.

De acuerdo al último informe de Ministerio Público, según su Programa Datos Abiertos, capítulo de Violencia Contra la Mujer, en lo que va del año 2024 son 17 casos de feminicidio. Ahora suma un nuevo hecho en Alto Paraná, departamento que registra dos hechos de feminicidio en el 2024, con este caso de Minga Guazú.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Ante amenazas coincidentes, la Policía Nacional reforzó la seguridad del personal policial del barrio San Rafael de Ciudad del Este y también del Ministerio Público, región II, de la capital de Alto Paraná.

Las amenazas hacia agentes y la institución policial surgen a raíz de la muerte de un miembro del PCC durante un enfrentamiento con el personal, en el barrio San Rafael, según confirmó a la Nación/Nación Media, el comisario general inspector Feliciano Martínez Peña, director de Policía de Alto Paraná.

Señaló además que recibieron avisos sobre las amenazas que pesan sobre los policías para ser quemados en la subcomisaría con los agentes dentro, entre otros. Las incursiones policiales en el citado barrio terminarían en sangrientos episodios, según las advertencias.

El brasileño abatido tenía dos órdenes de captura en su país por homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal y tentativa de homicidio a un policía militar de Londrina, Brasil. El jefe policial mencionó que conocen el barrio y saben a qué atenerse ante “peligrosos delincuentes”.

Manifestó que la subcomisaría cuenta con más personal y con medidas apropiadas a ser tomadas en cualquier incursión dentro de la zona, además de un refuerzo en la logística. Igualmente solicitarán a las instituciones pertinentes una mayor limpieza e iluminación del área en torno a la sede policial del barrio.

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Otro refuerzo de seguridad se hará en el Ministerio Público de Ciudad del Este, a pedido del fiscal adjunto de Alto Paraná, doctor Jorge Sosa, quien se reunió hoy con el director policial, comisario Feliciano Martínez Peña. Las medidas se implementarán desde el lunes 29 de julio.

La medida fue requerida a partir de las conocidas amenazas desde el ámbito del narcotráfico, según confirmó Martínez Peña a La Nación/Nación Media. Es para mayor protección en general de agentes fiscales, funcionarios, abogados y visitantes que concurren diariamente a la sede a las unidades fiscales de Ciudad del Este.

Feliciano Martínez y Jorge Sosa región recorrieron la sede fiscal del región II del Ministerio Público, para identificar los aspectos a mejorar en materia de seguridad. El aumento del personal es una de las medidas, según el director de Policía de Alto Paraná.

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