Nativos de la comunidad Xákmok Kásek, ubicada en el distrito de Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, celebraron las obras de alcantarillas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La comunidad indígena Xákmok Kásek, que en castellano significa “muchos loritos”, pertenece al pueblo Sanapaná, y está a 20 kilómetros de la Ruta Transchaco. El MOPC dio inicio a la construcción de alcantarillas en el camino de acceso a esta comunidad, respondiendo a una petición planteada durante un encuentro interinstitucional el pasado 10 de mayo.
Los líderes comunitarios calificaron estas acciones como “históricas” y resaltaron la disposición del gobierno del Presidente Santiago Peña para llevar a cabo extensas jornadas de trabajo in situ, atendiendo las necesidades de las comunidades indígenas chaqueñas.
El Ing. Julio Ríos, director de Caminos Vecinales del MOPC, ratificó que la obra se ejecuta como parte de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo con las comunidades indígenas del Chaco.
“En Xákmok Kásek se solicitó la construcción de alcantarillas en el acceso, porque había evidencia de que el agua estaba cortando el terraplén en algunos lugares”, detalló Ríos. “A nuestra vuelta de aquella reunión, se emitió una orden de parte de la Dirección de Vialidad para que se construyan esas alcantarillas”.
La empresa Concretmix S.A., actual contratista para el mantenimiento del tramo de la ruta PY09, está a cargo de la ejecución. Ríos señaló que estas obras son fundamentales para prevenir interrupciones en el camino durante la época de lluvias intensas.
Esta intervención se enmarca en una serie de visitas y compromisos que el gobierno paraguayo realiza para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con cuatro comunidades del Chaco Paraguayo.
Décadas de lucha
La comunidad Xákmok Kásek, del pueblo Sanapaná, lleva más de 30 años de lucha por recuperar sus territorios y garantizar condiciones dignas de vida para sus integrantes.
En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad ordenando la restitución de más de 10.700 hectáreas de su territorio ancestral, además de la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales que durante años les fueron negados a la comunidad.
A pesar de esta sentencia internacional, en febrero de 2015 la comunidad debió reocupar sus tierras para lograr que el Estado cumpla, parcialmente, con el fallo. Actualmente ocupan 7.701 hectáreas de tierra y luchan por garantizar el cumplimiento de los demás puntos del fallo, como el acceso a la vivienda digna, salud y educación de calidad.