En la Biblioteca del Congreso Nacional, el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (Cidsep), con apoyo de la Unesco y la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, presentó los resultados de una investigación que revela porcentajes preocupantes en torno a la violencia contra periodistas en el país.

Tras una encuesta realizada a 200 periodistas, se concluyó que el 58 % dice haber sufrido violencia en el ejercicio de la profesión. Cuando se elabora un análisis por género, el 69 % de las mujeres periodistas afirman haber sido víctimas de violencia, frente al 51 % de los hombres.

En cuanto a los tipos de violencia más comunes cometidos contra los periodistas el 48 % habló de ciberacoso, el 55 % de difamación y el 62 % de intimidación. Los casos se desarrollan mayormente en el entorno digital, de acuerdo a las informaciones proveídas por los encuestados.

Ante las consultas sobre las principales reacciones de los periodistas ante hechos de violencia el 38 % afirmó que seguiría con su investigación, mientras que el 32 % suspendería temporalmente su investigación, el 18 % no sabría qué hacer y el 9 % suspendería su investigación definitivamente.

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Ante los casos de violencia contra los periodistas, durante el ejercicio de su profesión, el 93 % coincidió en la necesidad de contar con una ley de protección para los trabajadores. Por otra parte, el 61 % de los encuestados cree que la ley debe ser solo para periodistas y trabajadores de prensa.

Actualmente, se cuenta con el estudio en el Congreso de un proyecto de ley de protección para los periodistas. Con esto se busca brindar una protección integral a los profesionales, incluyendo medidas de prevención, protección y sanción a quienes atentan contra su integridad física y moral.

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La investigación fue desarrollada por la empresa Multitarget, bajo la dirección de Erica Imbrogiano. La recolección de datos se realizó entre febrero y marzo de 2024 y se incluyeron entrevistas en profundidad con actores clave.

Tras la presentación del trabajo desarrollado, se ha hecho hincapié en la manera en que la problemática afecta de manera directa a la sociedad y a la democracia, observando los hechos de violencia contra periodistas como un intento para acallar la libertad de expresión y cercenar el derecho a la información.

El trabajo abarcó ejes como la violencia contra periodistas; tipos de violencia más verificados y sus consecuencias; la protección de periodistas; la seguridad en los medios de comunicación; impactos de la violencia en el ejercicio de la profesión; la violencia digital, la visión sobre la Mesa para la Seguridad, entre otros.

Tras conocerse la notificación que exige al Estado el pago de USD 13 millones a Mota-Engil, en el marco del caso del metrobús el respetado periodista José “Pepe” Costa emitió su opinión a través de redes sociales y exigió al exmandatario Mario Abdo Benítez hacerse responsable de una millonaria deuda que generó su gestión.

“Espero que esta deuda la paguen Mario Abdo, quien dio la orden de borrar y destruir todo lo del metrobús. El pastor mentiroso Wiens, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que “lloró” para ejecutarla y Abc que le dio el soporte mediático al destructor Marito”, aseveró el periodista a través de su cuenta de X.

Este viernes 15 de diciembre, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, dio a conocer la llegada de esta notificación que no solo exige los USD 13 millones, sino que también el Estado debe hacerse cargo de los intereses acumulados que suman aproximadamente USD 2.400.000.

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Esta denuncia por parte de Mota-Engil, la empresa que tuvo a su cargo la construcción del metrobús, nace a partir de la decisión del gobierno de Abdo Benítez a suspender dichas obras, lo que posteriormente desencadenó en una acción en contra del MOPC, que en ese momento estaba liderado por Arnoldo Wiens.

Esta medida apresurada del gobierno de Abdo, quien no buscó una salida para poder seguir adelante con la obra del metrobús, es hoy el responsable de que el tribunal arbitral imponga el pago de esta millonaria deuda. El Estado hasta el momento de rescisión del contrato, llegó a desembolsar a Mota-Engil la suma de USD 27 millones, recordó el procurador en conferencia de prensa.

“Lo que podemos decir es que evidentemente hubo inconductas por parte del Gobierno anterior, según lo ha dicho expresamente el Tribunal Arbitral”, reveló González quien señaló que en relación a este caso se “descuidaron” aspectos que pudieron haber ahorrado millones de dólares al Estado paraguayo.

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El periodista y analista político José María “Pepe” Costa aseguró que la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de aplicar sanciones a los ciudadanos habilitados para votar y que no lo hagan fue tomada de forma apresurada.

Incluso dijo que es algo “llamativo” por parte del máximo órgano rector electoral paraguayo. “Aunque incurriera en una falta electoral por no ir a votar, eso no quita todos los demás derechos que uno tiene, igual que las garantías”, dijo en contacto con la 1000 AM, haciendo énfasis al vacío legal que pudiese existir, ya que si una persona sancionada no paga multa, no existe otra sanción para ello.

“Me llamó la atención en términos políticos. Me parece una decisión apresurada, sobre la marcha a tres días de los comicios nacionales. Revela que hay una necesidad remarcada de parte del TSJE o intervención de grupos políticos. Parece que hay una necesidad de amedrentar contra la ciudadanía”, aseveró Costa.

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Sobre el punto, sostuvo que si bien la Constitución Nacional habla de que el sufragio es un deber y obligación al mismo tiempo, la persona que no decida ejercerlo no es tenida en cuenta como delincuente. “Yo reconozco que la Constitución habla de obligación y deber del voto, yo particularmente no estoy de acuerdo. La obligación no lo convierte en un delincuente por no ir a votar, existen justificaciones para no hacerlo”, afirmó.

La sanción por no votar este domingo 30 de abril va de G. 49.000 (mínimo) a 98.000 (máximo), según lo que establece el Código Electoral Paraguayo en el artículo 332: “... serán sancionados con una multa equivalente de medio a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas”.

Finalizada la jornada electoral, la dirección de registro electoral elaborará la lista de ciudadanos habilitados que no cumplieron con la obligación de votar. Están excluidos de la lista, los electores mayores de 75 años, los residentes en ciudades del exterior donde no haya mesas habilitadas para sufragar, los privados de su libertad, magistrados y funcionarios del TSJE que trabajarán en los comicios.

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En conmemoración del Día del Periodista Paraguayo, desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), se realizó una serie de actividades donde la reivindicación por mayores protecciones y garantías de seguridad fue el tema central de los encuentros. Recordando también que un día como hoy asesinaban al comunicador Santiago Leguizamón, siendo el primer homicidio de un trabajador de la prensa en la era democrática, los comunicadores acudieron al monolito instalado en su memoria.

En medio de la conmemoración se lanza también el material “Periodismo bajo amenaza”, elaborado por la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, en apoyo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). “A lo que se apunta es a hacer una evaluación y un análisis sobre la realidad de la violencia contra periodistas en Paraguay”, explicó al respecto el periodista y docente universitario José “Pepe” Costa para el programa “Así son las Cosas”, por Universo 970 AM/Nación Media.

“En el marco de eso también estamos proveyendo, gracias a la cooperación de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, herramientas para coadyuvar en los mecanismos de prevención, de control y de protección a periodistas”, detalló el comunicador, adelantando también la creación de una app denominada “Alerta Periodistas”, ya disponible para Android y iPhone, que consistiría en una herramienta de monitoreo sobre el riesgo ante determinada situación para un periodista.

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La aplicación, desarrollada por la organización Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), permitiría tener un mecanismo de alarma más rápido y efectivo, luego de la alerta que emita un periodista sobre determinada situación de riesgo, para que se actúe en consecuencia desde las centrales de monitoreo de la Mesa de Seguridad.

“Hoy se presentó también, oficialmente, el anteproyecto de la ley de protección al periodista, que viene siendo un objetivo que todavía no está siendo cumplido a nivel legislativo en nuestro país. El nivel de problemática de la violencia contra periodistas en Paraguay es bastante preocupante; ocupamos junto a México, Colombia y países de Centroamérica, un puesto bastante lamentable en lo que las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos señala como ‘zonas silenciadas’”, recordó.

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Con respecto a la presentación del anteproyecto de protección para periodistas, el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, remarcó también para el programa “Así son las Cosas”, por Universo 970 AM/Nación Media, que el documento permitiría contar con una institución que se encargue de la seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país.

“Este es un trabajo que venimos impulsando desde 2015 y finalmente coincidimos con la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la posibilidad de presentar la propuesta. Nos parece importante presentarla un día como hoy, que se cumplen 32 años del asesinato del periodista Santiago Leguizamón”, expresó, recordando también el caso de los periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión durante la visita del monolito instalado en memoria de Leguizamón.

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En cuando a las necesarias garantía que deben reiterarse en cuanto a la protección de los periodistas, Ortiz manifestó que, en el marco de un nuevo periodo de gobierno que se elegirá el 30 de abril, se debe tener en cuenta la lucha frontal que debe existir en el país contra los tufos autoritarios que amenacen la libertad de expresión. Esto en referencia al intento de censura del presidenciable de la Concertación, Efraín Alegre.

“Hubo una involución a partir de lo que fue la pandemia. Eso marcó un hito, donde hubo una reducción muy acelerada de trabajadores en los medios de comunicación”, expresó con respecto a la situación laboral actual de los periodistas. Sostuvo igualmente que hay una realidad muy diferente detrás de cámaras, especialmente en el interior del país y en la zona de la frontera, en referencia a la situación de vulnerabilidad que sufren muchos comunicadores.