Por Valentina Jara.

La terapia asistida con animales (TAA) es una intervención terapéutica en la que animales, como perros y caballos, son aliados de los profesionales de la salud para ayudar a los pacientes en diferentes condiciones. Entre sus objetivos se encuentra generar un vínculo afectivo entre el paciente y el animal que acompaña a la evolución terapéutica.

Esta forma de tratar enfermedades no ha sido aún explorada en su totalidad. Sin embargo, existen múltiples estudios que demuestran su efectividad, tanto con dificultades físicas como mentales en todas las edades. En nuestro país, la rama más desarrollada es la equinoterapia, que trabaja con caballos. A fin de conocer más sobre las implicancias de este tratamiento, desde La Nación/Nación Media conversamos con la licenciada en psicología Julieta Morales, especializada en TAA.

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“Esta terapia en realidad aplica a todas las personas, siempre y cuando no presenten algún tipo de fobia, que dentro de todo eso también se puede trabajar”, explicó Morales sobre la accesibilidad del tratamiento. Aclaró que este tipo de intervención no sustituye otras terapias, sino que es un proceso complementario. Además, comentó que existen investigaciones que respaldan el uso de la misma en pacientes con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), autismo, entre otros.

La licenciada trabaja actualmente en terapia asistida con perros, la cual considera como una forma alternativa e innovadora para respaldar las necesidades de los pacientes. Sobre el entrenamiento previo que debe tener un can de terapia, comentó: “Antes que nada, me gustaría aclarar que en el momento de elección de un perro de terapia no miramos la raza, sino características. Es importante que el perro esté entrenado y habituado a su labor, debe estar acostumbrado al contacto, a otros perros, a otras personas y debe tener un vínculo afectivo importante con la persona que trabaje”.

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Enfatizó en que los vínculos del animal con las personas a su alrededor son un factor clave para determinar la efectividad de la terapia. También sugirió que los beneficios de esta tienen mucho que ver con los objetivos terapéuticos de cada persona: “Hay una frase que me encanta de Boris Levinson que dice: ‘Cuanto más podamos observar al paciente en interacción con un animal de compañía, más profundas serán las conclusiones que saquemos’. Los beneficios de la terapia son de acuerdo a qué objetivos terapéuticos está trabajando el paciente”.

Añadió que formar un buen canino de terapia requiere trabajo y tiempo: “Son muchas horas de juego y entrenamiento con el perro de terapia, tenemos que saber que detrás de un gran perro de terapia, hay un gran guía”. Por último, señaló la importancia de la responsabilidad tanto de parte de los profesionales como de los pacientes que desean participar de estas actividades terapéuticas.

“Es demasiado importante que los profesionales que van a implementar este tipo de terapia sean realmente responsables con sus animales, velar por el bienestar de ellos es igual de importante que el bienestar de los pacientes. Las personas que se introduzcan a esta actividad también deben ser muy responsables con la formación que conlleva esto, es demasiado importante tener a personas capacitadas y por sobre todo éticamente responsables”, dijo Morales a LN.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La década del 2000 fue el periodo en el que se registraron sucesivos hechos de secuestro en Paraguay. El 19 de noviembre de 2002, hace 22 años, la empresaria Graciela Dávalos viuda de Pereira, su hija Ivanna Graciela, de 14 años, y un empleado de la familia, Arnaldo Ocampos, de 16 años, eran secuestrados.

Fue el primer plagio en Alto Paraná después de la dictadura stronista. La empresaria fue esposa del extinto dirigente stronista Juan Eudes Pereira. Tras este secuestro, ocurrieron otros diez hechos, en algunos de los casos, con más de una víctima en un mismo ataque.

Las víctimas fueron interceptadas a las 07:15 cuando se dirigían al Colegio Santa Teresita. Los secuestradores las tomaron cerca de la plaza Monseñor Cezdich, ubicada sobre la avenida Alejo García, a pocos metros de su vivienda en el barrio Juan E. O´Leary de Ciudad del Este.

Los criminales exigieron que la negociación sea manejada exclusivamente por la familia, sin intervención policial, y así se hizo. Minutos después de las 21:00 del mismo día del secuestro, las víctimas fueron liberadas. Se pagó para ello más de 300 millones de guaraníes.

Graciela, Ivanna y Arnaldo estuvieron en cautiverio más de 14 horas en una casa del Área 5 de Presidente Franco, según se pudo descubrir después. Fue un automóvil Volkswagen Santana, color verde, sin chapa, el que interceptó la camioneta Toyota Prado, con chapa AJO 030, en la que se encontraban la empresaria, su hija y el empleado.

Dos criminales intimaron a las víctimas y abordaron la camioneta hacia Presidente Franco, mientras que el vehículo del que habían bajado los dos captores se dirigió en dirección contraria.

Testigos del hecho avisaron a un guardia de la casa de la familia Dávalos y este reportó a su vez a la Policía Nacional. Ya después, fue la propia empresaria la que se comunicó con su familia, se prohibió la intervención policial y se iniciaron las negociaciones para el pago del rescate.

Fue una muy larga jornada hasta que los criminales consiguieron el pago y liberaron a las víctimas. Los más altos jefes policiales mantuvieron reuniones permanentes, se desplegaron operativos de búsquedas, allanamientos en busca de sospechosos, pero de manera independiente a las víctimas y familiares.

Ningún miembro de la familia aportó información a los policías, según lo que indicaron las fuerzas del orden en esa época: el comisario Isacio Aguilar, jefe de Policía de Alto Paraná; los fiscales Manuel Trinidad (juez y luego diputado del PLRA) y Lulio Vicente Gamarra.

Los secuestrados fueron abandonados por sus captores en la vía pública, a pocas cuadras de la casa donde estuvieron un día. Un agente policial los encontró en la calle y tras identificar a las víctimas, comunicó sobre la liberación.

La casa donde estuvieron fue en el Área 5 de Presidente Franco, lote 7 de la manzana 38, sobre la calle Las cordilleras. La propiedad fue alquilada por los bandidos. La investigación deslindó responsabilidad de los dueños, relató a La Nación/Nación Media el doctor Manuel Trinidad, exfiscal de la causa.

Dijo que se pudo identificar rápidamente la casa del cautiverio mediante los datos aportados por las víctimas tras su liberación. “Hasta el chicle que tiró uno de los guardias pudo ser identificado por la señora Graciela cuando estuvo en el sitio para el reconocimiento, porque recordó lo ocurrido”, refirió el doctor Trinidad.

“Graciela identificó los ruidos, el olor a combustible que uno de los vehículos perdió, según se encontró después. También pudo ver una muralla muy alta desde la ventana de la habitación donde los mantuvieron cautivos a los tres”, indicó Trinidad. “Colchones, tabletas de medicamentos, marmitas de alimentos y otros elementos fueron todos identificados”, según el entonces fiscal.

Trinidad refirió que, según recuerda, fueron unas 12 personas las que intervinieron y los criminales llegaron al sitio del secuestro en dos vehículos. También mencionó que el dinero fue dejado en las adyacencias de la residencia de la familia Oddone Sarubbi, en el km 4.5 de la Ruta PY02.

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Pasados 22 años del violento acto, Graciela Dávalos manifestó a La Nación/Nación Media que “con la ayuda de Dios y la Virgencita de Caacupé hemos conseguido dejar atrás esos recuerdos, porque realmente lo que nos tocó vivir fue muy difícil, porque hemos pasado momentos de mucho miedo, por sobre todo yo, por mi hija tan pequeña”.

Refirió que “lo más difícil después fue no querer salir a la calle porque todas las personas nos parecían sospechosas” y contó que a su hija le costó muchísimo superarlo. “Una niña en edad escolar, dejó de asistir a su colegio, tenía miedo, miedo a todo”, recordó.

Para Graciela, “el daño que ocasionan estos hechos delictivos no tiene nombre. Roguemos para que nunca más se repita en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo”.

Valoró la investigación y el trato recibido por parte de los intervinientes. “Realmente sentí que todo lo que se hizo por nosotras fue con mucha dedicación y profesionalismo, refiriéndome a la investigación de los fiscales Lulio Gamarra y Manuel Trinidad, también los policías de aquella época. Todo lo demás ya lo olvidamos”, aseguró.

Ariel Galeano, alias “patota”, fue el único condenado por el hecho de secuestro con 4 años de prisión. El doctor Manuel Trinidad dijo que era como una especie de “guardia bueno”, según la propia víctima.

Refirió que la “empresaria había reconocido a casi todos sus captores tras investigaciones de otros plagios siguientes, teniendo en cuenta que parte del mismo grupo criminal también realizó otro secuestro en Alto Paraná”.

Trinidad detalló que “uno de ellos es el expolicía Sergio Martínez Brítez, por quien se dictó orden de captura y fue considerado el más violento, el que maltrataba a sus víctimas. Nunca pudo ser capturado”, remarcó.

Fueron emitidas órdenes de captura contra varios, pero uno solo fue juzgado en ese momento. “La mayoría de los que fueron reconocidos cayeron por la investigación del secuestro del empresario César Cabral (ocurrió ocho meses después del caso de la familia Dávalos), recuerdo muy bien porque me tocó investigar los dos hechos y se trataba de la misma gavilla de secuestradores”, concluyó Trinidad.

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• Por Dolly Galenao (dollygaleano@gmail.com)

Leonardo Tupa Mba’ere­tavy Alfonso Martínez, indígena ava guaraní, de 33 años, de la comunidad acaraymi de Hernandarias, egresó como ingeniero agró­nomo, siendo el primer uni­versitario de su familia y su comunidad. Su historia es la de sortear obstáculos y tam­bién aprovechar oportunida­des. Admite que muchas veces hasta lloraba en medio de las dificultades.

Alfonso Martínez se sumó a la nómina de nativos que en los últimos años se han formado como profesionales. Sueña con trabajar en alguna institución importante, con la finalidad de ayudar como profesional a la producción campesina e indí­gena, para mejorar la econo­mía de los sectores menos favo­recidos del campo.

Es lo que explicó a La Nación/Nación Media, al poco tiempo de culminar su carrera en la universidad privada (Uninter), de Ciudad del Este mediante una beca de la institución.

“Es un logro personal muy grande para mí porque no fue fácil conseguir ser ingeniero agrónomo, es mucha la lucha, incluso a veces ñande rasê ya estudiahape hina (a veces, hasta lloramos cuando esta­mos estudiando)”, expresó Lorenzo, haciendo alusión a las adversidades.

Contó que se trata de un logro muy grande para su familia y también para la comuni­dad indígena, habiendo reci­bido muchos saludos de sus exprofesores, excompañeros de colegio y de personas que le han orientado a seguir por el camino del estudio.

Comenzó su carrera en 2018 y la pandemia le impidió seguir con regularidad. Trabajó ayu­dando a su familia en la agri­cultura familiar y también ingresó a Itaipú Binacional como aprendiz durante tres años, pero salió al terminar su contrato como aprendiz.

“La pandemia fue una difi­cultad para muchos, incluso varios dejaron la carrera, algu­nas materias no pude llevar en forma virtual y tuve que dejar para luego retomar, hasta que se normalizó todo. Eso me hizo atrasar mucho, terminé la carrera casi en siete años”, manifestó el nuevo ingeniero agrónomo indígena.

Desde el aspecto económico, dijo que fue difícil porque, si bien obtuvo becas y trabajó un tiempo en Itaipú, hubo épocas que se manejaba con lo que podía producir con su familia en el campo para asumir los gastos de traslados, alimenta­ción y prácticas que implica­ban el estudio.

Leonardo Alfonso cuenta que sigue trabajando con sus padres en su comuni­dad, “ayudándoles en la cha­cra para producción de ani­males domésticos, también trabajo en mi barrio, hici­mos recientemente una aso­ciación, ya reconocida por la municipalidad y tenemos proyectos de desarrollo para la comunidad”.

“Trabajé todo el tiempo en la agricultura familiar”, refirió el ingeniero contando que produ­cía mandioca, kumanda, man­duvi (poroto y maní), arroz y otros productos de autocon­sumo.

Su aspiración es poder ingresar a alguna institución para traba­jar en proyectos de desarrollo en el campo, ya sean públicas o privadas, “con tal de trabajar en mi profesión y que eso ayude a la gente en el campo”.

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería puede ser un sitio de trabajo, tienen proyectos, las comunidades indígenas nece­sitan asistencia y mi sueño es poder trabajar en planes que cambien la situación actual de los sectores campesinos e indí­genas”, sostuvo.

“Se me dio la oportunidad y estudié. Ahora culminé esa etapa, quiero ser agrónomo de una institución importante para poder ayudar a los produc­tores campesinos y a nuestras comunidades”, agregó Alfonso.

Leonardo no levantó el dedo de la tecla del estudio. Fue selec­cionado para seguir Profeso­rado en Intercultural Indígena, en la Universidad de Integra­ción Latinoamericana (Unila) de Foz de Iguazú, Brasil. Es uno de los nueve nativos paragua­yos calificados para seguir la carrera en Brasil.

“Fue un concurso y yo me pos­tulé, muchos nos presentamos. Estoy completando los docu­mentos para poder adquirir la beca”, contó el ingeniero Alfonso, además de mencionar que se enteró de la convocato­ria a través de la supervisión de educación indígena del Minis­terio de Educación.

Informó que, de acuerdo a los datos preliminares que tiene, va a poder estudiar y trabajar a la vez. “Mi idea es poder tra­bajar ya y también seguir estu­diando”, acotó.

La comunidad acaraymi, de Hernandarias, a la que per­tenece Leonardo, cuenta con unas 200 familias, según el último censo, con un promedio de siete miembros por fami­lia. Cuenta con puesto de salud, cuatro escuelas y un colegio técnico agropecuario Arnold Janssen, con alumnos también de otras comunidades.

Los padres de Leonardo Alfonso tuvieron 8 hijos, de los cuales las cuatro mujeres ya formaron pareja y viven en otros sitios, mientras que los dos hermanos menores siguen estudiando. Leonardo cree que sus hermanos lo ven como ejemplo y también bus­carán ser universitarios.

El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.