El Ministerio Público presentó acusación contra Armando Rotela y otros 8 integrantes de la agrupación criminal denominada como “Clan Rotela”, por el amotinamiento que fue organizado este grupo, quienes eran internos de la penitenciaría de Tacumbú en ese momento, mientras se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre del 2023.

Además de realizar la acusación, los agentes Fátima Girala y Marcial Machado, los que llevan a cabo esta investigación, solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, eleve la causa a juicio oral y público a estas nueve personas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley “de Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.

Los otros integrantes del Clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.

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De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del primer anillo del clan Rotela, para resistirse a intervenciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molotov e incluso dinamita en gel. “La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.

Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organización criminal además de caracterizarse por su capacidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado, es señal de pertenencia, y el lema “vencer o morir”, forma parte del código interno que manejan para comunicarse.

“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas personas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.

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Durante el desarrollo de Veneratio, operativo por el cual las fuerzas de seguridad ingresaron a la penitenciaría con el objetivo de tomar control total del recinto, los integrantes del Clan Rotela propiciaron el ataque hacia agentes policiales, desde el momento de su arribo al penal, utilizando como logística todo tipo de armas de fuego, armas blancas, explosivos, y el implemento de barricadas desde el acceso a la cárcel hasta el último pabellón.

Todo esto tenía el objetivo de producir disparos y heridas en defensa de los ideales del clan y así evitar que los líderes sean recapturados. Es así que el líder, (Armando Rotela), junto con sus demás miembros realizó la distribución de los roles en la noche madrugada del día del motín, ya que la información se había filtrado.

“La conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron. Además, no existen indicios que hagan presumir la existencia de algún tipo de trastorno”, sentencia el documento de la Fiscalía.

Desde el movimiento Nuevo Liberalismo, encabezado por los gobernadores Ricardo Estigarribia, de Central, y Javier Pereira Rieve, de Itapúa, también se impulsó una denuncia contra la vicepresidenta primera del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alba Talavera, por malversación de fondos pertenecientes a la agrupación opositora.

La información fue dada a conocer por la propia dirigente política, quien desafío a los impulsores de la denuncia, los diputados Pastor Vera Bejarano, Rodrigo Blanco, Cleto Marcelino Giménez y Emilio Pavón y las integrantes del directorio liberal Basilisa Vázquez y Rebeca Sosa, a demostrar con documentos fehacientes la veracidad de sus afirmaciones.

Señaló que no se someterá a ser juzgada ante el Tribunal de Conducta de su partido encabezado por Enrico Sachero, alegando que los miembros “no son liberales ni siquiera les conozco”. Agregó que las denuncias en su contra responden a “interés políticos y partidarios”.

“Ellos dicen que existe un potencial de malversación, esto sí que me afecta muy fuerte. Mi buen nombre y reputación no pueden ser manchados de ninguna manera, bajo ningún aspecto. Ellos tendrán que demostrar lo que dicen con documentos”, manifestó Talavera a través de un material audiovisual.

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La vicepresidenta primera del Partido Liberal manifestó que impulsará acciones judiciales contra el grupo de disidentes liberales que la acusaron por malversación. Talavera añadió que el PLRA incluso ya fue sometido a un total de 5 auditorías financieras.

“Esto no dejaré de balde, tendrán que demostrar lo que dicen punto por punto, la gente me conoce y agradezco el apoyo de muchos miembros del directorio, yo no sé cómo se animaron a presentar esta acusación. Todo esto no tiene pies ni cabeza”, sentenció.

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Desde el Ministerio Público informaron sobre la promulgación de la normativa que establece la creación de su Instituto Superior de Estudios, con cinco ofertas académicas. Esta iniciativa permitirá mejorar la formación integral de los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo principal de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

La propuesta educativa institucional contempla los aspectos jurídicos, la identidad institucional, los objetivos, los fundamentos del modelo educativo, la infraestructura y los recursos que se destinarán a su cumplimiento.

Durante su elaboración, ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El Instituto Superior de Estudios reemplazará al actual Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.

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La oferta educativa del ISEMP contempla: maestría en derecho penal, procesal penal y gestión fiscal; especialización en gestión fiscal en el proceso penal; especialización en investigación fiscal del crimen organizado; especialización en gestión fiscal en el proceso civil; y capacitación en didáctica jurídica.

El proyecto fue impulsado desde la Cámara de Senadores por los parlamentarios Derlis Osorio y Juan Afar, con dictamen favorable de la comisión de Educación y Cultura de ambas Cámaras y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados.

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El Ministerio Público investiga un presunto desfalco de G. 12.000 millones en la Cooperativa Luque Ltda., mediante un presunto esquema de créditos irregulares y en la que estarían involucrados las propios directivos de la institución. En junio pasado, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) había realizado una revisión ante el reclamo planteado por las mismas personas que hicieron la denuncia judicial.

“La denuncia realizaron tres personas, en su momento miembros titulares del consejo, de alta gerencia, en setiembre pasado. A raíz de eso, hemos realizado las investigaciones, hemos pedido declaraciones testimoniales”, señaló el fiscal Jorge Escobar, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Respecto a la anterior intervención de Incoop, dijo: “Ellos contaban ya con una fiscalización que hicieron en el mes de julio, una semana con altos técnicos, contadores, escribanos y auditores. Ellos presentan un informe a la cooperativa a la cual nosotros tenemos, de 28 páginas, en donde existen varias sospechas de irregularidades de montos muy altos”.

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El agente del Ministerio Público afirmó que las anomalías se verificaron en el otorgamiento de préstamos a socios con aparente falta de capacidad económica. Por ello, el Incoop efectuó algunas sugerencias con respecto al manejo administrativo. Los denunciantes refieren que se detectó una alteración del balance correspondiente al ejercicio 2023, donde supuestamente no habían sido consignados montos reales en pérdidas.

“En el informe del Incoop dice: ante la falta de sinceramiento contable ha puesto en riesgo el patrimonio de la cooperativa. Entonces, ese es el disparador que nosotros estamos teniendo en esta causa”, refirió. El abogado Escobar manifestó que durante el allanamiento, practicado ayer jueves, la Fiscalía retiró documentos que ya fueron analizados por el Incoop. “También nosotros debemos munirnos de esas documentaciones porque si vamos a realizar una pericia debemos hacer no solo informes sino sobre documentos reales, originales”, subrayó.

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