Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Cámara de Apelaciones revocó una resolución de arresto domiciliario concedida por el Juzgado de Garantías a un funcionario de la Itaipú Binacional que habría ejercido violencia física y psicológica contra su esposa, durante 25 años. La agente fiscal Liliana Denice Duarte presentó el recurso de apelación y la segunda sala del Tribunal de Alzada, conformado por los jueces Marta Acosta, Nilda Cáceres y Raúl Insaurralde, anuló la medida dispuesta por la jueza Cinthia Garcete.
Ante la revocatoria, el imputado Gregorio B. R (47), con domicilio en el barrio Remansito de Ciudad del Este, deberá cumplir la prisión preventiva en un recinto penitenciario, tal como había requerido el Ministerio Público en su momento, considerando “la gravedad del hecho presuntamente cometido”.
Los antecedentes del caso señalan que el procesado es muy violento supuestamente y desde el inicio de la relación habría sometido a la víctima a constantes agresiones físicas y verbales, al punto de denigrarla en su condición de mujer. La pareja tiene 7 hijos, de los cuales cuatro ya son mayores, y que también habrían sufrido violencia en el pasado, según el escrito fiscal.
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El último acto de violencia, antes de ser denunciado, se producido el 18 de abril de 2024, en horas de la mañana, en el sector V del barrio Remansito de Ciudad del Este. La mujer se encontraba cuidando a su bebé, instante en que el hombre la llamó para servirle miel en su desayuno. Conociendo el supuesto mal carácter de su esposo, la víctima dejó a la criatura en la cama y fue a servirle pero, el pequeño se cayó y se golpeó.
Ante esto, el hombre se descontroló y comenzó a maltratar verbalmente a su pareja, hasta propinarle presuntamente golpes en las piernas, además de agarrarle del cuello con la aparente intención de ahorcarla, ocasionándole lesiones. Algunos vecinos que se percataron de la agresión, alertaron a una de las hijas de la pareja que no vive en el lugar y ella hizo la denuncia. Los agentes policiales acudieron al sitio y procedieron a la aprehensión del presunto autor de la agresión.
Estando ya privado de libertad y frente a los policías intervinientes, Gregorio B. R. Báez amenazó a la víctima que, una vez que recupere su libertad, presuntamente, la mataría a ella y a los hijos. La fiscal Liliana Duarte, luego de recopilar los diferentes elementos de sospecha, había iniciado el proceso contra el citado. Luego le fue concedido arresto domiciliario, que fue apelado y ahora revocado.
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