Acahay: intendente afirma que tuvo una relación sentimental con la denunciante
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Luego de la denuncia por coacción sexual y violación contra el intendente de Acahay, cuyos videos se hicieron viral en redes sociales, el abogado del acusado se pronunció y afirmó que las acusaciones son falsas. Aclaró que la denunciante y el acusado mantuvieron una relación previa.
Según el abogado Óscar Tuma, representante legal del intendente Aldo Lezcano, la denuncia es totalmente falsa y que la mujer está acostumbrada a chantajear a las personas. Además, habló sobre unos audios que demuestran que ambos mantuvieron una relación y que los videos forman parte de un trato que tenían.
“Se trata de una denuncia totalmente falsa y extorsiva”, detalló Tuma en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” del canal GEN/Nación Media. Agregó que la mujer entró a trabajar en la comuna por medio de un concejal y que mantuvo una relación de corta duración con el intendente.
Explicó que el intendente decidió terminar la relación por ciertas informaciones que recibió y que no fueron de su agrado, situación que aparentemente no agradó a la mujer. “Luego terminó su contrato de trabajo y ésta empieza a extorsionar al intendente para que la vuelva a contratar”, refirió.
Agregó que a raíz de la negativa de Lezcano, la mujer realizó la denuncia falsa porque no se le volvió a renovar el contrato. “No se le renovó el contrato por un tema administrativo, no por una cuestión sentimental. Finalmente, terminó cumpliendo con sus amenazas y dio a conocer las cuestiones privadas de ellos”, apuntó.
Tuma resaltó que se trató de una relación sentimental consentida que duró unos meses y que no existió el abuso sexual, coacción o violación contra la mujer. “Esta conducta de ella ya realizó con un concejal, en las mismas situaciones y tiene acostumbrado a entrar en una relación, luego generar el chantaje”, confirmó.
Puntualizó que los audios son uno de los tantos elementos con los que cuentan para desestimar las acusaciones. “Se trata de una relación consentida que se utilizó para realizar un chantaje. El video no es actual, fue filmado antes de diciembre cuando tenían una relación y se trata de un acto imprudente, pero no de coacción”, concluyó.
El juez Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia por enriquecimiento ilícito que se había presentado contra el senador Basilio Núñez. Foto: Gentileza
Juez desestimó denuncia contra presidente del Congreso
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que se había presentado contra el actual presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez. El pedido para archivar el presente caso fue solicitado por el agente fiscal Irán Suáres.
Estigarribia sostuvo en su resolución que “es importante destacar que, tal como se expone en el requerimiento de la Fiscalía, no se han identificado otras conductas relevantes que pudieran ser objeto de investigación bajo la normativa vigente. Es competencia exclusiva del Ministerio Público investigar la existencia de indicios de otros hechos punibles, y en este caso, no se han aportado elementos que justifiquen una investigación adicional”, indica parte del fallo.
Agregó que “al no estar reunidas las condiciones legales que ameriten el ejercicio de la acción penal pública y conforme al requerimiento citado y al alcance del artículo 305 del Código Procesal Penal, corresponde, a criterio de este juzgado, hacer lugar a lo peticionado por el Ministerio Público, por corresponder en derecho y desestimar la denuncia”, señala la resolución de Estigarribia.
El Ministerio Público pidió que se archive el presente caso atendiendo a que se realizaron varias diligencias investigativas donde se pudo constatar que Núñez no cometió ningún delito.
Igualmente, refiere la Fiscalía que el informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) también habría señalado que no se constató reporte de operaciones sospechosas realizadas por el parlamentario.
El ministro de los DD. HH. y de la Ciudadanía de Brasil, Silvio Almeida, rechazó las acusaciones, que consideró “mentiras” de una “campaña” para afectar su “imagen como hombre negro en una posición destacada en el sector público”. Foto: AFP
Denuncian a ministro brasileño por supuesto acoso sexual
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El ministro de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil, Silvio Almeida, fue señalado ayer jueves de acoso sexual por parte de varias mujeres a través de la organización Me Too.
Almeida negó las acusaciones, que consideró “mentiras” de una “campaña” para afectar su “imagen como hombre negro en una posición destacada en el sector público”.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reconoció “la gravedad” de los señalamientos y abrió un procedimiento de investigación a cargo de la Comisión de Ética de la Presidencia.
“El caso se está tratando con el rigor y la celeridad que exigen las situaciones de posible violencia contra las mujeres”, indicó en un comunicado. Me Too Brasil reveló este jueves haber recibido “denuncias de acoso sexual” contra Almeida, en el cargo desde que comenzó el tercer gobierno de Lula, en enero de 2023.
“Apoyo psicológico y jurídico”
Las mujeres “fueron atendidas a través de los canales de servicio de la organización y recibieron apoyo psicológico y jurídico”, indicó la ONG, sin dar detalles de los supuestos hechos ni de las denunciantes.
La organización, que lucha contra el acoso, sostuvo en una nota que las mujeres tuvieron dificultades para “obtener apoyo institucional para la validación de sus denuncias”.
Debido a estos escollos, considerados frecuentes por Me Too en casos de violencia sexual que involucran a agresores en posiciones de poder, las denunciantes aprobaron la divulgación del asunto en la prensa. Una de ellas sería otra ministra del gobierno de Lula, según el portal Metrópoles.
Almeida, un abogado y profesor universitario de 48 años, repudió “con absoluta vehemencia” las acusaciones, exigió las supuestas pruebas en su contra y afirmó que pedirá al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General de la Unión (CGU) y a la fiscalía que investiguen.
“Cualquier denuncia debe ser investigada con todo el rigor de la ley, pero los hechos deben ser expuestos para poder ser investigados y enjuiciados”, dijo el funcionario en un comunicado.
El ministro fue llamado la noche de este jueves por el contralor general, Vinícius Carvalho, y el abogado general de la Unión, Jorge Messias, para dar explicaciones, según el gobierno.
El concejal del Partido Colorado Ernesto Guerín cuestionó la falta de avances en los casos judiciales que enfrenta el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Prieto se lanza a la presidencia para alegar persecución política, dice concejal esteño
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El concejal del Partido Colorado Ernesto Guerín cuestionó la falta de avances en los casos judiciales que enfrenta el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El dirigente opositor que aspira a la presidencia de la República suma 41 denuncias en su contra por hechos de corrupción.
“La estrategia de Miguel Prieto es candidatarse para la presidencia de la República para decir el día de mañana que se le está persiguiendo”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“La justicia no está actuando. Yo no sé quién le protege al intendente, si la justicia reaccionaba yo puedo asegurar que él ni siquiera un día más estaría sentado en el sillón de la intendenciapor todos los hechos de corrupción que tiene y viene arrastrando”, lamentó Guerín.
Denuncian falsificación de documentos para desalojo irregular de 10 hectáreas
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Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.
Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.
La casa de la familia desalojada tras la presentación de supuestos títulos apócrifos. Foto: Gentileza
“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.
“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.
Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.
Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.
“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.
Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.
“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.
Único heredero
Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.
“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.
Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.