La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, dilucidó aspectos relacionados al paquete de reformas administrativas y legales que impulsa el ente como medidas de urgencia que busca revertir la crítica situación financiera.
Aclaró que el problema se heredó de administraciones anteriores. “Esas medidas implican necesariamente incrementar ingresos, gastar mejor y maximizar nuestras rentas”, señaló a la 1000 AM. Puntualmente la crisis se da en el fondo de enfermedad y maternidad, donde existen deudas millonarias que se arrastran desde hace varios años, lo que ya afecta la prestación a los asegurados.
Así también hay inconvenientes en el fondo de jubilaciones y pensiones que presenta un desequilibrio crítico desde el año 2020, conforme expresó. Sobre el punto aseguró que las medidas a ser implementadas no sumirán en la miseria a los pasivos, tal como afirman algunos gremios.
“Quiero decirle a los actuales jubilados y pensionados de la institución, que esas manifestaciones no son ciertas, que están mintiendo, manipulando la información y mal informando con mala fe a los jubilados, buscando quitar la paz y tranquilidad de la que deben gozar los jubilados y pensionados de la institución y usarlos para fines desconocidos”, indicó.
Afirmó que las medidas asumidas buscan proteger los recursos de los jubilados genuinos que han pagado sus aportes, los fondos que se han acumulado durante años y décadas de aporte. La abogada Cubas también aclaró el punto referente al proyecto de modificación del cómputo de haberes jubilatorios que actualmente se calcula sobre los 36 últimos salarios (tres años) y que aumentará a diez años.
“Es una propuesta también ya antigua, no es invento de esta administración, ha sido observado por los últimos informes actuariales, que los críticos de hoy, que aparecen como iluminadores, no solamente conocen sino que han apoyado pública y documentalmente según registros y documentos institucionales y que hoy por el hecho de ser críticos pretenden poner en duda, incurriendo en al menos una profunda incoherencia y deshonestidad intelectual”, aseveró.
La funcionaria de la previsional sostuvo que todas las reformas a ser incorporadas apuntan a mejorar las condiciones de vida de los más de 79.000 jubilados y los casi 900.000 activos que aportan a la institución. “Todas las medidas propuestas y asumidas tienen por objetivo proteger el ahorro de esas casi un millón de personas que han puesto sus aportes y ahorro para cuando pasen a la vida laboral pasiva. Todo lo que hagamos y propongamos debe estar enmarcado en la ley”, finalizó.
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