Ciudadanos del distrito de Jesús de Tavarangüe, en el departamento de Itapúa, decidieron acampar frente a la municipalidad de la mencionada ciudad, exigiendo que el intendente Víctor Garay sea procesado y destituido de su cargo.
El pedido obedece a que el jefe comunal fue imputado por el fiscal Luis Alberto Albertini por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media Diana Monzón una de las líderes de la manifestación aseguró que se encuentran desesperados por la situación por la cual atraviesa el municipio.
Desde que se inició el proceso en contra del intendente, todas las actividades de mantenimiento y mejoramiento de la ciudad se han visto paradas.
“Vamos a estar acá hasta que el intendente vaya a la cárcel, las actividades pararon completamente, no se hace nada. Las escuelas se cerraron en las compañías porque supuestamente no hay suficientes alumnos y no es así. Hacen figurar trabajos de empedrados y no se hace nada, habilitaron una sala de informática y no hay ni una computadora, pero figura que se compraron”, indicó Monzón.
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La misma aseguró que bajo la administración del intendente Garay la calidad de vida de los habitantes ha empeorado, ya que no se realizaron las obras en materia de saneamiento ni construcción de caminos que estaban planteadas.
Es por eso que ahora solo quedan caminos intransitables y cientos de familias no logran acceder a una necesidad tan básica como es el agua potable debido a que no tienen sistema de agua distribución.
Argumentó además que la mayoría de las licitaciones las hicieron empresas que no existen y jamás se iniciaron los trabajos, ni se dieron continuidad a servicios, como, por ejemplo, la recolección y el tratamiento de los residuos.
Estos desechos ahora ahora están siendo depositados en un vertedero improvisado, el cual no cumple con las normas sanitarias necesarias.
Según las investigaciones preliminares, la malversación de fondos significaría un perjuicio para el municipio de 800.000.000 guaraníes, y la causa pasaría a un juzgado de la capital, atendiendo que dos jueces de la zona se declararon no aptos para tomar la causa.
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