El comunicador Juan Alcaraz, quien reside en el departamento de Canindeyú, denunció que es víctima de amenazas y lamentó las precarias condiciones en que realiza su trabajo.
Criticó, además, al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quien habló de una supuesta lista de profesionales de la comunicación que sería objeto de atentado por el crimen organizado.
“Realmente ayer nos sorprendieron las expresiones del ministro de la Senad que socializa a nivel nacional desde medios de Asunción de que le habían dicho de una supuesta lista de personas a ser eliminadas por el crimen organizado, o ligados al narcotráfico, y que en esa lista existirían comunicadores”, señaló a la 1000 AM.
Dijo que por la línea editorial de los medios de la zona, se conoce quiénes son los trabajadores que corren el riesgo de ser víctimas del sicariato por sus publicaciones, que podrían “molestar a ciertos patrones de frontera y dueños del hampa del narcotráfico en Canindeyú”.
“Sabíamos que el ministro Jalil manejaba el dato y que nunca abordó con nosotros aquí en el departamento. Justamente estamos trabajando con los colegas desde ayer, de que por qué Jalil Rachid, a conocimiento supuestamente de una lista, por qué no nos convocó aquí en el departamento a todos los que cubrimos temas netamente periodísticos”, cuestionó.
Piden investigar
A su vez, el periodista José María “Pepe” Acosta pidió que se investigue la denuncia de qué periodistas sufrirían atentados por parte del crimen organizado. “Hemos hecho una denuncia sobre la posible perpetración de hechos punibles que afectarían a periodistas”, dijo a la 680 AM.
A su criterio, las declaraciones del titular de la Senad dejan “dudas e incertidumbres”, pero se debe tomar “con mucha cautela y atención”, ya que, por la violencia en la zona y la fragilidad en el manejo del Estado, en lo que representa al crimen organizado.
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México: sendos ataques a candidatos a alcaldes dejan 9 muertos
Nueve personas murieron en dos atentados contra candidatos a alcaldes en el estado mexicano de Chiapas (sur), informó este domingo la Fiscalía de esa región azotada por el crimen organizado. Los dos aspirantes sobrevivieron, uno de ellos quedó herido, en los ataques ejecutados la noche del sábado y la madrugada de este domingo en los municipios de Villa Corzo y Mapastepec, reportó la Fiscalía a través de sendos comunicados.
La institución anunció en principio tres fallecidos en Villa Corzo, pero este domingo confirmó que uno de los heridos perdió la vida en un hospital. Las demás muertes ocurrieron en Mapastepec. Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia en Chiapas contra aspirantes a cargos regionales en los comicios del próximo 2 de junio, cuando también será elegido el nuevo presidente de México.
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La noche del pasado jueves fueron asesinadas seis personas en el municipio de La Concordia, vecino de Villa Corzo, entre ellas la candidata a la alcaldía local, Lucero López, y una menor en una emboscada tras un mitin de campaña. Desde el pasado 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, han sido asesinados al menos 29 aspirantes a cargos locales, según un recuento de la organización civil Data Cívica.
De acuerdo con la Fiscalía, el atentado en Villa Corzo estuvo dirigido contra una comitiva en la que se hallaba el candidato a la reelección por ese municipio, Robertony Orozco, del partido Morena, al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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Orozco recibió disparos en las piernas, según el reporte oficial. En tanto, el ataque Mapastepec involucró a una caravana del aspirante de Morena a la alcaldía local, Nicolás Noriega, quien salió ileso. Dos personas más resultaron lesionadas.
Las campañas electorales en Chiapas suelen ser violentas, pero la situación se ha deteriorado aún más por la guerra que libran los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa en una subregión conocida como La Frailesca, a la que pertenecen Villa Corzo y La Concordia. Ambas organizaciones se disputan rutas para el tráfico de drogas -especialmente hacia Estados Unidos- y otras actividades delictivas como la extorsión. Mapastepec es un punto clave porque tiene costas sobre el océano Pacífico.
Fuente: AFP.
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
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Peña anunció el despliegue de militares de FTC en Itapúa ante atracos a bancos
Durante su jornada de gobierno en Itapúa, el mandatario Santiago Peña anunció este viernes la incursión de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el séptimo departamento para hacer frente a la ola de inseguridad, ante los reiterados asaltos tipo comando a entidades bancarias.
“La Fuerza de Tarea Conjunta vendrá a toda la zona sur. Estamos expandiendo la cobertura a lo que es el departamento de Canindeyú, Misiones e Itapúa. Creemos que será una apuesta muy importante. Esto va a requerir también una fuerte inversión en materia de seguridad, pero también ya es una decisión tomada”, dijo Peña en una entrevista con los medios de prensa.
A finales del pasado mes de abril se registró un millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF), localizada en la ciudad de Natalio. En la ocasión los delincuentes lograron con explosivos llevarse G. 1.000 millones aproximadamente de la bóveda.
No se trató de un caso aislado, teniendo en cuenta que ya se registraron diversos atracos con las mismas características en otras entidades bancarias y cajeros del departamento, situación que mantiene en zozobra a sus pobladores y autoridades, quienes habían demandado con urgencia la presencia de los efectivos militares, teniendo en cuenta que los agentes de la Policía Nacional se ven totalmente sobrepasados por los delincuentes.
“El mensaje que realizamos hoy es que venimos a dar la cara, que estamos presentes, venimos a darles todo nuestro apoyo y reafirmar nuestro compromiso. A decirles que los paraguayos de bien estamos de pie, firmes y que nosotros vamos a dar batalla en cada uno de los frentes como la seguridad”, sentenció el mandatario.
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Paro de buses
Por otra parte, el mandatario se refirió sobre la decisión del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) en ir a un paro desde el 20 de mayo por un periodo de tres días. Ante la consulta de que sí el Ejecutivo accederá al chantaje de los transportistas manifestó que “nuestra posición es firme en defensa de los paraguayos, de los usuarios del transporte público, este sistema está perimido, ya no da más. Lo vamos a cambiar y haremos una inversión como nunca antes y vamos a cambiar el modelo del transporte público”.
Caso Marcelo Pecci
Peña también hizo referencia al caso del fiscal la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, tras cumplirse en la fecha dos años de su asesinato en Colombia. “El mensaje que también doy a la ciudadanía es de una lucha frontal e inquebrantable contra el crimen organizado. No descansaremos y pondremos todo nuestro empeño hasta que se encuentre a todos los involucrados en el asesinato de Marcelo quien se convirtió en símbolo de la lucha contra el crimen organizado”.
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De “amenaza” califica Venezuela ejercicio militar de EE. UU. en Guyana
Dos aviones caza estadounidenses sobrevolaron el jueves Guyana como parte de un ejercicio militar coordinado entre ambos países, lo cual despertó “alertas” en la vecina Venezuela, que denunció “provocaciones” y “amenazas” en medio de la tensión por la disputa centenaria del rico territorio de Esequibo.
“El Gobierno de Guyana aprobó el sobrevuelo de dos aviones F/A18F Super Hornets de la Marina de los Estados Unidos en Georgetown (...) del 9 de mayo de 2024″, confirmó el gobierno guyanés en un comunicado, poco después de que la embajada estadounidense informara de la operación.
“Este ejercicio se lleva a cabo como parte del pacto de cooperación en materia de defensa entre Guyana y Estados Unidos de América y busca profundizar la seguridad en curso programa de cooperación entre nuestros dos países”, añadió.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, estimó que el sobrevuelo “amenaza la zona de paz” concertada entre el presidente Nicolás Maduro y su par guyanés, Irfaan Alí, en diciembre durante un momento de elevada tensión y los temores de conflicto armado por la disputa territorial.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo por su parte que la maniobra es parte de las “reiteradas provocaciones” de Estados Unidos, enemigo histórico del chavismo gobernante.
“Nuestro Sistema de Defensa Aeroespacial Integral permanece activado ante cualquier intento de violación del espacio geográfico venezolano, incluyendo nuestro Territorio Esequibo. ¡Alertas!”, señaló Padrino en la red X.
El Esequibo tiene una extensión de 160.000 km2 y es rico en petróleo y minerales. Es administrado por Guyana, aunque Venezuela reclama la soberanía basado en los límites trazados cuando aún era colonia de España.
La disputa se recrudeció en 2015 después del descubrimiento de yacimientos petroleros y desde entonces las tensiones han atravesado altibajos.
Guyana recurrió en 2018 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ratifique un laudo de 1899 que fijó las fronteras actuales y que Venezuela rechaza, amparado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que firmó con Gran Bretaña antes de la independencia guyanesa y que anulaba el fallo anterior estableciendo bases para una solución negociada.
Fuente: AFP