Pobladores de la ciudad de Mariano Roque Alonso se unieron para exteriorizar su descontento por el servicio de transporte público. Se agruparon frente a la municipalidad y exigieron una intervención de las autoridades para revertir la problemática que afecta a una gran mayoría que a diario se moviliza en bus.
Los manifestantes llevaron sendos carteles a través de los cuales dijeron “basta a las chatarras” y direccionaron sus quejas principalmente hacia las líneas de transporte 1 y 17 que realizan el recorrido por varios barrios.
Así también reclamaron “basta de mentiras” a la jefatura comunal y pidieron una solución definitiva al “pésimo servicio de transporte” con el que deben lidiar de manera cotidiana y desde hace mucho tiempo.
“Nos movilizamos porque necesitamos un colectivo urgente. Porque tenemos criaturas que vienen a la escuela, todos necesitamos un colectivo”, dijo una señora a C9N.
Los más afectados por la falta de colectivos son los residentes en Villa Margarita. “Desde hace tiempo que estamos sin transporte público y esperamos las respuestas de las autoridades”, dijo otra mujer.
Una manifestante contó que pese a los insistentes reclamos hechos ante la municipalidad, no obtuvieron una atención por parte de las autoridades. “Lo único que exigimos a la municipalidad es que nos dé respuestas. Y no es la primera vez, en reiteradas ocasiones, insistimos en que tengamos un diálogo con ellos, lo cual no se concertó. Nunca dieron esa oportunidad, tuvimos reuniones vecinales, necesitamos que ellos participen, pero nadie participa”, fustigó.
Afirmó que ante la inacción, los vecinos decidieron llegar hasta la sede municipal para ejercer el derecho a la protesta e insistir con sus petitorios. Afirmaron que ante la falta de buses, los pobladores se ven obligados a caminar hasta tres kilómetros para llegar hasta la ruta Transchaco y abordar el transporte público.
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Ybycuí: niegan aprobación de comisión vecinal y 40 familias no podrían acceder a viviendas
Un total de 40 familias del asentamiento Hábitat Che Pueblo Porâ de la ciudad de Ybycuí, se manifestó frente a la municipalidad local para solicitar la aprobación de su comisión vecinal. Este es un requisito para acceder a viviendas del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh).
Según Cándido Giménez, vecino afectado, ellos pidieron la aprobación para la continuidad de su comisión vecinal y de esa manera avanzar con los trámites para acceder a la viviendas que son construidas por el ministerio. Uno de los requisitos es la constitución de la comisión vecinal aprobada por la comuna.
Lamentablemente el ejercicio de la comisión venció en marzo pasado, pero desconocían de ese requisito y en abril realizaron el pedido de reconocimiento, sin embargo hasta la fecha aún no fue aprobada por la municipalidad. “Pedimos que apruebe el reconocimiento de la comisión, porque nos piden actualización desde el Muvh”, dijo en entrevista con La Nación/Nación Media.
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Piden acceder a viviendas
Explicó que la intendenta María Cristina Servín pidió el llamado a asamblea para el reconocimiento de la comisión y aseguró que ellos tienen la aprobación de los vecinos a fin de reelegir a sus miembros. “Se trata de un proyecto que se inició en el 2019 y este año debe concluir con la construcción de las viviendas”, apuntó.
Afirmó que anteriormente la comisión era elegida cada dos años y que desconocían que esto se debía hacer cada año, pero que no quieren perder esta posibilidad de acceder a las viviendas donde serán beneficiadas 40 familias. “Ahora que tenemos todo para que salga el proyecto de viviendas dignas para gente pobre tenemos este inconveniente”, explicó.
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Desprotegidos y abandonados
Giménez aseguró que si se llama a una asamblea se perderán al menos 40 días de tiempo y que durante ese período varias documentaciones vencerán, a esto se suman que los papeles tienen su costo y que son familias de escasos recursos. “Tenemos la posibilidad de acceder a estas viviendas y nos ponen trabas, es lo que lamentamos”, detalló en LN.
Señaló que actualmente se sienten desprotegidos y abandonados por las autoridades locales. “Somos gente pobre, no tenemos para defendernos y esperamos esta gran ayuda del Gobierno Nacional junto con el ministerio, que ya no dieron su aprobación, pero necesitamos la ayuda de la Municipalidad de Ybycuí”, sentenció.
Los vecinos esperan que la intendenta se solidarice con ellos y que apruebe ese último paso para que puedan acceder a una vivienda digna. “El ministro Juan Carlos Baruja apoya el proyecto y el Gobierno Nacional también, pero la municipalidad no y es algo contradictorio, porque será un beneficio para la comunidad”, concluyó.
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Bolivia: comerciantes realizan bloqueos por escasez de dólares
Con camiones y barricadas, transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon ayer lunes varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar una escasez de dólares, una falta de divisas que el gobierno niega. “Hoy iniciamos nuestras movilizaciones. Por ahora es de 24 horas, pero puede ser indefinida con cierre de fronteras”, advirtió Jorge Gutiérrez, de la Cámara de Transporte Internacional del departamento de Oruro.
Los bloqueos se registraron en nueve puntos de los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), informó la Administradora Boliviana de Carreteras, un organismo del Gobierno. Los manifestantes estacionaron sus camiones en ambas direcciones de las vías, y en Oruro levantaron barricadas con tierra y piedras.
Mientras en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, los transportistas cortaron la principal vía que conecta este departamento con el resto del país, donde no se han enfrentamientos, según informó la policía. “No hay dólares, nuestro presidente (Luis Arce) dice que hay dólares y nunca vemos dólares, ni en los bancos, no hay dólar para comprar”, dijo a la AFP Teodoro Gonzáles, de 50 años y vendedor de repuestos de vehículos.
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Bolivia registra desde el año pasado una menor entrada de divisas por el gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020, a raíz de una caída de la producción. Incluso el Gobierno de Arce echó mano de sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados.
Sanciones a los bancos
El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, negó este lunes la escasez de divisas que denuncian los gremios. “Hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado en forma oportuna estos recursos. Ahí se genera esta especulación. No es que no haya dólares”, afirmó Montenegro.
De acuerdo con la cartera, la banca tiene “258 millones de dólares disponibles”. Además de la protesta de los transportistas , comerciantes marcharon en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí. Según esos sectores, la falta de divisas está afectando las importaciones y encareciendo productos como los repuestos de vehículos.
“Nuestro sector está alarmado y va hacerse respetar. No hay dólares”, señaló el dirigente de los comerciantes, César Gonzales. Desde 2011 la divisa estadounidense se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos por dólar. Sin embargo, en el mercado negro se cotiza actualmente a nueve bolivianos, y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.
No hay plata
A finales de abril, Arce reconoció la caída de los ingresos: “Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado (y) estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más”. “El sector que generaba divisas, que es hidrocarburos, el gas natural, ha reducido significativamente sus exportaciones”, señaló el economista y profesor en la privada Universidad Privada Boliviana (UPB), Gonzalo Chávez.
Bolivia llegó a un techo de ventas de gas por 6.113 millones de dólares en 2013, para bajar a unos 2.792 millones en 2022, según datos oficiales. Cerca del 80 % de la producción se vende a Argentina y Brasil, según la estatal petrolera YPFB, que anticipó un mayor descenso, pues Buenos Aires comunicó que desde agosto próximo dejará de comprarle a Bolivia.
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Fuente: AFP
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El transporte público requiere una sustancial mejora en el trato a las personas
Hoy, lunes 20 de mayo, tenía que haber comenzado la huelga de un vasto sector del transporte público de la zona capitalina y aledaña, que está extorsionando al Gobierno por nuevas ventajas económicas. A raíz de las últimas conversaciones, los transportistas decidieron postergar el paro por veinte días, a ver si consiguen sus objetivos de que se les otorgue más regalías, como las que ya vienen usufructuando.
Fuentes del Gobierno que están en el tema han señalado que no tiene sentido la medida extrema que están queriendo llevar a cabo porque conversando se están solucionando las diferencias y los pagos de los subsidios se están actualizando en más del 90 %. Pero el sector transportista involucrado sigue exhibiendo la amenaza del paro como un gran garrote contra la gente.
Para enfrentar esta realidad, urge poner en vigencia nuevas normas, con medidas que ayuden a alcanzar la eficiencia y mejoren sustancialmente el transporte de pasajeros.
No se necesitan solamente nuevas leyes, que muchas veces son muy buenas, pero que no se las lleva a la práctica como corresponde. El país, especialmente el Área Metropolitana de Asunción, el departamento de Central y zonas cercanas, requieren un sistema diferente que se centre en el buen servicio y la seguridad de las personas, que son los pasajeros que con su dinero dan vida y utilidades a las empresas de transporte. Un modo que esté pensado en los requerimientos de la ciudadanía y no como un método diseñado solo para cumplir las exigencias monetarias de las empresas.
La experiencia demuestra que la sola promulgación de las leyes no sirve para mucho porque terminan siendo olvidadas en la práctica en que imperan el mal servicio, el trato humillante y el desamparo de los que viajan en los buses. Es necesario y urgente un cambio radical.
La reforma del transporte urbano y suburbano de pasajeros debe centrarse principalmente en el buen servicio a las personas, que es el gran déficit que se tiene. Muchas de las empresas de transporte no consideran la comodidad y el bienestar de los que utilizan sus servicios, sino solo las utilidades económicas que perciben. Como ocurre con el gremio que actualmente está extorsionando al Gobierno para alcanzar más ventajas financieras, sin importarle mejorar el servicio a sus clientes.
Aquí hay que insistir y lograr que se impongan la buena práctica y el servicio adecuado a los pasajeros del transporte público. Para ello faltan no solo normas contundentes que consoliden y hagan efectivas las garantías, y que castiguen a los infractores, sino fundamentalmente sistemas y prácticas sólidas que impidan el maltrato y faciliten la cortesía hacia el usuario. Tal como ocurre en ciudades y países donde la calidad del servicio público es altamente buena e impensable la desconsideración, muy corriente en gran parte de nuestro país.
Hay que reconocer que, así como existen empresas que prestan malos servicios y son descorteses con las personas, también hay compañías que se destacan por su nueva mentalidad, y que ofrecen mejor trato y seguridad. Casualmente, varias de esas entidades no están en el gremio de las empresas que están extorsionando ahora. Son las que prefieren seguir trabajando y apostando al diálogo con las autoridades en lugar de recurrir al chantaje. Que es lo que corresponde hacer entre entidades civilizadas y que no se dejan llevar por el extremismo de la coacción y la amenaza de hacer daño causando perjuicios a los ciudadanos.
El Gobierno debe aprovechar esta oportunidad para realizar una profunda modificación en el sistema de transporte de pasajeros, que debe incluir todo tipo de medidas. Como, por ejemplo, la utilización de buses eléctricos con incentivos especiales, la inclusión de nuevas empresas para mejorar la oferta de servicios con exigencias de mayor calidad en el trato y el castigo a las que cometen malas prácticas en su servicio de transporte. Que entre las condiciones que se pidan, aparte de las cuestiones relacionadas con los reglamentos de paradas, itinerarios y demás, se exija de manera terminante la mejora sustancial en el trato a las personas, que debe incluir la opinión de los usuarios. El buen comportamiento con los pasajeros debe ser la condición primera y fundamental para otorgar la licencia del transporte público.
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Policías y familiares toman una sede en Posadas para reivindicar mejoras salariales
Policías, expolicías y familiares han tomado este viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial, aunque los propios manifestantes han reiterado que no han irrumpido en las instalaciones.
Manifestantes se concentraron frente a la sede a las 16.30 horas e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede, informa la emisora Cadena 3. Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta.
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A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia, que se sumaron al campamento.
Un portavoz de las fuerzas policiales locales, Germán Palavecino, ha rechazado que se trate de un “acuartelamiento” y ha explicado que la protesta es una “medida para visibilizar la urgencia del sector”.
Ramón Amarilla, policía retirado y uno de los portavoces de la protesta, ha apuntado que la situación sigue “muy tensa”. “El reclamo es que el Gobierno nos atienda porque unilateralmente ha eliminado la mesa de diálogo que contaba con los delegados de cada unidad regional de toda la provincia”, ha explicado a Cadena 3.
Allí los incrementos salariales propuestos “son ínfimos” y “no mueven ni la aguja”. “Nosotros hoy, comparado con la Policía Federal, no llegamos ni a la mitad. Es una vergüenza”, ha reprochado.
“Los incrementos que estamos recibiendo trimestralmente, bimestralmente, son ínfimos. Y verdaderamente nosotros, en los últimos cinco meses, hemos tenido una pérdida de más del 50 por ciento en nuestra capacidad de compra, en nuestra capacidad de nuestro salario”, ha añadido.
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Amarilla ha subrayado que han sido los policías retirados y los familiares los que levantaron un campamento frente a la Jefatura a principios de esta semana y que participaron los policías activos.
Así, ha acusado a la Jefatura de tomar represalias al trasladar “a un montón de personal policial a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, 360 kilómetros de la capital o de su destino actual para tratar de perjudicar a ese personal”.
La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto.
Mientras, sectores como el de salud y educativo se han sumado a las reivindicaciones salariales de los policías.
Fuente: Europa Press