El ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), cuestionó la falta de celeridad de la justicia con respecto al robo de energía reportado por el ente. En los últimos cinco años se formalizaron 60 denuncias, pero un solo caso recibió una condena. El reclamo fue planteado incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Hay unas 60 denuncias presentadas en el ámbito judicial desde el año 2019 a la fecha creo que hay solo un condenado por sustracción de energía eléctrica. El presidente de la Ande se reunió esta semana con el fiscal general y el presidente de la Corte”, señaló a la 1000 AM.
Con respecto al procedimiento realizado el día de ayer miércoles a una criptominería ilegal en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, confirmó que la empresa generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a la Ande. “En lo que va de este 2024, esta es la intervención número 11, con estas intervenciones se evitan una pérdida de G. 6.500 millones por mes”, indicó.
Detectaron conexión directa
Rolón manifestó que los propios pobladores fueron quienes hicieron la denuncia debido a los constantes problemas en el servicio. “Personal técnico, con asesoría jurídica llegaron al lugar, se solicitó el allanamiento y se constató una conexión directa en media tensión, de manera irregular”, remarcó.
El funcionario de la Ande explicó que en el citado establecimiento se encontró una potencia de más de 3 megavatios y más de 700 máquinas de criptominería. Según el informe de la Ande, en el lugar se encontró un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kVA que alimentaba a las máquinas procesadoras de criptomonedas que fueron incautadas como parte del proceso de investigación por el ilícito de sustracción de energía eléctrica detectado en dicho local.
Para las autoridades resulta claro que una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico constituyen estas actividades ilícitas, que además ocasionan un grave daño patrimonial a los intereses de la institución.
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