En la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí y debido a las reiteradas denuncias de cortes de energía eléctrica en la referida localidad, la Administración Nacional de Electricidad realizó las verificaciones correspondientes en la línea de Media Tensión que abastece de energía eléctrica a la zona. Luego de la revisión se detectó un gran consumo de energía eléctrica en un establecimiento de gran porte con conexión directa en Media Tensión, dedicado a la criptominería, lo que llevó a las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público.
La jueza penal de garantías, Ramonita Melgarejo, firmó el allanamiento e intervención del establecimiento y el procedimiento está a cargo del agente fiscal, Mercedes Vera de la Unidad Penal N.° 1 de la sede Regional de Quiindy, con acompañamiento del personal policial y funcionarios interventores de la Ande.
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En el lugar se encontró un transformador de 45 kVA que alimenta a otro transformador de 3.150 kVA y más de 1.000 máquinas procesadoras de criptomonedas que serán incautadas como parte del proceso de investigación por el ilícito de sustracción de energía eléctrica detectada en el lugar.
Esta actividad ilícita representa una pérdida de más de G. 800 millones de guaraníes mensuales, y es una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, además de ocasionar un grave daño patrimonial a los intereses de la institución.
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Tras la tormenta, Ande recibió al menos cuatro mil reclamos en CDE por falta de energía
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una fuerte tormenta se registró en el Este del país generando un apagón casi general en la capital de Alto Paraná, a raíz de la caída de árboles, postes del tendido eléctrico y cables sueltos. Según el reporte de la Ande, se vieron afectados 51 alimentadores de 23.000 voltios del sistema Este, de los cuales, 40 corresponden a Alto Paraná y 11 a Canindeyú.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) recibió al menos cuatro mil reclamos por falta de suministro, según dijo a La Nación/Nación Media, el ingeniero Daniel Candia, del sector reclamos.
Diferentes comisarías reportaron sobre los daños causados por el fuerte viento que se registró alrededor de las 21:00 de este jueves, afectando, sobre todo, a las poblaciones ubicadas a las márgenes de la Ruta PY02, desde el barrio Ciudad de Nueva en el Km 7, hasta la zona de Minga Guazú.
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En Alto Paraná, 35 alimentadores ya han sido restituidos, quedando 1 fuera de servicio y 4 en servicio parcial, lo que afecta a sectores de Minga Guazú y Ciudad del Este. En el microcentro de Ciudad del Este, en la zona afectada por el incendio de un edificio, permanece sin energía una cuadra, con el fin de facilitar los trabajos en la zona para el control total del siniestro.
En Canindeyú
En Canindeyú, 10 alimentadores de distribución continúan fuera de servicio, afectando a las localidades de Katueté, Nueva Esperanza, Yby Pyta, Yvyra Rovana, Corpus Christi, Puente Kyha, La Paloma y Puerto Adela.
“Ante esta situación, la Ande reforzó sus cuadrillas, desplegando más de 80 funcionarios distribuidos en 20 grupos, pertenecientes a la institución y a empresas contratistas, para agilizar la atención de los reclamos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indica el informe.
La Ande enfatizó en la magnitud de los daños a la infraestructura eléctrica, que “incluyen postes rotos, cables sueltos, árboles caídos sobre el tendido eléctrico”.
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BID financia con más de USD 450 millones para el desarrollo energético nacional
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa y ejecutivos de la institución, recibieron a Alonso Chaverri, autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay (BID), y otros representantes para dialogar sobre los planes energéticos futuros y el avance de los proyectos de infraestructura eléctrica, actualmente en ejecución que cuentan con financiamiento de la multilateral.
Algunos de los proyectos que están siendo realizados con apoyo del BID son el programa de rehabilitación y modernización de la central hidroeléctrica Acaray por un valor de USD 125 millones, que tiene como objetivo apoyar a la ANDE para la extensión de su vida útil, mejorar su disponibilidad y confiabilidad e incrementar su capacidad de generación.
Seguido, incluye el programa de inversiones de energía sostenible en Paraguay por USD 70 millones, el cual contempla la ejecución de las obras de construcción de la línea de transmisión 500 kv Yguazú -Valenzuela y las subestaciones Yguazú -Valenzuela.
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Otra obra es la expansión del sistema de transmisión en alta tensión que transita su fase 2 por un valor de USD 260 millones y contempla la construcción del segundo circuito de la línea de transmisión 500 kv margen derecha -Villa Hayes, la ampliación de las subestaciones margen derecha y Villa Hayes,.
Así también, la construcción de las líneas de transmisión en 220 kv doble terna Guarambaré - Valenzuela y obras conexas en San Lorenzo - Villa Aurelia y Barrio Molino -Villa Aurelia, modernización del compensador estático de Limpio y la Ampliación del Esquema de Corte ante Contingencias de la ANDE.
Al respecto, el presidente de Félix Sosa expresó: “Estas inversiones son fundamentales para continuar fortaleciendo el sistema eléctrico del país. Es importante seguir trabajando en alianzas estratégicas que permitan consolidar un sistema eléctrico confiable, eficiente y sostenible para beneficio de toda la ciudadanía”.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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