Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la dirección regional del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), de Ciudad del Este, predominan los casos de mujeres despedidas del trabajo durante el periodo del permiso por maternidad, dentro de la cantidad total de desvinculaciones, según las denuncias de las trabajadoras. Es lo que dijo la abogada Carmen Guerreño, de la oficina del trabajo, al ser consultada por La Nación/Nación Media, en el Día Internacional de la Mujer.
Hoy precisamente se presentó el caso de una mujer de 24 años que, al terminar su periodo de permiso por maternidad, le comunicaron que estaba despedida. La misma trabajaba en una estancia del Chaco y se desplazó a Ciudad del Este para su reposo y nacimiento del niño o la niña. Al querer volver se le informo que está desvinculada. Es lo que contó Guerreño.
En los últimos dos meses se presentaron 11 denuncias de mujeres que perdieron sus puestos laborales estando en tiempo de maternidad y otras que realizan el trabajo doméstico. “Este servicio es el segundo rubro donde se generan más denuncias por irregularidades laborales, es un sector donde no se cumple prácticamente lo que estipula la ley”, expresó Carmen Guerreño.
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La misma puso como ejemplo que, de 26 denuncias en una semana que afectan a mujeres, el 30 % corresponde a trabajadoras del sector doméstico. Asimismo, refirió que desde el MTESS insisten mucho en el trabajo educativo con la gente que acude a la institución porque el desconocimiento de los derechos les lleva a aceptar situaciones que no corresponden.
Carmen Guerrero dijo que con la intervención del MTESS, el resultado positivo es que una mayoría de los reclamos que llegan a la institución, como por ejemplo que no pueden ser despedidas durante su maternidad inicial, las empresas terminan cumpliendo con esa normativa.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Paraguay asumió oficialmente en el consejo de administración de la OIT
Este sábado 15 de junio se conformó oficialmente el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2024-2027, durante una sesión celebrada en la sede de la institución en Ginebra, Suiza, con Paraguay como miembro adjunto.
Nuestro país ocupa por segunda vez este puesto en representación de la región de América, luego de ser la segunda nación más votada en las elecciones realizadas durante la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo. En la primera sesión del Consejo, se procedió a la elección de las nuevas autoridades, siendo electo Seong Deok Yun, de Corea, como presidente; Renate Hornung-Draus, como portavoz de los empleadores; y Catelene Passchier, como representante de los trabajadores.
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Estuvo presente el director general de la OIT Gilbert Houngbo, en tanto nuestro país estuvo representando por el director general de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo, Joryan Rossati. La economía de las plataformas y el uso de las tecnologías para mejorar el mundo laboral hacia transiciones justas y un desarrollo sostenible, se presenta como uno de los temas novedosos que a ser abordado por el consejo en sus próximas sesiones.
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se encarga de adoptar las decisiones de carácter operativo para implementar la dirección estratégica fijada por la conferencia. Está compuesto por 56 miembros titulares y 66 adjuntos, representando a gobiernos, empleadores y trabajadores.
Paraguay, como miembro adjunto, goza de los mismos derechos que los miembros titulares, salvo el derecho a votar y a presentar resoluciones, enmiendas y mociones. En caso de ausencia de un titular, este puede ser reemplazado por un adjunto que ejerce en ese caso todos los derechos.
Por otro lado, desde la cartera laboral informaron que Paraguay es uno de los países invitados a participar de la reunión de ministros de Trabajo y Empleo del G20 que se desarrollará del 24 al 26 de julio, en Fortaleza, Brasil. El evento reunirá a líderes de diferentes países para discutir políticas y estrategias que promuevan el trabajo decente, la inclusión social, la tecnología, la diversidad e igualdad de género en el mundo del trabajo.
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Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
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Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
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Urge que el IPS continúe ahorrando, dice Brítez
El Instituto de Previsión Social (IPS) se vio obligado a tomar una serie de medidas impopulares con el fin de preservar el fondo de jubilaciones y a la par generar ahorro en los gastos de la previsional, así lo afirmó el presidente de la institución, Jorge Brítez, quien indicó que se debe asegurar los recursos para las generaciones futuras.
“En los fondos jubilatorios siempre se crearon superávit, por eso tenemos USD 2.350 millones en el fondo de reserva, eso está dentro del mercado financiero, eso está en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y en diferentes instrumentos financieros, ahora debemos seguir generando rentabilidad para seguir ahorrando”, expresó el titular del IPS.
Brítez mencionó que cuando ingresaron a la institución se encontraron con un verdadero “carnaval” en el manejo de la previsional en cuanto al manejo de contrataciones de servicios y también de funcionarios, dado que en los últimos cinco años, se incorporaron unos 10.000 nuevos contratados. Además de esto, se tomaron decisiones arbitrarias como la de elevar el haber mínimo jubilatorio al 75% sin que esto cuente con una fuente de financiamiento.
“Según los cálculos actuariales, si no hacíamos absolutamente nada, recién en el 2038 íbamos a estar en la situación que estamos hoy, pero desde el 2020 ya se está haciendo esto de tocar las rentas del fondo de jubilaciones, eso nos preocupó extremadamente y tuvimos que tomar medidas impopulares, pero que tuvimos que hacerlo para preservar el fondo”, manifestó.
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Deudas
El IPS cuenta con deudas que ascienden a unos USD 850 millones, alrededor de USD 450 millones corresponden a compromisos impagos con proveedores. Ante esta situación, el Consejo de Administración inició un trabajo que es acompañado por el presidente de la República Santiago Peña, con el fin de que la previsional pueda cumplir con sus acreedores.
“Estamos buscando alternativas financieras que nos permitan salir de esta situación, el objetivo es recaudar más y gastar mejor y son dos medidas administrativas que estamos tomando para poder ir mejorando la situación y así cumplir con los compromisos que tiene el IPS”, señaló a la 1020 AM.
La administración de Brítez realizó 17 denuncias ante el Ministerio Público por hechos irregulares que tuvieron lugar en gestiones anteriores, lo cual produjo el descalce financiero actual. El IPS recurrió al uso del 28% de las rentas de sus reservas para cumplir con el pago de las jubilaciones, y si esto no se detiene, en unos tres años podría comenzar a utilizarse las reservas y es eso lo que se busca evitar, explicó.