La deserción escolar es una problemática que intenta ser revertida mediante acciones que se desarrollan en seis departamentos del país. La falta de cedulación de los menores sigue siendo un escollo central. Además, la pobreza y la violencia intrafamiliar aparecen entre las barreras a ser derribadas para que los chicos vuelvan a la escuela y puedan tener un futuro mejor.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Tenemos como meta llegar a unos 30.000 niños este año”, cuenta Sidney Vasconcelos, especialista en educación del Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia (Unicef).

Lo hace precisando los obje­tivos de ¡Vamos a la Escuela!, un programa al que define como “una iniciativa pionera contra la exclusión educa­tiva”, que se puso en marcha en febrero de 2023 tratando de revertir el cuadro de deser­ción escolar que se verifica en el país.

“La idea es regresar a las aulas a los niños que están fuera de la escuela y atender especialmente a los que están con riesgo de abandono”, pre­cisa comentando que desde 2021 “se trabaja en la iden­tificación de los perfiles y las barreras de la exclusión” con el apoyo de Unicef y la fun­dación Educación por Sobre Todo (Education Above All), de Catar.

“Queremos hacer llegar el mensaje de que la educación es un derecho, no se puede normalizar que los niños estén fuera de la educación y la gente tiene que saber que la escuela tiene las puertas abiertas para recibir a los niños. En cualquier momento del año se pueden ir y solicitar la matriculación de sus hijos, tengan o no cédula, esto es fundamental”, asevera.

Para ello apunta que es prio­ritario que las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada localidad y el sistema de justicia colaboren en afirmar este derecho.

Si bien se esperan cifras pre­cisas para determinar cuán­tos niños están fuera de la escuela, se entiende, por el volumen, que el problema debe ser prioritario en la agenda estatal.

“No podría dar un estimativo porque estamos esperando los datos del censo de 2022″, dice cauteloso Vasconcelos. “Hacemos uso de un dato del Instituto Nacional de Esta­dística (INE). Tenemos que hay 10,6 % de los hogares del país con necesidades básicas insatisfechas, que nos ayuda a tener un panorama”, des­cribe.

Sin embargo, un informe con datos anteriores publicado por el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) y el Unicef apuntaba en 2023 que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años está fuera de la escuela, lo que constituye un uni­verso de aproximadamente 450.000 niñas, niños y ado­lescentes.

Atribuible a razones múlti­ples, la pobreza aparece como el motivo central de la situa­ción. A renglón seguido está la ausencia de programas de asistencia económica e inte­gral que ayuden a la perma­nencia y una baja valoración de la importancia de la edu­cación en los sectores menos favorecidos de la población.

Para revertir la situación, Vas­concelos apunta que ¡Vamos a la Escuela! vino haciendo “acciones sociocomunita­rias y de fortalecimiento en seis departamentos y 28 dis­tritos del país, con lo que asis­timos a más de 23.000 niños, esperando llegar a mediados de este año a 30.000″.

“Lo hacemos apoyando a las comunidades para que pue­dan priorizar el acceso de los niños mediante un proceso de sensibilización y de llegada de información a familias, comunidad, líderes comu­nitarios buscando derribar barreras”, describe recor­dando que la tarea se da en Alto Paraná, Caaguazú, Cen­tral, Concepción, Itapúa y San Pedro.

Si bien el programa no tiene un apoyo económico directo, se trabaja para derivar las familias vulnerables a “pro­yectos sociales existentes por medio de la vinculación entre escuela y el programa Tekoporã para facilitar que familias que no habían acce­dido puedan tener las trans­ferencias porque la pobreza es la principal barrera que identificamos”.

Describe entonces los altos costos complementarios que se dan con la necesidad de “compra de uniformes, el transporte, la alimentación, que hacen que no puedan priorizar la educación de los hijos, principalmente en la primera infancia y la adoles­cencia a partir de los 15 años”, comenta.

Las distancias son otro punto clave en el interior, así como la violencia intrafamiliar, que según expone “requiere de un apoyo a la prevención de violencia, con otros pro­gramas sociales de actuar interinstitucional para que los niños que estamos iden­tificando puedan ser atendi­dos”, señala.

Los niños, niñas y adoles­centes con discapacidad requieren una atención especial, ya que al menos el 10 % del total de la franja etaria está en esa situación. La falta de acceso a servicios y de diagnóstico profesio­nal, limitados entornos de aprendizaje y pedagogías no centradas en el estudiante son algunas de las barreras que contribuyen a la exclu­sión.

Como parte de las activida­des de apoyo, el programa entregó mil computadoras en 175 escuelas “porque si bien sabemos que cada niño aprende a su manera, a su tiempo, el acceso a los recur­sos digitales de aprendizaje es fundamental en este tiempo histórico”, describe Vascon­celos. Lo hace comentando que la tarea fue complemen­tar las instalaciones que ya había hecho el MEC sumando equipos para que los niños puedan acceder a lo digital.

“Una urgencia que tenemos es que los niños aprendan y para ello tenemos que tener a los niños en la escuela”, razona. Los déficits de la enseñanza son otro tema preocupante. “En tercer grado, la mitad de los chicos no podían leer un simple texto antes de la pandemia del coronavirus, así que tenemos que tra­bajar el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemá­ticas porque caso contra­rio vamos a estar alimen­tando la reproducción de la pobreza”, señala.

En este sentido, a través del proyecto fueron evaluados más de 50.000 estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) e identificaron que más de la mitad requiere de un apoyo pedagógico.

Para ayudar en esta tarea, apunta que llegarán a unas 300 escuelas este año. “Bus­cando que los niños se man­tengan en la escuela tenemos 800 nuevos docentes forma­dos, 125 equipos de gestión y deseamos encarar una cam­paña masiva de matricula­ción escolar para que desde cada distrito se pueda vigilar la permanencia de los chicos en las escuelas”, concluye.

La cedulación de los niños sigue siendo un problema importante. “Desafortunada­mente, el sistema tiene barreras adminis­trativas porque no disponer de una cédula de identidad no puede ser un impedimento para que un niño se matricule”, recuerda Vasconcelos.

Reportes de la agencia internacional de 2016 daban cuenta de que “por lo menos un 12 % de los niños no tenían acceso a la cedulación. Esperamos que la situación haya cambiado, en breve tendremos datos actualizados del censo de 2022, pero sabemos que el problema está allí”, dice. “Lo vimos en zonas rurales y en el casco urbano que hay familias ente­ras sin acceso a la cedulación y una persona sin acceso a documentos tiene las puertas cerradas a los derechos”, apunta.

A pesar de ello, insiste en que “la ley dice que sin documento se puede formalizar la matrícula. Así que estamos entrenando a docentes y al entorno educativo para apoyar a la familia para que se pueda inscribir a los niños. Con buen asesoramiento podremos lograr que muchas familias puedan garan­tizar la matrícula de su hijo”, señala.

Representantes del proyecto ¡Vamos a la Escuela! visitaron más de 6.000 hogares durante la campaña con el obje­tivo de identificar a niños y niñas que no asistían a clases y lograr su vuelta a las aulas.

Además, de acuerdo al currículo nacional, el proyecto evaluó a más de 50.000 estudiantes en las competencias funda­mentales de comunica­ción y matemáticas, capa­citó a 1.200 docentes en prácticas innovadoras e inclusivas de enseñanza y aprendizaje, así como logró que 175 institucio­nes educativas imple­menten estrategias para hacer frente a la exclusión educativa.

Asimismo, más de 500 voluntarios apoyaron el proyecto participando de actividades pedagógicas y comunitarias, dedi­cando su tiempo, conoci­mientos y esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas.

Para junio de 2025, el objetivo del proyecto es que 30.000 niños y niñas sean beneficiados de manera directa, por medio de las acciones de ámbito sociopedagó­gico, en los departamen­tos seleccionados.

A nivel local, el proyecto ¡Vamos a la Escuela! cuenta con el apoyo de la Fundación Alda y Global Infancia, que implemen­tan acciones para apoyar la identificación, matri­culación, permanencia y el aprendizaje de niños y niñas en el Paraguay.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en su calidad de titular de la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI) instruyó a los representantes de diferentes instituciones públicas que conforman esta mesa de trabajo a dar celeridad a los trabajos en las comunidades indígenas del Chaco, tales como Yakyte XA, Sawhoyamaxa, Xámok Kásez, y Kelyenmagategma.

A través de sus redes sociales, el segundo del Ejecutivo, aseguró que este es un compromiso inquebrantable del Gobierno encabezado por el jefe de Estado, Santiago Peña con el fin de mejorar la calidad de vida de los hermanos indígenas y cumplir con las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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En comunicación con La Nación/Nación Media, la directora General de Derechos Humanos, de la Vicepresidencia de la República, Dra. María Teresa Peralta comentó que la CICSI mantuvo una reunión en el mes de febrero de este año, encabezado por el vicepresidente Alliana, junto con las altas autoridades del Poder Ejecutivo y el consejo consultivo.

Ya en esa reunión, señaló que se pusieron a analizar la situación del cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH con respecto a las tres comunidades nativas chaqueñas Yakyte XA, Sawhoyamaxa, Xámok Kásez y disponer avanzar en el cumplimiento de la misma. Indicó que estas sentencias contra el Estado paraguayo datan de los años 2005, 2006 y 2010, respectivamente.

Explicó que la sentencia tiene que ver con el reclamo de sus territorios ancestrales, el avance de las mensuras, apertura de caminos de todo tiempo, atención médica, entrega de alimentos, provisión de agua, construcción de viviendas, entre otros servicios básicos. La Dra. Peralta, remarcó que bajo la gestión del vicepresidente Alliana, y la decisión política del Gobierno a la fecha se pudo avanzar bastante bien en el cumplimiento de esta sentencia.

“Son sentencias que tienen varios años, y que por indicación del vicepresidente Alliana en su calidad de presidente del CICSI, se ha imprimido trámite y hemos avanzado mucho, porque son compromiso de Estado, que tienen sentencia de la Corte IDH”, acotó.

Al respecto, la Dra. Peralta señaló que desde el 16 al 20 de setiembre, está prevista la visita de autoridades de la Corte IDH en el país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos por parte del Estado paraguayo. La comitiva estará encabezada por el vicepresidente de la Corte Rodrigo Mudrovitsch, y la agenda de actividades incluye la visita a las tres comunidades indígenas.

Remarcó que el cumplimiento de esta sentencia involucra a varias instituciones como el Ministerio de Obras Públicas que se encarga de la apertura de los caminos de todo tiempo, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en la construcción de las casas; el Instituto Nacional del Indígena que se encarga de las cuestiones de la tierra, entre otras más.

“El compromiso que asumieron las distintas instituciones del Estado, se ha logrado avanzar muchísimo, y ahora estas comunidades ya tienen camino de todo tiempo, incluso caminos que interconectan con otras comunidades, como ser el camino que une Yakyte XA con la comunidad Kelyenmagategma que está más hacia el río Paraguay, que son lugares paradisíacos donde el interés del Estado es brindarles esa calidad de vida, sobre todo la provisión de los servicios básicos. Aclaró que es asistencialismo, es dar cumplimiento a una sentencia que recayó contra el Estado paraguayo”, enfatizó.

• Desde febrero la CICSI trabaja en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y a la fecha hay grandes avances.
• El vicepresidente Pedro Alliana instruyó a la CICSI dar celeridad a los trabajos, a fin de que para la quincena de setiembre se pueda mostrar los resultados a la visita de las autoridades de la Corte IDH.
• La sentencia de la Corte IDH ya se habían establecido entre el 2005 y el 2010 y tiene que ver con varios reclamos que hacían las comunidades nativas.
• El interés del Estado, y sobre todo del gobierno de Santiago Peña, es brindarles una mejor calidad de vida, sobre todo la provisión de los servicios básicos.

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El presidente de la República, Santiago Peña, instruyó este viernes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) iniciar la titulación de los lotes de la colonia Andrés Barbero, departamento de San Pedro, durante su jornada de gobierno. Este proceso de titulación de tierras va a beneficiar a unas 2.500 familias de la comunidad conocida como “Barbero Cue”, que habitan desde hace unos 40 años, y que han estado arrastrando un largo litigio enmarañado entre lo judicial, lo político y social.

Es de recordar que en setiembre del año pasado, el presidente Peña había prometido que estas tierras se estarían titulando en menos de un año. Al respecto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, informó que están culminando los trámites para la titulación masiva y que en breve se empezará a entregar títulos en las familias que habitan esta comunidad, cumpliendo así la instrucción del presidente de la República Santiago Peña.

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El trabajo llevado adelante por el ente agrario beneficiará a alrededor de 2.500 familias que viven en el lugar desde hace varias décadas y esperan con ansias recibir sus títulos, por el impacto social y económico que tendrá en la población.

Don Milcíades Chilavert, antiguo dirigente social de la colonia explicó que la falta de titulación fue siempre un gran obstáculo para acceder a los servicios públicos, además de salud, educación y otros beneficios que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida en la colonia.

Otro de los beneficios que acarreará la titulación y podrá incrementar el potencial productivo en la colonia es el acceso al crédito, porque teniendo un título se puede acceder a créditos productivos en condiciones más ventajosas.

Hace unos 40 años atrás, Don Andrés Barbero donó al gobierno italiano el inmueble, este inmueble que hoy forma una colonia lleva su nombre, a fin de que las mismas sean destinadas a familias humildes, que lo trabajen y produzcan, desarrollando una comunidad armónica y fructífera.

En junio de 2012, Paraguay firmó un acuerdo con Italia, a través del cual la República italiana transfiere a Paraguay, la finca N° 231, ubicada en la Villa San Pedro, distrito de San Pedro del Ycuamandyju, colonia Andrés Barbero. Por su parte, los pobladores de la colonia solicitan a las autoridades nacionales el cumplimiento de dicho acuerdo internacional, a fin de brindar tranquilidad a las familias que viven en el lugar desde hace varios años.

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La mejora en la econo­mía a finales del año anterior siguió impul­sando los ratios financieros logrando que a diciembre crezcan a niveles récord. Según los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la productividad banca­ria volvió a recuperarse y alcanzó cifras no registradas antes en medio de la buena coyuntura y el aumento en la dinámica.

Durante prácticamente todo el ejercicio 2023, el sis­tema bancario experimentó un aumento constante en su volumen negociado, que engloba tanto créditos como depósitos, dado el creci­miento registrado en ambos, impulsado por las mejores condiciones económicas a lo largo del año.

Los datos de la matriz ban­caria reflejan en cuanto al empleo que los bancos en los últimos meses del año ante­rior lograron aumentar su fuerza laboral. Así, a diciem­bre de 2023 se verificaron 10.924 empleados en el sec­tor, una cifra similar a la pre­via a la pandemia, mostrando signos de recuperación.

En comparación con el mismo mes del 2022, se registraron 146 funcionarios más en el sis­tema, mientras que en agosto se había ubicado por encima de los 9.000. Desde la consul­tora Mentu señalaron que las fusiones de entidades y los cambios de estructuras de financieras a bancos podrían incidir en la composición de la plantilla de funcionarios en 2024.

Por otro lado, la mejor gestión de gastos contribuyó a que la productividad por empleado, que divide el volumen nego­ciado entre la cantidad de funcionarios, tuvo un incre­mento de 10,5 % interanual, alcanzando un total de G. 28.000 millones, equivalen­tes a USD 3,9 millones, al tipo de cambio de referencia.

Los analistas también men­cionan que tanto el ritmo de crecimiento como el nivel en términos absolutos se encuentran entre los más altos registrados hasta la fecha, y podrían continuar elevados a lo largo de este año, en el que se prevé mayor movimiento económico y dinamismo en el sistema financiero.