El proyecto “¡Vamos a la escuela!” ya logró, desde 2023, la identificación y matriculación de más de 2.800 niños que aún no se han inscripto en las escuelas, y este año se desarrolla en los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, Concepción y San Pedro, con la colaboración de más de 600 voluntarios.
En 2024, son 175 instituciones educativas que brindarán apoyo directo a niños y familias identificados a través del proyecto, más allá de la campaña de matriculación, durante todo el año, en las localidades seleccionadas por esta campaña liderada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con la cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Fundación Education Above All (EAA) de Catar.
La iniciativa, que a nivel local cuenta con el apoyo de Global Infancia y Fundación Alda, se intensifica en los próximos 60 días haciendo un llamado a la acción a familias, autoridades departamentales, distritales, referentes comunitarios, miembros del sistema educativo nacional, actores del sistema de protección y a la sociedad a apoyar la búsqueda e identificación de los niños y niñas que no están matriculados en el sistema educativo.
Para llegar a ellos se implementan jornadas de búsqueda activa y movilización comunitaria, información y sensibilización mediante visitas casa por casa, difusión de mensajes en radios y redes sociales, así como con la derivación a servicios y programas de apoyo a familias vulnerables, coincidiendo con el inicio del año escolar.
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Llamado a la acción
¡Vamos a la escuela! se dirige en primer lugar a los padres y madres de familia, para que reconozcan la importancia de la educación como una herramienta de cambio en la vida de sus hijos e hijas, y que, dirigiéndose a la institución educativa más cercana, matriculen y apoyen la asistencia de sus hijos o hijas a la escuela.
También invita a la comunidad educativa a que intensifique los esfuerzos para identificar a niños y niñas que están fuera de la escuela en sus comunidades, y trabaje en forma coordinada con el sistema nacional de promoción y protección de los derechos de la infancia para ayudar a superar barreras que pueden reforzar la exclusión educativa hoy existente.
Por último, hace un llamado a las autoridades locales de intendencias y gobernaciones a que intensifiquen el apoyo a las familias y el trabajo coordinado con las escuelas para lograr identificar y matricular a niños y niñas en esta situación.
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