Este lunes, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que 14 pacientes siguen internados tras ser afectados por la explosión y fuga de amoníaco en la fábrica de embutidos de la ciudad de San Lorenzo. La buena noticia es que uno de los trabajadores ya fue extubado y permanece en observación.
A casi una semana del accidente laboral, desde la previsional confirmaron que tienen a nueve pacientes internados en el Hospital IPS Ingavi, de los cuales 8 siguen en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). “Son ocho pacientes intubados y un paciente extubado que está en observación”, reportaron en un nuevo informe.
En tanto que, en el Hospital Central de la previsional confirmaron que siguen internados cinco pacientes, todos permanecen intubados en las terapias. “Seguimos trabajando para salvar la vida de nuestros asegurados. Rogamos a los familiares que sigan orando por sus seres queridos”, puntualizaron.
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Hasta el momento, se reportan dos fallecidos por la fuga del gas, uno de ellos es Nelson Vera, quien se desempeñaba como chofer y que tenía el 80 % del cuerpo con quemaduras tras el incidente y Gustavo Notario Armoa, de 24 años, que se desempeñaba como operador en el área donde ocurrió el siniestro.
El pasado 7 de febrero en la fábrica de embutidos, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, se produjo la explosión un tubo que contenía amoníaco y cuya fuga afectó a 37 personas que tuvieron contacto con el químico, de las cuales tres eran bomberos voluntarios. De momento, 14 trabajadores siguen internados.
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Modificaciones en el IPS responden a multimillonarias deudas, sostienen
Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de las modificaciones del Consejo de Administración, para aplicar la ley sobre los haberes, evitar que los egresos superen los propios ingresos y frenar los subsidios a quienes aportaron por debajo.
“Nos vimos obligados a plantear estas medidas por las condiciones en las que encontramos la previsional en agosto del 2023. No es un secreto la crisis que existe en el IPS, en sus finanzas, en los fondos de maternidad, sin mencionar que hemos heredado deudas multimillonarias”, dijo.
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Recordó además la pesada herencia en el fondo de jubilaciones y pensiones, que quedó desequilibrado. Así, se resolvió revocar resoluciones del 2020 y 2021, de las cuales con una dudosa legalidad se había elevado el piso del haber mínimo jubilatorio, del 33 % al 75 % del salario mínimo.
“Al revocar las resoluciones, se vuelve al 33 %. Ninguno de nuestros jubilados tendrán reducciones en sus haberes, pero sí significa que desde el 7 de mayo liquidaremos las jubilaciones al menos en un 33 % del salario mínimo”, explicó en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media.
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Una crisis arrastrada
El reordenamiento responde al desequilibrio financiero desde el 2020, donde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones empezó a quedar en crisis porque los ingresos a través de los aportes y las rentas generadas no alcanzan para cubrir los egresos, por lo que se utilizan las rentas de las reservas.
“En el 2023, el déficit del Fondo de Jubilaciones fue mayor a G. 370 mil millones, lo cual se cubre usando las rentas de las reservas, lo que se traduce en el 28 % de las mismas. De continuar en el mismo camino y velocidad, en unos años las rentas ya no alcanzarán y deberemos usar las reservas”, indicó.
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Sanciones
Cubas remarcó que las modificaciones planteadas son únicamente para aquellas personas que tienen un haber mínimo muy por debajo del 33 % del salario mínimo. Por otra parte, tras las resoluciones ilegales, se procedió a un examen especial por parte de la Contraloría.
“Nos ha requerido toda la información y documentos, hemos enviado todo. Como resultado de ese análisis, el camino a seguir es la denuncia ante las instancias pertinentes”, refirió, destacando los procesos de transparencia que están siendo priorizados desde la previsional.
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Policía administrativo para IPS
Dos hechos trascendentes se dieron esta semana; por un lado, tras eficientes y duras negociaciones con representantes de Brasil, Paraguay logró un acuerdo en el precio de la tarifa de Itaipú, además de royalties, compensación de energía y hasta utilidades de capital; segundo, nos enteramos que el Consejo de Administración del IPS aprobó un anteproyecto de ley que modifica su carta orgánica.
En el primer caso hasta el sector industrial felicitó al Gobierno por el resultado obtenido. Esto significa que con el dinero que entrará se podrán realizar las tan necesarias y retrasadas infraestructuras que –según estiman– en tres años podrían posicionar al Paraguay en el camino de la industrialización, generando mejores fuentes de empleo para los ciudadanos y mayores ganancias para los empresarios. Pero la gente festeja lo que considera importante: que Ande no aumentará de precio y que los “cortes de luz” ya no serán frecuentes.
En el segundo caso, en el de IPS proponen sumar los últimos 120 meses del salario del trabajador para jubilarlo con ese porcentaje, no como era hasta ahora con el porcentaje de los últimos 36 meses.
Este cambio se debe a que supuestamente un trabajador que durante toda la vida ganó, por ejemplo, el salario mínimo, en los últimos tres años antes de jubilarse comienza a aportar como si fuera un gerente. Por lo tanto, se jubila como gerente, pero solo aportó el monto mínimo y se genera un déficit.
Buscar soluciones justas para los trabajadores debería ser un deber para el IPS; sin embargo, todas las soluciones van en contra de los demás honestos aportantes que durante años se sacrificaron.
Tomando el salario mínimo de los últimos diez años podríamos hacer un cálculo para darnos cuenta de que siempre el empleado es el que pierde. Primera pregunta: si Juan, que gana sueldo mínimo, se jubilara hoy, ¿por qué debe cobrar menos de lo que gana en este momento si ese es el nivel de vida que lleva? Segunda pregunta: ¿cuánto cobraría haciendo el porcentaje de los últimos diez años?
Teniendo en cuenta los salarios mínimos de los últimos diez años 1.824.055 (2014), 1.824 055 (2015), 1.964.507 (2016), 2.041.123 (2017), 2.112.562 (2018), 2.192.839 (2019), 2.192.839 (2020), 2.289.324 (2021), 2.550.307 (2022) y 2.680.373 (2023). El total es 21.671.984, que dividido entre 10 sería 2.167.198. Es decir, de estar ganando 2.680.373 pasará a cobrar 2.167.198, o sea 513.175 guaraníes menos de lo que gana hoy. ¿Por qué?.
Si el cálculo se hiciera sobre los tres últimos años, veríamos que la suma alcanza 7.520.004, y dividiendo entre tres años, el mismo jubilado tendría que cobrar 2.506.668. Es decir, cobraría 339.470 más que haciendo el cálculo de los diez años.
El problema no son los trabajadores ni los empresarios, el error viene del mismo IPS, que no actúa como policía administrativo. Los controles que realiza son completamente ineficientes y por esa falta deben pagar los que no pueden defenderse, o sea, los empleados a quienes por ley se les obliga a aportar, pero a la hora de jubilarse les cambian las reglas para pagarles menos y que vivan como mendigos.
Conozco casos en los que las empresas descontaban el aporte a sus colaboradores, pero que no llegaban al IPS. Y si el empleado cuestionaba, era despedido. ¿Qué hace el IPS para proteger a estos ciudadanos? Miles de empleados quedaron sin posibilidad de jubilarse por esta razón y deberán trabajar hasta morir sin opción de la jubilación. Y siguen aportando, pero llegarán al final –si llegan– cuando sea tarde y no podrán disfrutar de su derecho.
El Consejo de IPS debe cambiar de mentalidad, ejercer el control como deben y defender los intereses de los aportantes.
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Reportan más de 5.000 asistencias médicas a familias afectadas por inundaciones
Unas 5.000 consultas fueron atendidas en el marco de la ayuda ofrecida por el gobierno a las familias afectadas por las inundaciones, principalmente, en los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa.
El doctor Hugo Valdez titular de la Dirección de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (Asaned), dependiente del Ministerio de Salud Pública dio un informe pormenorizado acerca de la cobertura brindada en los diferentes refugios y puestos de atención.
“Trabajamos coordinadamente con las regiones sanitarias, con las direcciones de los servicios distritales y las unidades de salud familiar que hay que reconocer que son los brazos largos que están en contacto permanente con la gente afectada”, señaló al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
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Destacó que se está desplegando un “gran trabajo” de asistencia ante los eventos adversos registrados en diferentes puntos del país. “Hay más de 5.000 familias afectadas y los más golpeados son los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, además de Central, donde Limpio la vez pasada también estuvo afectado. Pero hay que resaltar que lo hacemos con nuestros brazos largos”, manifestó.
El médico explicó que Asaned recibe todos los reportes procedentes de las regiones sanitarias, a través de los responsables departamentales. “Tratamos de planificar como corresponde cómo se puede ir respondiendo. Pero la asistencia en salud lo hacemos a través de las unidades de salud familiar, los hospitales distritales y los hospitales regionales”, puntualizó.
Valdez citó el caso de Misiones donde hay brigadas que salen con el móvil de salud que actualmente están brindando asistencia en la zona de Florida. “Las atenciones también lo hacen las unidades de salud familiar donde requieren, están haciendo extramurales para llegar a las familias aisladas. Entonces, podemos decir que Salud dentro de las limitaciones que pueda está llegando a los compatriotas afectados de la zona”, remarcó.
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IPS plantea aumentar cálculo jubilatorio de 36 a 120 meses
La gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanesa Cubas, se refirió al proyecto de modificación de la carta orgánica de la previsional e indicó que se vieron “obligados” a plantear una modificación que afecta a los fondos jubilatorios, por la situación en que recibieron la institución de la administración anterior sobre los fondos de enfermedad y maternidad, y pensiones y jubilaciones.
“Son modificaciones, son propuestas de ley, que nos vemos obligados a proponerle al Poder Ejecutivo y al Congreso por la situación en la que hemos encontrado la institución. Esta no es una ocurrencia, esto es algo que heredamos de las administraciones anteriores, encontramos en una situación crítica esos dos fondos”, expresó Cubas, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El Consejo de Administración del IPS aprobó un proyecto de ley el pasado 25 de abril, que será presentado al Congreso Nacional para estudio correspondiente. La propuesta plantea varias modificaciones, entre ellas, la base reguladora de jubilación. “Implica pasar de calcular hoy la jubilación, considerando solamente los últimos 36 meses de aporte, a pasar a considerar 120 meses de aporte, estamos hablando de considerar 3 años a considerar 10 años”, explicó la gerente.
Indicó que esta propuesta fue recomendada por los últimos informes actuariales de manera reiterativa. “Estadísticamente, tenemos demostrado que la masa, el promedio de aporte de los 900 mil activos que tenemos hoy es un poco más del salario mínimo; sin embargo, el promedio de haber jubilatorio que pagamos a los 79 mil jubilados hoy está por arriba de dos salarios mínimos”, aseveró Cubas.
Explicó que se encontró datos factibles en los que se puede observar que en muchos casos se da un aumento salarial en los últimos 3 años, con el propósito de aumentar la jubilación, una elevación “artificial”, como lo denominó Cubas.