Dos personas fueron detenidas en el marco de las investigaciones que busca desarticular la rosca dedicada a la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS). En esta oportunidad cayeron los supuestos responsables de fraguar la legalización de los documentos de las víctimas.

Se realizaron en total ocho allanamientos de recintos privados, entre ellas una escribanía y estudio jurídico, y una organización no gubernamental (sin nombre) y, como resultado de dichos procedimientos, fueron apresados: Reina Torres, viuda de Duarte, de 45 años, y Rodolfo Ramón Daniel Velázquez Caje, de 25 años.

“Primeramente fuimos hasta el Hospital Central de IPS, no ubicamos a nuestro objetivo, de ahí nos dirigimos hasta la ciudad de Mariano Roque Alonso, llegamos a un estudio jurídico, ingresamos en el lugar y, efectivamente, encontramos a la señora Reina Torres viuda de Duarte, quien es abogada”, señaló el comisario César Diarte, jefe de Investigaciones, a la 1080 AM.

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La mujer es funcionaria del ente previsional y tenía una orden de detención dictada por la fiscal Sandra Torres por el hecho de estafa contra el IPS. El segundo procedimiento fiscal-policial se concretó en el barrio Santa Ana de Asunción con el allanamiento de varias viviendas. Ahí, Velázquez se opuso a la intervención, por lo que la agente del Ministerio Público dispuso su apresamiento y traslado hasta la base central del Departamento de Investigaciones.

Según la investigación, Reina era la encargada de maniobrar la aparente legalización de documentos de las víctimas. “Supuestamente ella era la encargada de legalizar los documentos que los gestores venían acercando hasta la ONG donde están varias personas ligadas a ese esquema. Ella legalizaba a aquellas personas que tenían la intención de conseguir un puesto laboral en el IPS”, detalló el comisario Diarte. Durante los allanamientos se incautaron evidencias tales como agendas, aparatos celulares, cajas que contenían varios documentos y que tenían el logotipo de IPS.

“Ellos tenían sus potenciales víctimas y hacían un acuerdo. Primeramente hacían las entrevistas, ya pactaban una entrega mínima de cinco millones de guaraníes para posteriormente una vez aceptada la persona, entonces Reina se encargaba de legalizar los documentos para darle un visto bueno y entrar esa documentación hasta el IPS”, explicó el funcionario policial. En total se emitieron once órdenes de captura en el marco de la causa.

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