Ciudad del Este. Agencia Regional

En el marco del combate a las pérdidas eléctricas en todo el país, la Administración Nacional de Electricidad (Ande), realizó otra intervención en Alto Paraná donde se constató que tenía una pérdida aproximada de G. 700 millones de por mes. Se trata de un inmueble, ubicado en el km 37, de la Ruta PY02, de Yguazú, donde funcionaba una criptominería. Los interventores encontraron dos transformadores de gran potencia y un registro a nombre de un ciudadano de origen japonés.

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal Julio César Paredes, de Ciudad del Este y encontraron dos transformadores de gran potencia en el sitio y conexiones subterráneas irregulares. El local tenía un registro NIS de la Ande a nombre de Takayuki Obama. Los dos transformadores fueron decomisados y trasladados a la Fiscalía de Ciudad del Este, donde se inició una investigación sobre el uso ilegal de energía, según informó la Ande.

En el establecimiento de criptomonedas, del distrito Yguazu, detectaron el uso ilegal de energía, mediante una conexión directa en media tensión con medidor, a través de una red subterránea que abastecía una carga importante con dos transformadores de 4.650 kVA de potencia total, ocasionando un daño patrimonial millonario a la Ande.

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Los técnicos de la Ande constataron que las mediciones instantáneas en media tensión no coincidían con lo registrado por el medidor, por lo que una vez ingresado al inmueble encontraron una derivación subterránea de aproximadamente 300 metros. También hallaron dos conductores subterráneos de 3x50 mm2, de 300 metros, con un puesto de distribución o transformador de 4.650 kVA, identificado con el NIS N° 1899636 a nombre de Takayuki Obama,

Con esta intervención, la Ande evita una pérdida mensual de G. 700 millones ( G. 703.000.000.-), en concepto de energía eléctrica no facturada, el cual sumado a los gastos de intervención y aplicación de multa, según Ley 966/64, deberán ser abonados por el responsable del suministro intervenido, de acuerdo a lo informado por la Ande.

A raíz de la sospecha inicial, el abogado Diego Fernández, de la División de Gestión de Pérdidas eléctricas de la Ande, presentó denuncia ante el Ministerio Público y se inició la causa N° 739/2024, sobre el supuesto hecho punible de sustracción de energía eléctrica. Con el allanamiento, la Ande comprobó el robo de la energía.

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