Personal de la Prefectura Naval halló el cuerpo sin vida de una persona en aguas del río Monday. El cadáver fue identificado como el conductor de plataformas de viajes que estaba denunciado como desaparecido en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, hace varios días.

Según el reporte de la Policía Nacional, el cuerpo de esta persona fue encontrado durante la tarde de ayer viernes, por personal de la Prefectura Naval que estaba realizando patrullaje por la zona y divisaron el cuerpo. Este fue sacado hasta la orilla dando aviso a efectivos de la comisaría local y el Ministerio Público.

Horas más tardes se logró identificar al cuerpo como el de Fabio Ramón Vargas Villa Alta, de 40 años, conductor de plataformas cuyos familiares denunciaron que estaba desaparecido desde el 27 de octubre pasado. Este habría salido de su casa en un automóvil para llevar a un pasajero, pero ya no volvió.

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Hace unos días desde la empresa indicaron que en ningún momento se utilizó su servicio para realizar un viaje el día de la desaparición. Hoy los investigadores confirmaron que el cuerpo fue hallado con las manos atadas con un pedazo de tela y las hipótesis apuntan a que habría sido asesinado.

Hasta el lugar de los hechos llegó la fiscal Thais García junto a la médico forense Raquel Cáceres, para el procedimiento. Por el momento siguen las investigaciones para dar con los presuntos responsables del asesinato o saber en qué circunstancias ocurrió el hecho.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

Este martes, personal de la Fuerza Armada, área Naval del departamento de Itapúa, logró rescatar el cuerpo sin vida de un hombre que cayó a las aguas del río Tebicuary. Esta persona habría caído al cauce en circunstancias desconocidas y desde ese momento iniciaron la búsqueda del mismo.

Según el reporte policial, el cuerpo ya sin vida fue hallado durante la tarde de hoy martes, en zona de Sandia Piré del distrito de José Leandro Oviedo, por personal de Fuerza Armada que desde ayer iniciaron la búsqueda. Se contó con el apoyo de la Policía Nacional, bomberos k 111 y pescadores de la zona.

El hombre fue identificado como Teodoro Cuye, de 54 años, oriundo de San Pedro de Paraná, quien habría caído, en circunstancias aún desconocidas, al río Tebicuary. La desaparición se reportó cerca del mediodía del lunes, 4 de noviembre y fue encontrado 24 horas después.

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“Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica recibida en esa comisaría y de inmediato acudimos al lugar, donde fuimos recibidos por el teniente Cristhian Pedersen, quien manifestó que tras una intensa búsqueda pudieron encontrar el cuerpo sin vida en las profundidades del río”, expresaron los intervinientes.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue retirado hasta la orilla, donde quedó a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público que, con ayuda de los bomberos voluntarios, lograron sacar el cuerpo del agua. El cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial y ordenarán que sea entregado a sus familiares.

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