La construcción irregular de viviendas sobre la vía férrea moviliza a los vecinos del barrio Jara, quienes piden la intervención de las autoridades de modo a evitar que nuevamente sea ocupado el sitio. El año pasado había sido despejado tras la reubicación de los afectados por las inundaciones que se habían trasladado allí con precarias instalaciones.
Específicamente el problema radica sobre la calle Venezuela y vía férrea, donde rápidamente se están edificando casas, luego de que los anteriores vecinos hayan conseguido ubicarse en el proyecto San Blas, construido en Mariano Roque Alonso, con financiamiento del gobierno taiwanés.
Un equipo periodístico del canal GEN-Nación Media visitó la zona para mostrar que efectivamente la denuncia es verídica. Anteriormente, las casas eran de madera, pero ahora ya están hechas de material de primera calidad.
Una vez que se promulgue la ley de implementación del tren de cercanías, estas personas se verán afectadas y entrarían como beneficiarias del proyecto de desafectación.
Los vecinos también alegaron que por seguridad no quieren que ingresen extraños con intenciones de ocupar la propiedad. Una parte del espacio se usa como vertedero según se pudo divisar en imágenes. Y precisamente este hecho también es motivo de preocupación de la gente, porque genera la proliferación de todo tipo de alimañas y las consecuencias que implican para la salud.
No obstante, los vecinos manifestaron su conformidad con la habilitación de otra alternativa de transporte como es el tren, que contribuirá además a dar dinamismo a este barrio de Asunción.
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Seprelad: Fiscalía acusa, pese a mar de chicanas y abogados de mala fe
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.
Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.
El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.
Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.
“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.
Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.
Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.
Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.
Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.
El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.
La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
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Mujer teme por su vida tras conflicto vecinal en un territorio social de San Lorenzo
Imágenes de cámaras captaron un episodio violento en una vivienda ubicada en la Villa 24 del barrio Laurelty de la ciudad de San Lorenzo. La dueña de la casa violentada indicó que ya realizó la denuncia, pero que la policía le dice que no puede hacer nada porque se trata de un territorio social. La denunciante teme por su vida y la de su familia.
El episodio, de suma violencia, se vivió hace ocho días, cuando hombres y mujeres no sólo derribaron un portón para ingresar a la fuerza a una casa, que cuenta con varias piezas. La propiedad que está ubicada en un territorio social fue heredada de su tío. Además de echar el portón, tiraron la muralla con un mazo, ya que la idea de los vecinos es ocupar ese espacio, ahora que el propietario falleció y le dejó a las sobrina.
La propietaria aseguró que vive con temor, debido a la amenaza que recibió y comentó además que ahora hay gente que está viviendo en su casa, ocupando la casa. “Hay criaturas durmiendo en la casa, ingresan de noche y entran allí. Tienen a los niños como escudo”, indicó.
En las imágenes del circuito cerrado se ve cómo la turba tumba el portón y e ingresa a la propiedad, causando destrozos en ella. En esa ocasión, tomaron piedras y cascotes para amedrentar a la dueña.
“Estoy viviendo con gente que no sé de qué estilo son. Ellos introducen a varones, todo el mundo entra a mi casa. Estoy sin protección. Me echaron las murallas. Todas las noches estoy pasando esta situación que no me deja vivir, me están matando de a poco”, relató.
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Mujer denuncia que es filmada por vecinos y luego viralizan en redes
Este viernes, se hizo viral un video en el que una joven denuncia que desde hace años es filmada por sus vecinos y que estos comparten los videos en redes sociales, sin ninguna autorización e incluso suben imágenes de su hija de 2 años. La mujer reportó que ya realizó la denuncia, pero que la Policía solo fue a tomar los datos de los presuntos autores.
Samira Ramírez, oriunda de la ciudad de Villa Elisa, reportó que desde hace años está siendo acosada por dos vecinos quienes la graban a escondidas cada vez que ella sale al patio de su casa y que luego suben estos videos en varias cuentas de redes sociales. Denunció que incluso filmaron a su hermana adolescente y su hija de apenas un año.
“Son años que venimos aguantando a estos tipos que nos graban todos los días. Salimos a lavar los cubiertos, para ir a la despensa o solamente a nuestro patio y somos filmadas. No podemos usar la ropa que deseamos ni cuando hace calor, es horrible. Mi hermana es menor de edad, hay videos de mi hija de dos años cuando tenía meses e incluso cuando le dio de amamantar. Tengo impotencia y rabia”, lamentó en el video que compartió en redes.
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Indicó que se tratan de dos hombres, que graban desde un celular desde su casa que está pegada a la vivienda de las mujeres, que tienen miedo y quienes son expuestas en las redes sociales. “Ellos hicieron un agujero en la pared de su casa y nos graban a través de este. No es solo que graba sino la parte de nuestros cuerpos que toman en cada video, es algo horrible”, apuntó.
Afirmó que ya recurrió a la Policía Nacional y que lamentablemente nada hicieron, por lo que necesitan la intervención de otras autoridades. “Yo pensaba que una denuncia iba a hacer que estos tipos paren, pero no”, aseguró. Confirmó que se tratan de dos señores que tienen bajo su cuidado a su padre de avanzada edad.
Agregó que todos los días se escuchan como estas personas ven videos pornográficos a todo volumen y que los vecinos son testigos de eso, porque ya realizaron varias quejas. La mujer clama por una intervención del Ministerio Público, ya que no saben en qué otro tipo de plataformas se sube estos materiales y que involucra incluso a menores. “A los vecinos pedimos que cuiden a sus hijos, hermanas, tías a sus madres, estos tipos son capaces de cualquier cosa”, puntualizó.
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Mafia de los pagarés: Fiscalía pidió a empresas de cobranzas lista de expedientes
Los fiscales que investigan el caso conocido como la mafia de los pagarés solicitaron bajo apercibimiento de secuestro, allanamiento e inicio de unas investigaciones por frustración de la ejecución penal a cinco empresas de cobranzas. Solicitaron la remisión de planillas electrónicas (Excel) en formato digital con el listado de expedientes que obran en poder de las empresas de gestión de cobranzas. También el nombre de los apoderados, abogados representantes en las demandas, tramitados o finiquitados, ante los juzgados de Paz de la Capital.
La misma petición será presentada en los próximos días a otras cuatro empresas.
De acuerdo a la solicitud del Ministerio Público, el inventario solicitado deberá estar discriminado por hoja en la planilla, por Juzgado de Paz y secretaría, con todos los datos necesarios para la individualización de los expedientes respectivos.
El presente pedido se realiza en atención a las constancias obrantes en los libros de retiro de profesionales correspondientes a los Juzgados de Paz de la capital, donde fueron dejadas las constancias respectivas.
Los fiscales a cargo de la investigación también piden a las empresas que informen el listado completo de abogados que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la empresa, así como apoderados o patrocinantes de demandas de preparación de juicios ejecutivos y juicios ejecutivos propiamente; con la mención del número telefónico y dirección del estudio jurídico respectivo, este último en el caso de que no hagan oficina en dependencias de la firma a su cargo.
El pedido se formula en atención a las facultades legales previstas en los artículos 193 y 195 del Código Procesal Penal, respecto al secuestro de objetos o documentos, y con apercibimiento de lo estatuido en el artículo 187 del Código Procesal Penal sobre el allanamiento de recintos privados, con la advertencia de lo dispuesto por el artículo 292 sobre la “Frustración de la persecución y ejecución penal” del código penal.
El pedido realizado por el Ministerio Público deberá ser remitido en el plazo de 5 días hábiles a la Unidad N° 4 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada en las calles 15 de agosto y Haedo, de Asunción.
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